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Luego de que esta mañana la Secretaria de la Función Pública (SFP) informara sobre las investigaciones contra el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer cuáles son las conductas irregulares por las que podría ser sancionado el ex funcionario.

“Ya arroja indicios y datos de posibles conductas irregulares”, dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre la investigación a Lomelí, quien renunció al cargo el viernes pasado.

La organización recordó que las investigaciones contra Lomelí arrancaron el 22 de mayo pasado, luego de que se diera a conocer que Lomelí, junto con familiares y amigos, forma parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos.

De diciembre 2018 a abril de este año, cuando Lomelí ya era superdelegado, la empresa Abisalud, parte de esa red, recibió contratos por 164 millones de pesos del gobierno federal y otro de 36 millones con el gobierno de Veracruz.

La Secretaria de la Función Pública informó hoy en conferencia que hay cuatro investigaciones sobre las empresas con las que tiene vínculo Lomelí y tres más sobre conductas contrarias a la legalidad en que incurrió el ex funcionario.

El empresario farmacéutico ha incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por las que podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público hasta por 20 años y los contratos de las empresas farmacéuticas con el gobierno podrían ser anulados.

Lomelí pudo haber incurrido en actos ilegales como cohecho al obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público;  actuación bajo conflicto de Interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y  tráfico de influencias.

Podría, incluso, haber acciones penales contra Lomelí, dijo Sandoval Ballestero. “Se pueden aplicar estas penas que implicarían desde la destitución, sanción económica, inhabilitación del servidor público y dar vista a las autoridades penales competentes si es que la investigación arrojase en este sentido una línea de investigación”, remató.

Carlos Lomelí confirmó esta tarde que presentó su renuncia como delegado federal en Jalisco, para permitir que la Secretaría de la Función Pública (SFP) pueda llevar a cabo las investigaciones que se han abierto en su contra por posible conflicto de interés.

En entrevista televisiva, Lomelí indicó que desde el pasado 10 de junio ha sostenido pláticas con su jefe directo, Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Bienestar, y con la titular de la Secretaría, María Luisa Albores, a quienes planteó su renuncia. Adicional dijo, consultó la decisión con su familia y amigos.

El también  ex candidato a gobernador dijo que su renuncia busca que haya la libertad para que se hagan las investigaciones correspondientes, además de detener la «violencia mediática y política» con la que intentan dañar al gobierno federal.

Acusó que detrás de las acusaciones que se han hecho respecto a sus empresas y la relación de éstas con el gobierno está la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Lomelí enfatizó que el presidente de la República lo conoce bien, pues es su amigo, por lo que entenderá su decisión, y tendrá claro que ayudará desde la trinchera que elija a que avance la 4T.

Y es que, pese a negarlo, el hasta ahora superdelegado podría tener relación con la empresa farmacéutica Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), a la cual el gobierno federal ha otorgado contratos por más de 164 millones de pesos.

El superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, contó con autorización en Banorte para retirar fondos de la cuenta bancaria de la farmacéutica con la que él alega no tener relación, según documentos contenidos en el expediente por el fraude en la venta de medicamentos a sobreprecio de Abisalud al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Así lo dio a conocer esta tarde la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien tuvo acceso al expediente, y constató que Lomeló ha tenido acceso al manejo de una de las cuentas bancarias de la farmacéutica que ha negado como suya, y a la que el actual gobierno federal ha otorgado contratos por más de 164 millones de pesos.

Junto a Carlos Lomelí, su esposa Karina Lucía Navarro Pérez, una de sus empleadas y dos de sus colaboradores más cercanos tuvieron autorización para acceder a fondos bancarios de la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud).

La investigación de MCCI detalla que el 25 de enero de 2013, José Hiram Torres Salcedo, entonces dueño de la empresa Abisalud, aperturó una cuenta en el banco Banorte, dando como domicilio de la compañía el de la calle Chicle 205-1, en Parque Industrial El Colli, en Zapopan Jalisco, predio propiedad de Carlos Lomelí.

En el apartado donde se capturó la información del representante de la compañía, aparece José Hiram Torres Salcedo, actual regidor de Zapopan por Morena, pero proporcionando como correo electrónico el de laura.ortiz@lomedic.com. Este correo electrónico pertenece a Laura Elena Ortiz Rodríguez, administradora de Lomedic, empresa que Carlos Lomelí Bolaños sí reconoce como propia y de la que fue director general durante seis años.

Laura Elena Ortiz no es el único vínculo de Abisalud con el superdelegado. En el registro de firmas de la cuenta de Banorte fue especificado que Carlos Lomelí Bolaños y su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez, están autorizados para disponer de los fondos que están depositados en ese instrumento bancario.

Tal como le anticip´´e en mi columna de El Universal hace tres semanas, el empresario Carlos Lomelí excandidato a gobernador en el Estado de Jalisco por Morena y quien actualmente se desempeña como superdelegado del Gobierno federal en aquella región, en la que coordina la entrega de apoyos sociales de la Administración federal, ha sido señalado por el diario El País por un presunto conflicto de interés.

Lomelí es señalado por estar en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas controladas por 11 familiares, dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

El País retoma una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que relaciona a Carlos Lomelí Bolaños con Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) y señala: «los negocios de Abisalud con dependencias del Gobierno federal representan un nuevo reto para Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder impulsado por un discurso de combate a la corrupción y a las malas prácticas en la Administración pública».

Según la investigación, Abisalud también firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato con otro gobierno surgido de Morena, el de Cuitláhuac García en Veracruz, quien le asignó directamente un contrato por 36 millones.

López Obrador ya ha lidiado con temas similares en los cinco meses y medio que lleva en la presidencia. El 26 de abril, el líder de Morena anunció su intención de cancelar un contrato que había ganado la empresa Bio Pappel Scribe para vender papel a la Secretaría de Educación Pública, debido a que la compañía es propiedad del empresario Miguel Rincón, amigo y compadre de López Obrador, además de ser parte de su Consejo Asesor Empresarial.

Tras las palabras del presidente, el Consejo de Administración de Bio Pappel anunció la retirada del concurso sin solicitar indemnización.

«El caso de Lomelí, sin embargo, resulta potencialmente más tóxico: los superdelegados, un cargo que ya de por sí despierta recelos entre los gobernadores, que temen ver menguados sus poderes, son elegidos y nombrados de forma directa por el Gobierno federal, esto es, por López Obrador», señala el diario español.

Perdió la gubernatura, pero salió ganando. Ese es el caso de Carlos Lomelí, quien se enfrentó en julio del 2018 a Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco bajo el emblema de Morena y perdió. Pero después Andrés Manuel López Obrador lo nombró súper delegado de Jalisco, con lo que no tiene la silla de gobernador, pero tiene la cartera federal bajo su control.

El argumento de AMLO fue que desaparecían los puestos de delegados para cada secretaría federal en los estados para dejarlo en manos de un solo individuo como medida de austeridad y combate a la corrupción. Pero Carlos Lomelí es la prueba de que los súper delegados son en realidad una figura que creo el nuevo gobierno para ser el poder dentro de las entidades no gobernadas por Morena.

Carlos Lomelí es además una muestra de que el cambio que promete AMLO de que en su gobierno no habrá empresarios favoritos, es una promesa que no se cumplirá. Es una muestra de que las fichas del juego se revuelven y caerán en manos distintas, pero seguirán existiendo los empresarios consentidos del gobierno.

Y es que cuando el presidente anunció en su conferencia matutina que tres empresas quedaban fuera de las licitaciones del gobierno en materia de medicamentos, Carlos Lomelí debió haber sonreído al saber que su propia empresa, Grupo Lomedic, sería la gran beneficiada. Él sería el ganón de que Fármacos Especializados, Dimesa y Maypo quedaran vetadas de las compras gubernamentales.

Grupo Lomedic es la mayor de las empresas de Carlos Lomelí dedicadas a la distribución de medicamentos. Ésta nació y creció cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Ahora podrá participar en licitaciones del gobierno sin la competencia de las tres empresas vetadas.

El IMSS es el tercer adquiriente público más grande de bienes y servicios en el país. Sólo Pemex y la CFE hacen compras mayores. A ello hay que sumar las compras de medicamentos del ISSSTE. Compras por las que el gobierno tiene fuertes adeudos, como lo ha reportado la ANDIS, Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud. En el caso del IMSS, tan solo para 2015 y 2016, hay adeudos por 5 mil millones de pesos. En el caso del ISSSTE, la deuda del 2018 es de 2 mil 600 millones de pesos.

 

Columna completa en El Universal