El diario estadounidense The Washington Post (WP), publicó este viernes un artículo en que indica que México, en su primer año de haber implementado el nuevo sistema penal acusatorio, “hasta ahora, los resultados han sido caóticos”.
Indicó que las disputas y la confusión reinan en cada enlace de la cadena legal mexicana. “La policía se queja de horas perdidas en formas laboriosas; los fiscales culpan a los jueces por liberar a los delincuentes; los jueces acusan a la policía mal formada de cometer errores en las escenas del crimen. Los poderosos cárteles de la droga, mientras tanto, están explotando las debilidades en el nuevo sistema y las autoridades siguen recibiendo amenazas de muerte y sobornos”.
El diario relata que el caos por el que atraviesa el país, se vive paradójicamente en el año más mortal en la historia moderna de México. “Los políticos achacan cada vez más los cambios judiciales para vaciar las cárceles y avivar el crimen. Incluso aquellos que abrazan el nuevo sistema legal se preocupan por sus fiascos de primer año.
“La reforma está yendo mal”, dijo José Ramón Cossío, ministro de la Corte Suprema de México, en una entrevista. “Hay muchos pequeños problemas que, en conjunto, están causando lo que creo que es una crisis importante”.
El WP señala que el nuevo sistema “busca convertir a la policía, notoriamente ineficaz, en investigadores profesionales. Fortalece la independencia de los jueces. Proporciona más derechos a los acusados en un país donde se sabe que las autoridades exigen sobornos, obtienen confesiones bajo tortura y evidencia médica”.
Asegura que el gobierno de los Estados Unidos está profundamente involucrado en el proyecto, pues desde el 2008, han aportando más de $300 millones de dólares para equipar juzgados y entrenar a la policía y al personal legal, incluso para dotar a los juzgados de zonas rurales con cámaras de vigilancia y sensores de huellas digitales; sin embargo considera que “los nuevos y exigentes procedimientos han sido injertados en instituciones débiles y plagadas de corrupción creadas hace décadas por un estado autoritario”.
Los jueces exigen el tipo de precisión legal que se encuentra en Washington o Londres, de parte de la policía, que a veces apenas puede leer y vivir en lugares que pueden sentirse como zonas de guerra. El impulso para reformar el sistema legal de México comenzó hace una década cuando la violencia se extendió por todo el país. El ex presidente mexicano Felipe Calderón había declarado la guerra a los cárteles de la droga en 2006, y el número de muertos comenzó a aumentar. La vieja estructura legal no podía hacer frente al derramamiento de sangre. Se basó en el sistema inquisitorial, también utilizado en otras partes de América Latina, pero fue modelado por el sistema autoritario del partido único que definió a México durante la mayor parte del siglo XX. La policía a menudo era vista como un instrumento de control, no de investigación. Mientras tanto, se esperaba que los funcionarios judiciales fueran leales al PRI. Los jueces raramente estuvieron en desacuerdo con los casos escritos reunidos por los fiscales.
El reportaje del WP hace hincapié en que la fecha límite para adoptar el sistema penal fue junio de 2016, y muchos estados esperaron solo unos meses antes del plazo para comenzar la transición. “Los gobiernos federal y estatal gastaron una fracción de lo que se requería, según Héctor Díaz Santana, ahora titular de la FEPADE.
“Tenemos policías mal entrenados y poco profesionales, fiscales mal pagados acostumbrados a las viejas costumbres, jueces que se sentían muy cómodos antes porque nunca los vieron”, dijo. “Crearon un sistema muy exigente cuando prácticamente no tenemos las herramientas”.
El caos en el nuevo sistema judicial y el aumento de las tasas de delincuencia en México han llevado a los políticos a solicitar revisiones importantes en los protocolos; algunos hasta anhelan abiertamente los viejos procedimientos.
Texto completo en The Washington Post