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La Suprema Corte de Justicia  de la Nación (SCJN), resolvió esta tarde conceder un amparo al ex aspirante a candidato independiente a la Presidencia, Armando Ríos Piter, para protegerlo contra cinco artículos de la Ley General de Salud, que le prohibían el consumo y cultivo de marihuana.

El también Senador con licencia interpuso el amparo ante la negativa de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que en 2016 le negó un permiso para cultivar y consumir su propia marihuana.

Con la resolución de la Suprema Corte, la dependencia tendrá que expedirle un permiso para que pueda cultivar su propia planta, siempre y cuando no sea con fines de comercialización o distribución, así como para que pueda consumirla.

El proyecto de sentencia fue presentado por el ministro José Ramón Cossío, argumentando que ya había casos previos que podrían sentar una base para pronunciarse de nueva cuenta en este caso.

En 2015, la Corte concedió un amparo a cuatro personas de la organización SMART, mientras que el pasado mes de abril otorgó un segundo amparo en el mismo sentido a abogado Ulrich Richter Morales.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El Senado de la República aprobó el dictamen que amplía, de cinco a 15 días hábiles, el plazo que tiene un ciudadano para presentar solicitud de derecho de réplica ante algún medio de comunicación por la difusión de información falsa o inexacta que le agravie.

 

El proyecto de decreto fue aprobado con 60 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, y se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional y  se señala que el plazo se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder.

 

Esta reforma responde a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó inconstitucional el plazo de cinco días establecidos en el artículo 10 de dicha Ley.  La Corte expuso que la norma no toma en cuenta la existencia de los medios de comunicación que no son de consulta diaria, por lo que se ignora a las personas que no están atentas a todas las publicaciones, lo que hace “ilusorio el derecho de réplica”.

 

Los Senadores precisaron que esta reforma establece un plazo “objetivo” con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin coartar la seguridad jurídica de los medios de comunicación.

 

Redacción APO / Foto: Especial

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió esta tarde a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior a nombre de su gobierno.

 

El mandatario estatal indicó que la decisión de interponer el recurso legal se debe a que la Ley de Seguridad Interior desincentiva la profesionalización de las policías, vulnera el pacto federal, la democracia, y pone en riesgo los derechos humanos.

 

 

“Nos parece, a todas luces, indebida y más allá de la Constitución, o en contra de la Constitución, la definición que se ha dado de seguridad interior”, dijo Corral esta tarde al hacerse acompañar de representantes de su gobierno y de activistas de organizaciones civiles que lo han apoyado desde la Caravana por la Dignidad que encabezó recientemente.

 

El panista indicó que su intención al presentar la controversia no es desconocer la labor de las Fuerzas Armadas, sino busca proteger a dichas corporaciones. “Lo hacemos pensando en el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, esta ley las arriesga innecesariamente, porque les desnaturaliza su función y su misión primordial y primigenia, las sigue colocando en una función para la cual la Constitución no les ha autorizado”, dijo.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de gasto de comunicación social, por lo que determinó que el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

 

 

Con 4 votos a favor y uno en contra, se da un “fallo histórico”, en el que la máxima autoridad judicial del país determinó que el amparo interpuesto por la asociación ARTICLE 19 contra la omisión legislativa del Congreso es procedente y que la ausencia de regulación de la publicidad oficial tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de medios comunicación y periodistas, a la vez que se afecta el derecho a la información de la sociedad.

 

“Con esta resolución, la SCJN reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades del juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional expreso de legislar, especial cuando ello se traduce en la vulneración de derechos humanos. El mensaje es claro: ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución”, indicó la organización internacional.

 

Señalaron que históricamente, en México los gobiernos han utilizado el dinero público para “promoverse y amordazar a los medios de comunicación críticos. Peor aún, los recursos públicos utilizados para estos fines han sido excesivos” y detallaron que el gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta de agosto de 2017.

 

El gobierno de Donald Trump no quita el dedo del renglón, y la noche de ayer solicitó a la Corte Suprema que desbloquee el decreto inmigratorio que propusiera meses atrás, en el que se contempla prohibir temporalmente la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

 

“Hemos pedido a la Suprema Corte que tome este importante caso y estamos confiados en que el decreto del presidente Trump se encuadra dentro de sus atribuciones legales para mantener la seguridad de la Nación y proteger a nuestras comunidades del terrorismo”, aseguró Sarah Isgur, portavoz del departamento de Justicia de Estados Unidos.

 

Cabe recordar que en marzo pasado un juez federal de Hawai ratificó la suspensión al decreto inmigratorio de Trump, toda vez que consideró razones religiosas en la orden. Más tarde otra corte de Estados Unidos confirmó la decisión de suspesión.

 

“El presidente no debe admitir personas de países que patrocinan o cobijan al terrorismo hasta que determine que pueden ser investigados apropiadamente y no impongan un riesgo a la seguridad de Estados Unidos”, remató  Isgur.

 

Con información de CNN / Foto: Archivo APO

Durante la sesión del Pleno de la Corte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia  de la Nación aprobaron con ocho votos, el internamiento preventivo para menores de 18 años. Esta medida estará contemplada en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Los ministros declararon que la nueva medida privativa de la libertad para adolescentes acusados de delitos graves hasta por cinco meses mientras se les dicta sentencia, no contraviene la constitución.

El internamiento preventivo sólo se puede aplicar en casos de excepción cuando se trate de delitos como homicidio calificado, narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, extorsión, violación, lesiones graves, trata de personas y robo con violencia.

El fallo fue emitido en la acción al juicio de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien consideró que la utilización de internamiento preventivo o prisión preventiva (sinónimos en texto legal), era violatorio de los derechos humanos. Ante esto, los ministros ordenaron la eliminación de las referencias a prisión preventiva para que no sea entendida como si fuera igual a la medida aplicada a los adultos.

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

El juez de la corte de apelaciones de Colorado, Neil Gorsuch de 49 años de edad, fue juramentado esta mañana como  nuevo magistrado de la Suprema Corte de Estados Unidos.

 

La ceremonia se llevó a cabo en privado en la Sala de Conferencias de los Jueces, con el juez John Roberts. Rodeado por familiares y sus futuros colegas de la Corte Suprema.

 

Gorsuch puso su mano sobre la Biblia sostenida por su esposa, Louise junto con los ocho de los jueces actuales y la mayoría de sus cónyuges.

 

La ceremonia de toma de posesión de la Casa Blanca fue encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 

El juramento de Gorsuch representa para Trump la oportunidad de definir los contornos ideológicos de una Corte que además de velar por la Constitución es frecuentemente llamada a expresarse sobre temas fundamentales de la sociedad estadounidense.

 

Trump escogió a Gorsuch para substituir al juez ultraconservador Antonin Scalia, quien falleció hace poco más de un año.

El magistrado es graduado por las universidades de Columbia y Harvard, en Estados Unidos, y Oxford, en el Reino Unido, y llegó a trabajar en la Suprema Corte como auxiliar del juez Anthony Kennedy, a quien considera su mentor y de quien ahora es colega en el tribunal.

 

Con información de Agencias /Foto: Casa Blanca

 

 

 

 

El Senado estadounidense confirmó este viernes al juez federal Neil Gorsuch como nuevo magistrado de la Suprema Corte.

 

El conservador, de 49 años de edad, se convirtió en el noveno integrante de la Suprema Corte con el apoyo de 54 votos, al tiempo que 45 senadores votaron en contra de su confirmación.

 

Gorsuch se sumará a los magistrados Elena Kagan y Sonia Sotomayor  -nombradas por Barack Obama-, Stephen Breyer y Ruth Bader Ginsburg -designados por Bill Clinton-, John Roberts  y Samuel Alito -elegidos por Gorge W. Bush-, Clarence Thomas -nominado por George H.W. Bush- y Anthony Kennedy -designado por por Ronald Reagan-.

 

De esa forma, la Suprema Corte volverá a tener nueve jueces, tras la vacante que dejó la muerte en febrero de 2016 del magistrado ultraconservador Antonin Scalia.

 

Con información de El Financiero/Foto: Twitter