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Este jueves, la Primera Sala de la Suprema Corte otorgó suspensiones que impiden la reducción salarial a empleados de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la reducción salarial impuesta a los institutos autónomos podría ser interpretada como medida de presión política, por lo que la suspensión no afecta el interés de la sociedad.

Con esta resolución, ya son cinco las decisiones similares que obtienen empleados de cinco órganos autónomos para que no se les aplique la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos.

Esta ley promovida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador tiene elobjetivo de nadie gane más que el titular del Ejecutivo, cuyo salario es de 108 mil pesos mensuales, 1.6 millones al año.

Al menos 100 altos funcionarios de la Cofece y CNDH tienen percepciones superiores, por lo que promovieron, a título personal, juicios de amparo contra la medida.

Estos juicios se suman a una serie de controversias constitucionales que las respectivas instituciones autónomas han promovido para que sus empleados queden exentos en la aplicación de la citada ley. Los empleados de otras dependencias que han obtenido suspensiones en juicios de amparo trabajan en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral y En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que enviará una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que habla de la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad.

Dijo que, si se atreve a enviar la carta, es porque considera que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, es un hombre íntegro y una persona honesta.

“Me atrevo a hacerlo manifestando mi respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial y lo hago por mi responsabilidad como presidente de la República”, señaló el presidente.

Insistió en que se necesita limpiar de corrupción al país, y para ello se requiere de la participación de todos, de los ciudadanos y de las autoridades.

Al respecto, dijo que no tiene pensado presentar ninguna iniciativa de reforma constitucional en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial, que aclaró podría hacerlo ya que dentro de sus facultades está el presentar iniciativas de reforma a la Constitución.

“No lo voy a hacer porque pienso que los procesos de renovación de las instituciones se pueden llevar a cabo si existen dirigentes o autoridades íntegras, honestas, que no toleren la corrupción, ni la impunidad”, expuso AMLO, indicando que ese es el caso del Poder Judicial.

Confió en que con los ministros y miembros del Consejo de la Judicatura que actualmente están se puede llevar a cabo su renovación atendiendo su autonomía.

Remató asegurando que le tiene confianza al presidente de la Suprema Corte.

El Consejo de la Judicatura Federal anunció la suspensión por seis meses, sin goce de sueldo, del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, señalado por el Gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El órgano tomó esa decisión en una reunión extraordinaria celebrada en la noche del viernes en la que además se resolvió investigar al magistrado, detalló un comunicado.

“El compromiso del Consejo de la Judicatura Federal y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, es el de erradicar en forma efectiva los actos de corrupción y conductas carentes de ética: cero tolerancia”, subrayó el consejo en el escrito.

El CJF explicó que la suspensión es ocasionada por la advertencia de una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que alertan que Avelar Gutiérrez “pueda estar obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Agregó que la medida se da con el objeto de realizar una investigación exhaustiva sobre las conductas advertidas y sin obstaculizar el curso de las mismas.

“La labor de los juzgadores debe guiarse por los principios de independencia e imparcialidad, así como apegarse a los más altos estándares éticos que fortalezcan la legitimidad del Poder Judicial de la Federación en el servicio público de impartir justicia para la población”, remarcó.

El comunicado apuntó que el bien colectivo siempre debe prevalecer sobre cualquier interés particular y que las investigaciones que se deriven de la medida se conducirán con apego al debido proceso, la presunción de inocencia así como a lo que dicte la Constitución.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló el viernes a Avelar Gutiérrez de haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación y del grupo criminal ‘Los Cuinis’ «a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus miembros principales».

El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), impuso la toga magisterial e hizo entrega de la credencial y del distintivo correspondiente a Yasmín Esquivel Mossa, quien asumió como nueva ministra del la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Ministro Presidente hizo votos porque “estos años de la altísima responsabilidad que le ha sido impuesta, sean en beneficio del país y en la defensa y el desarrollo de los derechos de todas y de todos”.

Por su parte Yasmín Esquivel Mossa indicó que hoy más que nunca el país necesita de la entrega y pasión de todos los mexicanos, por lo que dijo que refrendaba su «compromiso irrenunciable con la justicia y el derecho, por el bien de México, por el bien de los mexicanos”.

Hizo un llamado para que la sociedad y los Poderes del Estado se reencuentren para hacer frente a estos males que nos laceran y frenan. “No basta la oposición reiterada y crítica vana que solo confrontan y dividen en detrimento de todos, se requiere de acciones concretas y expeditas para mantener el rumbo propuesto en el texto constitucional”.

En su oportunidad, el Ministro José Fernando Franco González Salas señaló que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se suma a la Suprema Corte con sus conocimientos y experiencia tanto con su trabajo individual como en el colegiado que tendrá que desarrollar para que entre todos sigan enfrentando exitosamente los grandes retos que tiene hoy el Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, el Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad de los integrantes que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa quedé adscrita a la Segunda Sala.

 

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la tarde de ayer sostuvo una llamada telefónica con el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de su elección.

Felicitó al Poder Judicial, el cual calificó como un poder independiente y autónomo, por la elección que realizó este miércoles, respecto a su nuevo presidente.

«Los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron de manera libre, democrática al ministro Arturo Zaldívar que, según la información de dominio público, es un abogado honesto, recto, que va, estoy seguro, a actuar con apego a la legalidad y va a hacer valer el estado de Derecho», dijo AMLO.

Confirmó que tal como trascendió, la tarde de ayer conversó vía telefónica con él para «felicitarlo», además de que le reiteró el compromiso del gobierno federal de ser respetuosos de la independencia, de la autonomía del Poder Judicial.

«Eso es lo que puedo también expresar, mi satisfacción por esta elección democrática de ministros de la corte para elegir al presidente, al licenciado ministro Arturo Zaldívar», finalizó.

 

Brett Kavanaugh, nominado por el presidente Donald Trump para ocupar una vacante en la Suprema Corte, fue objeto de una nueva acusación de mala conducta sexual, justo cuando el comité judicial del Senado se dispone a escuchar este jueves el testimonio de su primera acusadora.

Este domingo se acordó la fecha y la hora del testimonio de Christine Blasey Ford, que la semana pasada acusó al magistrado de agresión sexual, tras días de tensas negociaciones entre los republicanos de la comisión judicial del Senado y los abogados de esta profesora universitaria de 51 años.

«Pese a las amenazas actuales a su seguridad y su vida, la Dra. Ford cree que es importante que los senadores la escuchen directamente», dijeron sus abogados citados por la prensa.

En su acusación, Blasey Ford explicó que Kavanaugh y un amigo, «totalmente borrachos», la habían arrinconado en un cuarto, la tiraron sobre una cama y pretendieron desnudarla, antes de que ella lograra escapar. La agresión habría ocurrido durante una fiesta de adolescentes en la década de 1980, en los suburbios de Washington. Ella tenía 15 años y él 17. Kavanaugh lo ha negado enérgicamente.

Ahora, la revista The New Yorker informó este domingo que los senadores demócratas investigan una nueva acusación contra Kavanaugh, complicando aún más la situación del juez. Deborah Ramirez, de 53 años, dijo a la revista que durante un fiesta estudiantil en los años 1980 en la Universidad de Yale, Kavanaugh le puso los genitales en la cara y le hizo tocarlos sin su consentimiento.

Kavanaugh negó el incidente y calificó la acusación de «difamación, simple y llana». «Las personas que me conocieron entonces saben que eso no ocurrió», indicó en un comunicado publicado por la revista.

Con información de AFP / Foto: Archivo APO

La Suprema Corte de Justicia  de la Nación (SCJN), resolvió esta tarde conceder un amparo al ex aspirante a candidato independiente a la Presidencia, Armando Ríos Piter, para protegerlo contra cinco artículos de la Ley General de Salud, que le prohibían el consumo y cultivo de marihuana.

El también Senador con licencia interpuso el amparo ante la negativa de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que en 2016 le negó un permiso para cultivar y consumir su propia marihuana.

Con la resolución de la Suprema Corte, la dependencia tendrá que expedirle un permiso para que pueda cultivar su propia planta, siempre y cuando no sea con fines de comercialización o distribución, así como para que pueda consumirla.

El proyecto de sentencia fue presentado por el ministro José Ramón Cossío, argumentando que ya había casos previos que podrían sentar una base para pronunciarse de nueva cuenta en este caso.

En 2015, la Corte concedió un amparo a cuatro personas de la organización SMART, mientras que el pasado mes de abril otorgó un segundo amparo en el mismo sentido a abogado Ulrich Richter Morales.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El Senado de la República aprobó el dictamen que amplía, de cinco a 15 días hábiles, el plazo que tiene un ciudadano para presentar solicitud de derecho de réplica ante algún medio de comunicación por la difusión de información falsa o inexacta que le agravie.

 

El proyecto de decreto fue aprobado con 60 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, y se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional y  se señala que el plazo se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder.

 

Esta reforma responde a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó inconstitucional el plazo de cinco días establecidos en el artículo 10 de dicha Ley.  La Corte expuso que la norma no toma en cuenta la existencia de los medios de comunicación que no son de consulta diaria, por lo que se ignora a las personas que no están atentas a todas las publicaciones, lo que hace “ilusorio el derecho de réplica”.

 

Los Senadores precisaron que esta reforma establece un plazo “objetivo” con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin coartar la seguridad jurídica de los medios de comunicación.

 

Redacción APO / Foto: Especial

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió esta tarde a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior a nombre de su gobierno.

 

El mandatario estatal indicó que la decisión de interponer el recurso legal se debe a que la Ley de Seguridad Interior desincentiva la profesionalización de las policías, vulnera el pacto federal, la democracia, y pone en riesgo los derechos humanos.

 

 

«Nos parece, a todas luces, indebida y más allá de la Constitución, o en contra de la Constitución, la definición que se ha dado de seguridad interior», dijo Corral esta tarde al hacerse acompañar de representantes de su gobierno y de activistas de organizaciones civiles que lo han apoyado desde la Caravana por la Dignidad que encabezó recientemente.

 

El panista indicó que su intención al presentar la controversia no es desconocer la labor de las Fuerzas Armadas, sino busca proteger a dichas corporaciones. «Lo hacemos pensando en el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, esta ley las arriesga innecesariamente, porque les desnaturaliza su función y su misión primordial y primigenia, las sigue colocando en una función para la cual la Constitución no les ha autorizado», dijo.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de gasto de comunicación social, por lo que determinó que el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

 

 

Con 4 votos a favor y uno en contra, se da un «fallo histórico», en el que la máxima autoridad judicial del país determinó que el amparo interpuesto por la asociación ARTICLE 19 contra la omisión legislativa del Congreso es procedente y que la ausencia de regulación de la publicidad oficial tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de medios comunicación y periodistas, a la vez que se afecta el derecho a la información de la sociedad.

 

«Con esta resolución, la SCJN reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades del juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional expreso de legislar, especial cuando ello se traduce en la vulneración de derechos humanos. El mensaje es claro: ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución», indicó la organización internacional.

 

Señalaron que históricamente, en México los gobiernos han utilizado el dinero público para «promoverse y amordazar a los medios de comunicación críticos. Peor aún, los recursos públicos utilizados para estos fines han sido excesivos» y detallaron que el gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta de agosto de 2017.

 

El gobierno de Donald Trump no quita el dedo del renglón, y la noche de ayer solicitó a la Corte Suprema que desbloquee el decreto inmigratorio que propusiera meses atrás, en el que se contempla prohibir temporalmente la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

 

«Hemos pedido a la Suprema Corte que tome este importante caso y estamos confiados en que el decreto del presidente Trump se encuadra dentro de sus atribuciones legales para mantener la seguridad de la Nación y proteger a nuestras comunidades del terrorismo», aseguró Sarah Isgur, portavoz del departamento de Justicia de Estados Unidos.

 

Cabe recordar que en marzo pasado un juez federal de Hawai ratificó la suspensión al decreto inmigratorio de Trump, toda vez que consideró razones religiosas en la orden. Más tarde otra corte de Estados Unidos confirmó la decisión de suspesión.

 

«El presidente no debe admitir personas de países que patrocinan o cobijan al terrorismo hasta que determine que pueden ser investigados apropiadamente y no impongan un riesgo a la seguridad de Estados Unidos», remató  Isgur.

 

Con información de CNN / Foto: Archivo APO

Durante la sesión del Pleno de la Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia  de la Nación aprobaron con ocho votos, el internamiento preventivo para menores de 18 años. Esta medida estará contemplada en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Los ministros declararon que la nueva medida privativa de la libertad para adolescentes acusados de delitos graves hasta por cinco meses mientras se les dicta sentencia, no contraviene la constitución.

El internamiento preventivo sólo se puede aplicar en casos de excepción cuando se trate de delitos como homicidio calificado, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, extorsión, violación, lesiones graves, trata de personas y robo con violencia.

El fallo fue emitido en la acción al juicio de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien consideró que la utilización de internamiento preventivo o prisión preventiva (sinónimos en texto legal), era violatorio de los derechos humanos. Ante esto, los ministros ordenaron la eliminación de las referencias a prisión preventiva para que no sea entendida como si fuera igual a la medida aplicada a los adultos.

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO