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Luego de diversas manifestaciones y enfrentamientos registrados en los últimos días en Hong Kong, la jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam afirmó que la violencia llevará a la ciudad «por un camino sin retorno».

«La violencia, ya sea su uso o su justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad de Hong Kong en una situación muy preocupante y peligrosa», aseguró en una conferencia de prensa.

Por su parte las autoridades de Hong Kong anunciaron hoy pasadas las 17:00 hora local que todos los vuelos que quedaban por partir de su aeropuerto internacional quedaban suspendidos de nueva cuenta, debido a que manifestantes tomaran una de las terminales.

«Todos los servicios de facturación para vuelos de salida han quedado suspendidos a partir de las 16.30», indica un comunicado de las autoridades aéreas de la ciudad autónoma. Y es que ayer por la tarde, las autoridades cancelaron los vuelos por la misma razón, dejando en tierra más de 300 aviones.

Respecto a las manifestaciones, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la represión que se ha vivido y reclamó una «investigación imparcial» en la excolonia británica.

Bachelet «condena cualquier forma de violencia y exige a las autoridades hongkonesas abrir una investigación rápida, independiente e imparcial» sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad, indicó su portavoz Rupert Colville durante una rueda de prensa en Ginebra.

La expresidenta de Chile recordó que el derecho a la libertad de expresión y a la concentración pacífica, así como el derecho a participar en los asuntos públicos, están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Ley Fundamental que rige Hong Kong.

Pero señala que su oficina cuenta con «pruebas creíbles que muestran que agentes de las fuerzas del orden hicieron uso de sus armas de una manera prohibida por las normas internacionales».

Foto: Twitter

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, informó que del 4 al 20 de junio, la Cámara de Diputados realizará foros regionales para analizar y discutir el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Señaló que la intención es que con la participación de representantes del Gobierno federal, sindicatos, sociedad civil, empresarios, académicos, gobernadores, legisladores locales y federales, así como delegados federales en los estados y presidentes municipales, se discuta el documento presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Detalló que el primer foro se llevará a cabo el lunes 4 de junio en la ciudad de Jalapa, Veracruz; el segundo será el 13 en Monterrey, Nuevo León; el tercero será el 18 en Juchitán, Oaxaca, y cerrarán el 20 en Toluca, Estado de México.
“Nuevamente la Cámara de Diputados se abre a la sociedad para escuchar las principales necesidades que hay en las distintas regiones del país y así contribuir a un mejor desarrollo nacional, como lo está planteando el Presidente en este Plan Nacional”, agregó el diputado de Morena.
El también coordinador de la bancada de Morena explicó que los foros regionales se desarrollarán en los espacios y horarios que acuerde la Junta de Coordinación Política, la cual invitará a diversos sectores de la sociedad, de manera enunciativa: representantes del sector empresarial, académicos, sociedad civil, sindicatos y sector público.
Recordó importancia de este tipo de actividades, ya que enfatizó, por primera vez en la historia política del país un Plan Nacional de Desarrollo (PND) se somete al análisis de la sociedad, en un formato novedoso de Parlamento Abierto convocado por la propia Cámara de Diputados.
Finalizó indicando que se espera una gran participación social para enriquecer el análisis previo a la aprobación, en su caso, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el próximo 27 de junio en un periodo extraordinario, que ya fue aprobado por la Comisión Permanente la semana pasada.

Liébano Sáenz

MILENIO

 

 

La reconciliación es un proceso, un resultado virtuoso pocas veces logrado y, a su vez, el camino más firme para la subsistencia de la democracia. Una vez pasadas las elecciones, lo que une a una sociedad democráticamente madura no son las diferencias sino los objetivos o estrategias comunes para hacer frente a los retos del país. La situación de México, por el entorno internacional que nos toca vivir, no había sido lo complicada que es ahora y justo por tales desafíos se requiere dar un curso más explícito y decidido hacia la reconciliación, que lejos de lo que pudiera pensarse no es muestra de debilidad sino ánimo para construir una fortaleza de conjunto, tan necesaria para una nación como la nuestra.

Conciliar y reconciliar son verbos que para los demócratas se vuelven profesión de fe. Sin ellos, no hay vía posible para el acuerdo y sí en cambio para la imposición, que deviene siempre en amenaza autoritaria. Un buen principio para reconciliar es aceptar que en nuestro sistema político los inaceptables no son los adversarios, los críticos o los inconformes con el rumbo de las cosas; los indeseables son esencialmente los criminales, los que han saqueado recursos públicos o han ensangrentado al país, y para ellos debe haber un único consenso: el de aplicarles todo el peso de la ley. La legalidad debe hacerse valer siempre, ninguna forma de excepción es válida, ni la del pasado, ni las del presente.

Frente a la necesidad de reconciliar y unir al país, hay diversas ópticas. Hay quienes apuestan a la inclusión social como contrapeso de la inclusión política. De hecho, son conceptos muy distintos; la primera se refiere a la incorporación de los sectores más marginados y puede ser igual para los servicios sociales y financieros, la política, etc. El uso que se le da a la inclusión política más bien se refiere a la participación de la oposición formal en el proceso decisorio de los temas que unen. Lo primero es obligado, lo segundo es una opción que opera virtuosamente a partir del asunto que esté de por medio.

En este sentido, las dos se necesitan, y el primer piso de la inclusión y la reconciliación debe ser de carácter social; el segundo, político. Para que lo primero ocurra es necesario revisar el paradigma existente en materia económica y de ejercicio del poder. Se puede decir que es difícil que haya una auténtica y duradera reconciliación si ésta no es acompañada por la inclusión. Sin embargo, la inclusión no solo se asocia a un mayor bienestar social, también la incorporación de las personas al proceso productivo y construcción de ciudadanía. El mejor camino al bienestar y la dignidad de las personas es el trabajo; la forma más efectiva de participación es la del ciudadano que cumple obligaciones y ejerce derechos, no la de la masa.

La reconciliación política no requiere inclusión, más que todo se funda en un compromiso de coexistencia entre empoderados y opositores. En este sentido el respeto al otro es fundamental, como lo es el cumplimiento de la ley. Es positivo que el presidente López Obrador reitere su respeto a disentir; no es tanto cuando califica negativamente a quien disiente, como lo ha hecho innecesariamente al construir en el imaginario público personajes o grupos que representan amenazas a su proyecto. Basta con decir que no está de acuerdo, y en todo caso, que las distintas posturas estuvieron expuestas a consideración democrática y que la mayoría se pronunció por la posición del Presidente.

La inclusión social y la reconciliación política son útiles, además de necesarias. El país es de todos y cada cual tiene su lugar y espacio. La reconciliación política es el proceso propio de la democracia. Quien más debe participar en lograrlo es el ganador. Además, no hay proyecto alguno que llegue al poder para la eternidad, tarde que temprano viene la renovación, incluso en entornos no democráticos, y quienes un día son convocados, al otro serán los convocantes.

Una de las desviaciones de la reconciliación política es cuando ésta se ve subvertida por la complicidad entre ganadores y perdedores a costa de los principios de ética pública y, en ocasiones, hasta de la legalidad. O cuando quien gana no lo hace en función de un proyecto trascendental, sino con el simple propósito de estar en el poder. También cuando el que pierde es propenso a la corrupción o no tiene sentido de su compromiso con el proyecto que enarbola. El pragmatismo puede envilecer el acuerdo y la función propia del pluralismo.

La sociedad y los partidos políticos, no solo el gobierno, deben hacer un esfuerzo mayor para dar espacio a la reconciliación. Los problemas y los anhelos de los mexicanos lo recomiendan y, de alguna forma, lo obligan. Creo que con frecuencia perdemos mucha energía y tiempo en discusiones estériles, cuyo resultado es profundizar el encono y los desencuentros. Tenemos que hacer a un lado la disputa política y encontrar entre todos aquello que nos une en vez de seguir explotando lo que nos divide.

@liebano

PABLO HIRIART

EL FINANCIERO

 

La sociedad observa, con total indiferencia, cómo se destruye la República y se instaura a pasos agigantados un régimen autoritario y antidemocrático.

Nos hemos vuelto un país donde los partidos políticos, la mayoría de los medios de comunicación, las cúpulas empresariales, las universidades y los poderes Legislativo y Judicial, se ponen de tapete para que avasalle sin contratiempos la voluntad de un solo hombre.

Hace unas semanas se dio conocer –en este y otro espacio– que el presidente de la Suprema Corte conminó a la titular del Tribunal Electoral a que renuncie al cargo, pues en Palacio Nacional disgustó que no anulara unas elecciones en que perdió el partido del presidente.

Para la Corte, el presidente mandó una terna en que va la esposa de su constructor favorito, José María Riobóo, su ex asesora, y la ex candidata a senadora de Morena en Querétaro.

Se nombró un fiscal carnal y éste designó fiscal electoral a un amigo y colaborador del presidente desde el inicio de este siglo.

¿Dónde están los colectivos de ONG y periodistas que abogaban en la calle y en las redes “por una fiscalía que sirva”?

Muchos están de tapetes.

El país está copado por “superdelegados” que concentran el poder de la federación en cada una de las entidades.

Son ex candidatos de Morena que van a ser gobernadores de esos estados porque controlarán el dinero de los programas sociales. Con esa maniobra, en pocos años el país se va a pintar de guinda.

Ya le llamamos con naturalidad “consultas” a esas pantomimas que sirvieron de excusa para echar abajo el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y construir un tren Maya, sin que votara ni el uno por ciento de los empadronados.

Las “consultas” las van a llevar a la Constitución. Esa figura ya existe en la Carta Magna, regulada y supervisada por el INE. Para abajo. Y adelante las consultas a la manera de Morena.

¿Dónde están los constitucionalistas, tan activos y protagónicos hasta hace apenas unos meses? Silencio.

Con las reformas constitucionales que se harán en materia de democracia, dice el presidente, vamos a terminar con los fraudes electorales.

¿Y el INE? Se queda callado. Más aún: le recortan el presupuesto al nivel más bajo de su historia, porque estorban.

El dinero volverá a fluir para el INE cuando Morena haya puesto a todos y cada uno de sus consejeros.

Los institutos autónomos fueron castigados presupuestalmente porque son una piedra en el zapato para el avasallamiento del presidente y su partido, sin Inegi poderoso que impida cuadrar estadísticas a modo.

Ya dijo el presidente lo que piensa de los organismos autónomos: “se hicieron para robar”.

Obviamente los va a desaparecer o a copar con sus incondicionales.

El presupuesto está volcado a la construcción de bases clientelares, y nadie dice nada.

Ni un peso a las estancias infantiles, que atienden a cientos de miles de niños, pues el dinero se les va a entregar a los padres. Quieren clientelas.

Y así con los precios de garantías, las becas a jóvenes y apoyos a millones de personas que serán su base electoral.

A las Fuerzas Armadas les dan múltiples tareas que no son las suyas y, por ahora, sin atribuciones ni para defenderse, y pierden el respeto de la población.

Cualquier barbaján encara, golpea o secuestra a miembros del Ejército sin el más mínimo respeto, porque sabe que no le va a pasar nada.

Al Ejército lo ponen donde hay dinero: inmobiliarias, aeropuertos y todos los negocios alrededor de una terminal aérea (hoteles, restaurantes, casa de cambio, etc.).

En paralelo a ello el gobierno construye una Guardia Nacional militarizada que va a responder a su creador: AMLO.

México se militariza en torno a un proyecto político.

Duele decirlo, pero así hizo Chávez en Venezuela y hoy el único apoyo de Nicolás Maduro reside en un ejército cooptado y una Guardia Nacional a su servicio.

La ley no se aplica a los aliados políticos del gobierno, como es la CNTE, que puede detener por semanas el tránsito de ferrocarriles y mercancías porque son del partido del presidente.

Ahora toman vías férreas y dañan con decenas de miles de millones de pesos a empresas y obras en construcción.

Dentro de poco podrán tomar industrias y fábricas de los fifís que no se plieguen a los planes de la cuarta transformación. Al cabo que nadie dice nada y el gobierno no les aplica la ley.

Los nuevos libros de Formación Cívica y Ética para estudiantes de secundaria (ya aprobados), fueron desechados por la SEP. Van a comprar libros de 2011 (desactualizados), mientras preparan los textos con los que van a adoctrinar a los jóvenes.

El 5 de febrero, en Querétaro, el presidente dijo en su discurso que se necesitaba una nueva Constitución, aunque por ahora no había condiciones.

Esas condiciones van a aparecer. Cuando avasallen en las elecciones intermedias con el control de los estados, la destrucción de los organismos autónomos y la operación de su base clientelar, tendrán mayoría absoluta en San Lázaro para convocar a una Asamblea Constituyente.

Mientras todo eso se encuentra en marcha, la sociedad y sus agrupaciones contemplan, sin inmutarse, la destrucción de la República.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, inauguró este martes las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, que explicó, tiene como propósito intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados para enriquecer la discusión en torno a la reforma constitucional en la materia.

Las audiencias se dan en el marco del periodo extraordinario de sesiones que el Congreso de la Unión desahogará el 16 y 17 de enero próximos.

El diputado puntualizó que existen tres grandes enfoques que se deben considerar si se quiere reformar el texto constitucional: los derechos humanos y su ampliación; lo institucional, o sea, la preocupación por la división de poderes y, finalmente, la dimensión territorial.

Muñoz Ledo expresó que “no podría describir la satisfacción y alegría que me da este tipo de reuniones, porque es el Congreso con el que hemos soñado, uno que se conciba a sí mismo como un parlamento abierto, por su transparencia, y por el nivel y profundidad de las consultas que realice”.

Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, expuso que el principal problema del país es la crisis de inseguridad que se vive. Señaló que la gente fue capaz de organizarse el pasado primero de julio y pedir la paz y la justicia, por lo que el reto que se tiene es “si las fuerzas políticas somos capaces de organizarnos y darle a México una institución con las facultades y capacidades suficientes para enfrentar la crisis de inseguridad”.

Mencionó que las audiencias permitirán analizar la propuesta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y, por ello, se han preparado cinco salones para recibir a más de 400 invitados y una carpa con 500 lugares para quienes deseen atestiguar estas reuniones.

Las audiencias se desarrollarán en 10 mesas de trabajo. Este martes: “Seguridad Ciudadana en los estados” y “Federalismo y Guardia Nacional”; el miércoles 9 de enero, “Estrategias Municipales para la Seguridad” y “Los Municipios ante la problemática de la inseguridad”. Para el jueves 10 de enero: “Derechos Humanos y Guardia Nacional”; presentación del documental “Hasta los dientes”, de producciones Ambulante, y mesa “Seguridad Humana y Guardia Nacional”.

El viernes 11, “Seguridad, Construcción de la Paz y Guardia Nacional” y “La Seguridad y la Guardia Nacional”. Para el sábado 12 de enero, la mesa “Seguridad Humana y Guardia Nacional”, y cierre de las Audiencias Públicas (conclusiones generales y declaratoria de cierre).

El dictamen con proyecto de decreto para crear la Guardia Nacional, modifica los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política.

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) negó esta tarde que el país esté enfrentando una problema de desabasto o escasez de combustibles, esto ante la queja en al menos siete estados donde se ha presentado problemas en la venta de gasolinas.

A través de un comunicado, Pemex insistió en que las terminales de almacenamiento y despacho cuentan con suficiente inventario para cubrir la demanda que se presente.

Adelantó que en breve se restablecerá el suministro de los combustibles, por lo que dijo «apelamos a la compresión de la sociedad por los cambios en la estrategia de la distribución de los hidrocarburos».

El mensaje de Pemex llega luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuviera que se cuenta con gasolina suficiente para la demanda en el país, y asegurara que «no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas».

La comunicación de la paraestatal también llega luego de que la agencia Bloomberg reportara que Petróleos Mexicanos suma una deuda de 104 mil 563 millones de dólares, cuando sus activos ascienden a los 107 mil 713 millones de dólares, que visto en proporción, Pemex debe el 97% de sus activos.

Ante dichas cifras, Pemex se convertiría en la petrolera más endeudada del mundo, superando la deuda de la brasileña Petrobras y de la estadounidense ExxonMobil. El adeudo de ExxonMobil frente a sus activos es del 11%; mientras que el déficit de Petrobras equivale al 41% de sus activos.

 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la mejor manera de preservar las democracias de América Latina es logrando el empoderamiento de la ciudadanía, para lo cual se requieren políticas de Estado de construcción ciudadana.

«Se requieren ciudadanas y ciudadanos que sean refractarios al discurso fácil de blanco y negro, al discurso polarizante de buenos y malos, a ese discurso contrario a las instituciones y a las reglas del juego pactadas, así como que sean refractarios a las noticias falsas”, señaló el consejero.

Córdova Vianello subrayó que los problemas de las sociedades democráticas como pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad e inseguridad, constituyen una especie de «caldo de cultivo» en el cual pueden emerger «pulsiones autoritarias”.

Indicó que ante dicho panorama, se deben construir políticas públicas que no sólo involucren a las instancias públicas, sino a las universidades y a las organizaciones de la sociedad civil. Dijo que se debe aspirar a tener una «ciudadanía más robusta”.

El consejero presidente del INE señaló que a pesar de que en los últimos 30 años se logran procesos electorales cada vez más robustos y se consolidan las instituciones electorales, prevalecen desafíos globales tales como recrear el pluralismo a través de parlamentos y partidos políticos fuertes o hacer válida la inclusión del mayor número de ciudadanos en los procesos de toma de las decisiones.

“La mejor manera de defender las democracias no es desde arriba, no es desde fuera, es desde adentro y desde abajo. Es que los propios ciudadanos, las y los ciudadanos, cada uno de ellos en lo individual y en su conjunto, se conviertan en creyentes y defensores del sistema democrático”, refirió Córdova Vianello.

 

A través de una carta pública, 559 personas y 128 organizaciones de la sociedad civil, manifestaron su apoyo al proceso de pacificación anunciado por el equipo de transición del virtual futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aprovecharon para hacer público su respaldo a la propuesta de despenalizar las drogas, pues argumentaron que el país no ha contado con una política de drogas orientada a la protección de sus ciudadanos desde 1940. Lamentaron que durante muchos años, la política de drogas se ha reducido a satisfacer la exigencia extranjera de mantener una prohibición absoluta que privilegia la represión y desatiende las necesidades de prevención y tratamiento de la población.

“Hace 12 años el prohibicionismo fue llevado a su extremo, cuando en una decisión errada el presidente Felipe Calderón decidió militarizar aún más los esfuerzos anti-narcóticos e iniciar una “guerra contra las drogas”. Pese a lo evidente de su fracaso y lo innegable de sus costos, la decisión no se sometió a revisión durante la siguiente administración y, en su lugar, el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió ignorar la crisis y perpetuarla, negándose a iniciar la reforma y optando por consolidar la militarización”, indica la carta.

Los firmantes indican que hoy se vive un momento histórico que debe aprovecharse, pues la elección del 1 de julio fue un contundente mandato a favor de la construcción de la paz y en contra de la guerra.

Reconocieron que en congruencia con ese mandato, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, han anunciado su compromiso con un proceso de pacificación que incluye la justicia transicional, la desmilitarización de la seguridad pública y, como condición previa e indispensable, la regulación de las drogas. “Los firmantes apoyamos este posicionamiento”.

Aseguraron que hoy en día, México cuenta hoy con una población lista para construir otros caminos, además de que existe una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que están proponiendo políticas de drogas alternativas.

Reconocieron que para lograr la política de drogas propuesta, habrá “serios obstáculos”, tales como que desde el extranjero habrá quienes exijan continuar la guerra a la vez que avanzan en sus propios procesos de regulación o quienes en el país busque defender los intereses de la fallida estrategia o quienes, de buena fe, tardarán en aceptar la evidencia cada día más contundente de su fracaso.

 

La dirigencia nacional del PAN aseguró que la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por financiar su campaña con el Fideicomiso para ayudar a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, es resultado de una investigación seria. «Ni venganza ni atentado contra la democracia».

A través de un comunicado aplaudieron «la decisión valiente del INE» para investigar los recursos que debieron llegar a quienes los necesitaban. Afirmaron que son preocupantes las señales autoritarias que envía López Obrador con este tema.

Según el PAN, el INE acreditó que en el Fideicomiso se realizaron depósitos en efectivo por fuertes sumas de dinero, pero que también hubo retiros en efectivo cuyo fin no fue explicado. Morena y su principal liderazgo deben tener la madurez política para reconocer sus errores, que engañaron a la sociedad y que el dinero para apoyar a los damnificados terminó en la campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Hoy, con palabras que no pueden provenir del próximo Presidente de México, al referirse al hecho como una venganza, Andrés Manuel López Obrador falta, nuevamente, a sus compromisos de no mentir y no robar», indicó el PAN.

Hicieron un llamado a Morena y al próximo Presidente a respetar las instituciones y a dejar de mentir, pues señalaron que la multa por 190 millones de pesos no es un capricho de la autoridad electoral, sino la consecuencia de una acción que atenta contra todos los principios y valores de esta democracia que ha costado tanto edificar y consolidar.

 

Durante su participación en la Tercera Cumbre Ciudadana, el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, indicó a que diferencia de otros candidatos, él no desconfía del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil.

“Yo quisiera empezar por decirles que creo profundamente en el trabajo, en la labor y en el papel determinante que juegan las organizaciones de la sociedad civil para la transformación positiva de una nación (…) para lograr la profunda transformación que nuestro país necesita”, indicó el panista.

Reiteró que no desconfía de las organizaciones de la sociedad civil, y por el contrario, valora escucharlos y consultarlos. El mensaje pareció estar dirigido al candidato de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien ha descalificado el trabajo que hacen las ONG’s.

Además lanzó un compromiso, pues dijo que tras su victoria el próximo 1 de julio, quiere construir el Plan Nacional de Desarrollo de la mano de las organizaciones civiles. “No concebimos el cambio de régimen sin la participación de ustedes, sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sin la participación ciudadana, en absolutamente todas las políticas públicas”.

 

Foto: Archivo APO

El candidato presidencial de la coalición «Por México al Frente», Ricardo Anaya, señaló que su propuesta de gobierno se contrasta directamente con la propuesta de cambio que ofrece Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues a diferencia del tabasqueño, el propone una sociedad civil fuerte, garantizar la total libertad de prensa y un Presidente que verdaderamente rinda cuentas ante un Congreso que aprueba la integración de su gabinete.

 

 

Explicó que el dilema de la próxima elección está entre repetir el fracasado modelo presidencialista autoritario de un solo hombre o cambiar por un proyecto que sea incluyente, democratizador del poder público, a través de un gobierno de coalición.

 

El dilema entre López Obrador y nuestra coalición es regresión y autoritarismo o democracia y libertades”, enfatizó al insistir que el Frente que encabeza representa un gobierno de coalición incluyente, participativo y democrático. Y es que recordó que durante el debate del pasado domingo López Obrador se presentó como un hombre profundamente autoritario e incongruente, que desconfía de la sociedad civil y que no tiene un compromiso con el cambio de régimen.

 

“Vamos a promover una sociedad civil fuerte, porque nosotros sí reconocemos los enormes aportes que las organizaciones no gubernamentales han hecho en nuestro país”, dijo al referirse, entre otros temas, a la lucha contra la corrupción o la defensa de los derechos humanos”, puntualizó.

 

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, recibió a nombre de la institución cinco propuestas de preguntas para el primer debate presidencial, entregadas por representantes de 300 organizaciones de la sociedad civil, integrantes de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra.

 

Al recibir las preguntas sobre inseguridad, violencia, impunidad y combate a la corrupción, Córdova Vianello explicó que se entregarán, mediante la Comisión Temporal de Debates, a las y el moderador del primer encuentro para que “sean ellos y nadie más que ellos, quienes definan cuáles son las preguntas que se van a plantear” a los cinco candidatos a la Presidencia de la República.

 

Las preguntas recibidas por la autoridad electoral son:

  1.  ¿Está a favor de una reforma al artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía Que Sirva, autónoma, eficaz e independiente del poder político con base en la propuesta ciudadana?
  2.  ¿Estaría dispuesto a solicitar cooperación de la ONU para combatir la impunidad y la corrupción como ha ocurrido en otros países?
  3.  ¿Cuál es su propuesta en materia de desarrollo policial federal y a nivel nacional? ¿Qué haría para garantizar que la seguridad pública sea una tarea bajo la responsabilidad de los civiles? ¿Usted impulsaría y/o respaldaría la abrogación de la Ley de Seguridad Interior? ¿Cuál será su política frente al crimen organizado?
  4.  ¿Qué haría para garantizar a las víctimas del delito y el abuso del poder el derecho a la verdad y medidas de reparación?
  5.  ¿Cómo terminaría con la corrupción en las contrataciones con las empresas del Estado?

 

El Consejero Presidente del INE agradeció a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común y a Edgar Cortez, de #FiscalíaQueSirva por haber entregado las preguntas, además de la preocupación y la participación de la sociedad civil en el proceso electoral.