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Estados Unidos escaló este jueves su rechazo a las restricciones impuestas por México a las importaciones de maíz genéticamente modificado y solicitó la instalación de un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC, informó la oficina del Representante Comercial (USTR).

La solicitud de llevar la disputa a una nueva instancia, se anuncia tras el fracaso de consultas formales para resolver las diferencias entre los dos países sobre el uso de maíz transgénico, ampliamente producido por los agricultores estadounidenses.

Washington alega que el decreto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció, y que prohíbe las importaciones de maíz transgénico utilizado en masa y tortillas para el consumo humano, no se basa en ciencia y viola sus compromisos en virtud del acuerdo comercial de América del Norte.

Si el panel falla a favor de Estados Unidos y México no cumple con sus directivas, la USTR ganaría en última instancia el derecho de imponer aranceles punitivos a los productos mexicanos, una medida que podría desencadenar una guerra comercial poco común.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo en un comunicado que la medida tenía por objeto hacer cumplir las obligaciones de México en el T-MEC de mantener las regulaciones basadas en ciencia sobre la biotecnología agrícola.

“Es fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas inconsistentes con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan seguir accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, dijo Tai.

Y es que México compra cada año a Estados Unidos maíz por un valor de unos 5,000 millones de dólares, lo que convierte a este país en su mayor socio comercial. La mayor parte de esas compras son de maíz amarillo transgénico utilizado para la alimentación del ganado.

La solicitud del panel se produce tras 75 días de consultas formales solicitadas por funcionarios estadounidenses en junio pasado.

México pidió a Washington realizar conjuntamente una investigación científica sobre los efectos del maíz modificado genéticamente en la salud pero, según lo dicho por un funcionario mexicano de alto nivel a la agencia Reuters, Estados Unidos se negó.

El gobierno de nuestro país argumenta que el maíz biotecnológico perjudica a las variedades autóctonas y puede tener efectos adversos para la salud.

“El enfoque mexicano de la biotecnología no se basa en ciencia y va en contra de décadas de pruebas que demuestran su seguridad y del riguroso sistema de revisión reguladora basado en ciencia que garantiza que no supone ningún daño para la salud humana y el medio ambiente”, dijo por su parte el secretario estadounidense de Agricultura, Tom Vilsack, citado en el comunicado.

Tras conocerse sobre la solicitud, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, indicó que fue notificada formalmente por la USTR sobre su intención de dirimir, a través de un panel de solución de controversias, las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación del maíz genéticamente modificado.

La dependencia dijo que se encuentra preparada para defender la posición mexicana en el panel internacional y demostrar que: la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el T-MEC; y que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales.

Ahora que fue solicitado el panel, la siguiente etapa procesal será la designación de los miembros del mismo. Posteriormente, los panelistas deberán emitir un calendario procesal. Conforme a los plazos previstos en el propio Tratado, se calcula que la decisión del Panel se pueda dar a conocer en el transcurso del próximo año, lo que coincidirá con las elecciones presidenciales en ambos países.

Estados Unidos ve algunos avances en la disputa energética que tiene con nuestro país, aunque persisten preocupaciones “profundamente arraigadas”, dijo la representante comercial de ese país.

Recordemos que Estados Unidos y Canadá exigieron sostener conversaciones para solucionar las disputas energéticas con México en julio de 2022, argumentando que las políticas actuales en la materia han dado un mayor control al estado, lo que califican como una práctica discriminatoria para empresas estadounidenses del sector.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo que confiaba en que los mecanismos de resolución de disputas existentes en el tratado comercial que los dos países tienen junto a Canadá, el T-MEC, serían efectivos para resolver el problema.

“Si no podemos avanzar más, el siguiente paso en el conjunto de herramientas formales sería la solicitud de un panel de resolución de disputas”, afirmó la funcionaria estadounidense durante una conferencia con periodistas en Cancún, en el marco de la reunión anual de la Comisión de Libre Comercio del tratado comercial

En una reunión posterior, Tai discutió con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro la importancia de los compromisos de México bajo el TMEC, en materia de energía, de biotecnología y mano de obra, informó su oficina en un comunicado, sin dar más detalles.

México y Estados Unidos enfrentan otro diferendo sobre un decreto del gobierno de López Obrador para limitar el uso de maíz genéticamente modificado (GM). Si no se llega a un acuerdo en 75 días posteriores al inicio de las consultas, Estados Unidos tendrá opción de solicitar un panel de disputas.

“Respaldamos la seguridad de nuestros productos agrícolas que han disfrutado de un comercio muy sólido entre nuestros tres países durante varias décadas y continuaremos persiguiendo nuestros derechos e intereses”, dijo Tai.

En tanto, la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng reconoció los avances alcanzados en la disputa energética y minera entre ambos países y confió en una pronta solución.

Fue en enero de 2023 cuando el primer ministro Justin Trudeau acudió a la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde se reunió con López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden. Trudeau pidió a AMLO atender a empresas del sector minero y energético.

Estas empresas fueron atendidas por el propio López Obrador y la secretaria de Economía en reuniones en las que se manifestaron las inquietudes en torno a la reforma minera que facilitaba la cancelación de permisos en el sector dominado por las mineras canadienses.

“La ministra Ng expresó su gratitud por el progreso entre Canadá y México en las reformas energéticas de México, abordando las preocupaciones de las empresas canadienses y espera con interés la resolución completa”, apuntó el gobierno canadiense en un comunicado.

La ministra canadiense Ng reconoció el compromiso de México con la minería sustentable y discutió la importancia de implementar reformas mineras que defiendan el comercio basado en reglas.

Recordó las importantes contribuciones de las empresas mineras canadienses al desarrollo de la economía mexicana, incluida la cadena crítica de suministro de minerales, que aseguró “es fundamental para construir la economía limpia del futuro”.

Para hoy se tiene previsto un encuentro entre las tres representantes comerciales de Norteamérica, como parte del seguimiento a la implementación del T-MEC a tres años de su entrada en vigor, en julio de 2020.

México no cederá en la controversia planteada por Estados Unidos y Canadá contra su política energética, en el marco del tratado comercial de Norteamérica T-MEC, advirtió este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”, aseguró el mandatario desde Puerto Vallarta, Jalisco, donde se llevó a cabo la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina.

López Obrador insistió en que “no hay ninguna violación” al T-MEC, y dijo que “le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso”, enfatizó.

Recordemos que Estados Unidos solicitó el pasado miércoles consultas para resolver disputas sobre la política energética del gobierno mexicano, primer paso en un proceso que podría conducir a represalias comerciales. Ese mismo día, Canadá anunció que también comenzaría con consultas propias con México, pues coincidian con que la política energética de México no concordaba con el tratado comercial.

México cuenta con 10 días para notificar si realizará o no la revisión de ese requerimiento, de acuerdo con la secretaría de Economía, encargada de coordinar la defensa del Estado. Una vez que inicie dicho proceso, se tendrán 75 días para encontrar un entendimiento de mutuo acuerdo o de lo contrario se procedería a abrir un panel de solución de controversias.

Desde que llegó al poder, López Obrador se ha empeñado en apuntalar la participación de Pemex y CFE en la generación de energía, mediante reformas a las leyes que regulan el sector. Pero Washington estima que esa política beneficia a las empresas estatales en detrimento de las estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia, en contradicción con el T-MEC.

El mandatario leyó este viernes el capítulo 8° del tratado titulado: ‘Reconocimiento de Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e Imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos‘, que a su juicio establece como “inalienable” el derecho del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos.

“Según lo dispone este Tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respeto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos.

En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que:

México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»

López Obrador anunció que el próximo 16 de septiembre dará respuesta a las consultas sobre políticas energéticas realizadas por Estados Unidos y Canadá

“Voy a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra Independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes. Ese día. (…) Vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto, pero no vamos a ceder”, sostuvo el mandatario.

AMLO se valió de la idea de que México, Estados Unidos y Canadá “se necesitan” para insistir en que no pasará nada a raíz de estas consultas. Dijo que “nuestra relación comercial es importantísima, pero no solo para nosotros, también para ellos. (…) Somos complementarios; estamos planteando que haya integración con respeto a nuestras soberanías”.

También apuntó que solicitó a Jesús Seade, exrepresentante de México en la renegociación del T-MEC, colaborar con asesoría para responder a las peticiones de los países socios.

Los cambios a la legislación han generado un fuerte rechazo entre los gobiernos y empresas de Estados Unidos, Canadá y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector, junto con Italia y Japón.

La participación extranjera y privada se limita a la fase de generación de energía, mientras que la transmisión y distribución son monopolio del Estado.

El gobierno mexicano fracasó en su intento de reformar la Constitución para restituir el control estatal sobre toda la cadena productiva, pero logró algunos cambios en leyes reglamentarias que fortalecen su papel en la generación.

Estados Unidos y México resolvieron una disputa laboral en una planta de Panasonic de nuestro país, y la compañía informó que renunciaría a un acuerdo con un sindicato sin autoridad legal para negociar, según informó la Oficina del Representante de Comercio estadounidense (USTR).

La titular de la USTR, Katherine Tai, pidió en mayo pasado a las autoridades de nuestro país la revisión del asunto bajo un mecanismo de respuesta rápida del tratado comercial de Norteamérica, el T-MEC, la tercera queja laboral de Estados Unidos dentro del mismo pacto que busca mejorar las condiciones laborales en México.

“El anuncio de hoy es otro ejemplo más del compromiso de la Administración Biden-Harris de defender los derechos de los trabajadores, incluidos los que viven más allá de nuestras fronteras”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Kaherine Tai, en el comunicado.

El acuerdo involucró a las instalaciones de Panasonic Automotive Systems ubicadas en Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos, “donde a los trabajadores se les negó previamente su libertad de asociación y derechos de negociación colectiva”, dijo la USTR en un comunicado.

Además de desechar la negociación con el sindicato que carecía de autoridad, la planta de Panasonic acordó eliminarlo, reconocer a uno independiente, el SNITIS, y reembolsar a los trabajadores las cuotas sindicales deducidas de los cheques de pago y los salarios no abonados por una huelga en la fábrica.

Previamente, la compañía dijo a la agencia Reuters que respetaba los derechos de libre asociación y negociación colectiva y que no creía que hubieran sido negados.

Por su parte la Secretaría del Trabajo de México dijo que todos los problemas planteados en la investigación habían sido resueltos y que vigilaría la planta para garantizar que empleados recontratados pudieran apoyar libremente al sindicato de su elección.

“El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía, ha concluido exitosamente la solicitud de revisión realizada el pasado 18 de mayo por el gobierno de Estados Unidos en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, expresó la dependencia mexicana.

Precisó que todas las acciones o hechos que fueron materia de investigación sueron solventadas dentro del plazo de 45 días naturales que establece el Tratado.

En junio, Panasonic y el sindicato recientemente electo, el SNITIS, acordaron un aumento salarial de 9.5% como parte de un nuevo contrato que se implementará si se aprueba en una votación de los trabajadores.

Estados Unidos alertó al gobierno mexicano de que no está haciendo lo suficiente para garantizar la conservación de la vaquita marina, la prevención de la pesca ilegal y el tráfico del pez totoaba.

En virtud del capítulo medioambiental del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC, la administración Biden requirió consultas con México para tratar estas tres cuestiones, al interpretar que México no está cumpliendo con las obligaciones fijadas por el tratado.

En una llamada telefónica con periodistas, el Representante de Comercio Asistente de Estados Unidos, Jayme White, explicó que esta es la primera vez que se piden formalmente consultas al gobierno mexicano por cuestiones medioambientales bajo el nuevo acuerdo comercial, incluida la protección de la vaquita marina, una especie en peligro de extinción.

La vaquita es el cetáceo más pequeño del mundo y su supervivencia depende 100% de México, porque no se encuentra en ninguna otra parte del planeta, y esto se incluye en capítulo medioambiental del tratado de libre comercio.

Con únicamente entre seis y diecinueve ejemplares vivos, la vaquita tiene como una de sus mayores amenazas la pesca ilegal, ya que caen en las redes de pesca a pesar de encontrarse mayoritariamente en el Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California.

La vaquita se ha convertido en víctima colateral de la captura en aguas de México de la totoaba, un pez cuyo buche es comprado por sumas exorbitantes en China, pese a que su exportación es completamente ilegal.

Washington busca discutir las obligaciones de México para prevenir la pesca y el tráfico ilegales del pez totoaba, agregó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en un comunicado.

“USTR está comprometida con la protección del medio ambiente y solicita esta consulta para garantizar que México cumpla con sus compromisos ambientales del T-MEC”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai. “Esperamos trabajar con México para abordar estos problemas”, agregó.

Al respecto, la Secretaría de Economía respondió que expondrá “esfuerzos y medidas” adoptadas por México para proteger a la vaquita marina y otras especies.

En un comunicado, la dependencia indicó que “ha recibido una solicitud de consultas por parte de Estados Unidos sobre la implementación de medidas para la protección a la vaquita marina al amparo del capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, el cual prevé un mecanismo de consultas sobre temas ambientales entre las partes.

Explicó que dicho mecanismo comprende tres instancias secuenciales: la primera, entre los funcionarios técnicos encargados del seguimiento al capítulo; la segunda, de no resolverse en la anterior, a través de los integrantes del Comité de Medio Ambiente; y una tercera, con la participación de los ministros relevantes de las partes.

Recordó que el T-MEC indica que las consultas deben celebrarse en un plazo de 30 días y sirven para evitar medidas más drásticas, que Estados Unidos podría tomar en otros 75 días.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó este jueves que en su reunión con el enviado especial del gobierno estadounidense para el clima, John Kerry, habló sobre la iniciativa de reforma eléctrica que envió al Congreso, a quien le aseguró que la propuesta no contraviene lo estipulado en T-MEC.

Además, López Obrador le habría dicho a Kerry que su iniciativa favorece las energías limpias, además de que combate los “negocios sucios” que tanto afectaron a México en las administraciones pasadas.

López Obrador se reunió ayer con Kerry, quien realizó una visita para abordar entre otros temas, la polémica reforma eléctrica, la cual ha causado preocupación en Estados Unidos y Canadá ya que podría afectar inversiones de ambos países y favorecería a la CFE.

“Fue una conversación amable, respetuosa (…) Le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios y vamos a convencer y persuadir que a todos nos conviene que no se (…) destruya a la CFE”, expresó López Obrador al dar detalles del encuentro.

Específicamente sobre las acusaciones que hay sobre que la reforma violaría el T-MEC, AMLO indicó que mo se afecta en nada el tratado, pues el T-MEC “no tiene nada que ver con la corrupción”, razón que le expresó a Kerry. “Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con Estados Unidos (…) no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos pero no aceptamos la corrupción”, sostuvo.

Y es que recordemos que la iniciativa otorga al menos 54% de la producción de electricidad a la CFE, contra el 38% que tiene actualmente, mientras que del 62% que detenta el sector privado, este pasaría a un máximo de 46%.

“Existe polémica porque consideramos que se dio preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, y es injusto que reciban subsidios con dinero público para que ellos obtengan energía barata mientras que los consumidores tienen que pagar más”, explicó.

Ayer, en un breve mensaje a medios en la cancillería, Kerry se dijo respetuoso de la soberanía de México y abogó por un mercado de electricidad abierto y competitivo.

Tras la visita de Kerry, ambos países acordaron instalar un “Grupo de Alto Nivel de Energías Renovables y Cambio Climático”, informó la cancillería mexicana.

México solicitó establecer un panel de solución de controversias en el marco del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, para resolver una “diferencia de interpretación” con Washington sobre reglas de origen del sector automotriz, informó el gobierno federal.

El panel solicitado por México buscará determinar que la interpretación y la aplicación por parte de Estados Unidos de las disposiciones del capítulo 4, referido a las reglas de origen automotrices, así como las reglamentaciones uniformes del T-MEC, “son incorrectas”, detalló la Secretaría de Economía.

“Estados Unidos impone a los productores automotrices requisitos incompatibles con el T-MEC a efecto de calcular el Valor de Contenido Regional (VCR) de vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes”, subrayó la depdencia que encabeza Tatiana Clouthier.

El argumento del gobierno de México sostiene que el apéndice automotriz del tratado otorga a los productores de automóviles distintas metodologías que les permiten considerar partes y componentes no originarios de Norteamérica en el cálculo del VCR, y que con ello el vehículo sea considerado originario a fin de obtener los beneficios arancelarios del T-MEC.

“Estados Unidos no coincide con esa posición y no permite a los productores de automóviles beneficiarse de esas metodologías”, reclama México, quien considera que la decisión de un panel “brindará certidumbre a la industria automotriz en beneficio de la competitividad de la región”.

Una vez presentada la solicitud se designará a los integrantes del panel y se emitirá un calendario procesal. La decisión deberá conocerse este año, según los plazos que establece el T-MEC.

No es el primer panel que se abre en la era T-MEC; Washington anunció el pasado martes que le ganó a Canadá un litigio sobre las cuotas lácteas canadienses.

Recordemos que el panel es una nueva fase de un diferendo iniciado el pasado 20 de agosto, cuando nuestro país solicitó celebrar consultas con Estados Unidos para resolver sus desacuerdos en torno a las reglas de origen automotriz, uno de los puntos más espinosos en la larga renegociación del tratado impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Las consultas, que duraron 75 días, no alcanzaron para resolver las controversias.

Y es que la industria automotriz regional es considerada la joya de la corona del multimillonario intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que alcanzó alrededor de 1.2 billones de dólares en 2019, previo al impacto de la pandemia.

No es la primera vez que México externa sus diferencias con la interpretación de Estados Unidos del T-MEC. En diciembre pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenazó con “todo tipo de represalias” comerciales contra Estados Unidos si ese país aprobaba créditos fiscales para vehículos eléctricos fabricados en territorio estadounidense porque, a su juicio, estaría vulnerando el tratado.

México podría recurrir a un arbitraje si Estados Unidos aprueba un subsidio para la fabricación de autos eléctricos, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es una preocupación de la industria automotriz de México porque es un subsidio que se contrapone al tratado comercial (T-MEC) y nosotros no estamos de acuerdo”, señaló el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

En tal sentido, el mandatario sostuvo que su gobierno no descarta la posibilidad de presentar un recurso, como lo establece el tratado, para que atienda la demanda en un panel internacional.

López Obrador agregó que su gobierno adelanta trámites para que Estados Unidos no aplique el subsidio y evitar un conflicto comercial, aunque no especificó cuáles y se abstuvo de plantear la posibilidad de imponer aranceles en represalia.

“No me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra porque hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en caso de que se llevara a cabo esta medida”, manifestó.

El presidente reconoció la preocupación de la industria automotriz nacional, que representa el 4% del PIB nacional, el 25% de las exportaciones y cuenta con un millón de empleos directos en México, según la Secretaría de Economía.

Y es que la propuesta del gobierno de Joe Biden para otorgar estímulos fiscales a la fabricación de vehículos eléctricos en ese país ha generado preocupación también en Canadá, con el que México y Estados Unidos firmaron el tratado de libre comercio TMEC a finales de 2018.

El pasado 10 de diciembre, Ottawa amenazó con imponer aranceles a productos estadounidenses si Washington sigue adelante con la idea, incluida en un paquete presupuestal de Biden por 1.75 billones de dólares y que está pendiente de aprobarse en el Congreso estadounidense.

A inicios de diciembre, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo que el gobierno federal ya había expresado su preocupación al Congreso estadounidense y al gobierno de Biden.

En ese momento, Clouthier indicó que la iniciativa es inconsistente con el T-MEC y los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que la propuesta es discriminatoria para los automóviles fabricados en México.

El gobierno federal advirtió este jueves que tomará acciones legales ante las disposiciones en el proyecto de ley ‘Reconstruir Mejor’ que el presidente Joe Biden  presentó al Senado, y que contempla otorgar subsidios de hasta 12,500 dólares para la compra de vehículos eléctricos fabricados con mano de obra sindicalizada en Estados Unidos.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo que esa iniciativa violaría las cláusulas de no discriminación del acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC. Indicó que el proyecto de ley discriminaría a las posibles exportaciones de vehículos eléctricos fabricados en México y favorecería a productores nacionales, algo que, según ella, está prohibido en el acuerdo.

“Tomaríamos represalias comerciales”, declaró Clouthier, al parecer en referencia a posibles aranceles. “Esta iniciativa es inconsistente con las obligaciones de los Estados Unidos en el T-MEC y con los acuerdos de la OMC”, agregó.

Clouthier consideró que la iniciativa podría costarle empleos a México y “podría generar presiones migratorias adicionales”.

Recordemos que la industria automovilística en México, en su mayoría conformada por fabricantes de Estados Unidos, Europa y Asia, ha resentido la escasez global de chips y las secuelas de la pandemia de coronavirus.

Se prevé que el proyecto de ley sea sometido a votación en el Senado a mediados de diciembre. La Casa Blanca dijo en un comunicado que “el crédito fiscal a los vehículos eléctricos en el esquema bajará el costo de un vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos con materiales y mano de obra estadounidenses en unos en 12,500 dólares para una familia de clase media”.

Así, ahora es México quien señala a Estados Unidos de violar el T-MEC. Hasta ahora los señalamientos eran del gobierno estadounidense al mexicano, a raíz de la iniciativa de reforma que el presidente López Obrador presentó en materia eléctrica.

En noviembre, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, expresó que Estados Unidos tenía “preocupaciones serias” frente a los intentos del gobierno mexicano para restringir la competencia en el sector eléctrico. Previamente, unos 20 representantes y senadores de Texas dijeron que la propuesta de López obrador “discriminaría a las empresas estadounidenses generadoras de electricidad”.

Y es que la propuesta de AMLO garantiza a la CFE una participación de mercado de al menos 54%, aunque el T-MEC prohíbe que se favorezca a empresas locales o gubernamentales.

Congresistas de Texas criticaron los intentos del gobierno de México para limitar la competencia en el sector de la energía eléctrica.

En una carta al embajador estadounidense, Ken Salzar, 20 congresistas y senadores de Texas criticaron los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para la participación de mercado de los generadores de energía privados y favorecer a la empresa estatal de servicios.

La carta, distribuida por el representante republicano August Pfluger, señaló que las nuevas normas “discriminarían a los productores de energía estadounidenses”.

La queja se produjo ayer, el mismo día en que el gobierno de nuestro país afirmó que encabeza una transición hacia fuentes de energía renovables, aunque López Obrador impulsa restricciones a proyectos de generación eléctrica de plantas eólicas y solares privadas.

Y es que López Obrador envió este mes al Congreso una iniciativa que cancelaría los contratos con los que 34 plantas privadas venden electricidad a la red nacional. El plan declara ilegales otras 239 plantas privadas que venden directamente electricidad a clientes empresariales en México. Casi todas estas plantas generan electricidad con fuentes renovables o gas natural.

La iniciativa también cancelaría muchos contratos de abastecimiento de electricidad de largo plazo y los esquemas de compra preferencial de electricidad a plantas de energía limpia, lo que afectaría principalmente a empresas extranjeras. La iniciativa coloca las termoeléctricas de gas natural casi al final de la fila en los derechos a vender electricidad en la red, a pesar del hecho de que generan electricidad un 24% más barata. Las plantas de CFE que queman combustóleo tendrán preferencia sobre las plantas privadas eólicas y solares.

La iniciativa garantiza a la CFE una cuota de mercado de “al menos” el 54% aunque el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) prohíbe favorecer a empresas locales o gubernamentales.

La carta de los legisladores de Texas señaló que “las reformas constitucionales propuestas por el gobierno mexicano incrementarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada. Estos pasos, entre otros, dañan nuestra vital asociación comercial con México y violan potencialmente los principios clave del T-MEC”.

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El gobierno de la 4T aseguró este miércoles cumplir con los compromisos adquiridos en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, esto luego de que se resolviera la primera queja laboral de Washington contra una planta mexicana, la de autopartes de Tridonex.

“México no necesita que le digan, en el buen sentido, qué hacer. México está comprometido a cumplir con las leyes y con los acuerdos que tiene en materia laboral”, sostuvo la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Y es que ayer, la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense Cardone por la presunta violación de derechos laborales en su fábrica Tridonex en Matamoros, Tamaulipas.

Y aunque se trata de la primera queja laboral bajo el T-MEC, la secretaria de Economía argumentó que no hubo violación de derechos porque los hechos reclamados ocurrieron previo a la entrada en vigor del acuerdo, el 1 de julio de 2020.

“Por ningún motivo el país puede permitir que se abra la puerta a que cualquier tema que haya sido antes de la entrada en vigor del T-MEC pueda ser puesto en la mesa para un mecanismo de seguimiento”, sostuvo la funcionaria en una rueda de prensa.

Con el T-MEC, Estados Unidos ha aumentado la presión para cumplir los derechos de los trabajadores e, incluso, la vicepresidenta Kamala Harris anunció 130 millones de dólares de cooperación en su visita a México de junio para que se implemente la reforma laboral.

Además de esta revisión en Tridonex, que México admitió el 19 de junio pasado, la USTR también pidió en mayo revisar conflictos laborales similares en la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato.

Al respecto, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, aseguró en la misma conferencia de prensa que el proceso con GM también “está encauzado” porque se hará una nueva legitimación del contrato colectivo. “En ambos casos no hay un panel de solución de diferencias y no hay ningún tipo de sanción al respecto”, indicó De la Mora.

Recordemos que la administración de López Obrador ha apostado por el T-MEC para recuperarse tras la contracción histórica de 8.2% del PIB que padeció en 2020 ocasionada por la crisis de la COVID-19. Clouthier dijo que mantienen la expectativa de crecimiento por encima del 5% pese a la tercera ola de contagios.

“La tarea y los retos continúan: consolidar la recuperación de empleos, potenciar nuestra industria a través del T-MEC, consolidar el desempeño del sector agrícola hacia el exterior y facilitar nuevas inversiones nacionales y extranjeras”, dijo Clouthier.

Clouthier agregó que el gobierno federal podría tomar acciones extras que apoyen sus planes de recuperación.

Destacó que luego del desplome de un 8.5% de la economía el año pasado debido a los estragos de la pandemia, las proyecciones de diversos organismos para el cierre de 2021 fueron mejorando a cifras incluso por encima del 6%.

“Aunque aún persisten situaciones que surgieron el año pasado y que están latentes con esta aparición de la nueva ola, (…) hemos dado pasos concretos para poder afirmar que la economía está reflejando una recuperación (…) Faltan acciones por desplegar que complementen a raíz de este prolongado COVID”, expresó la funcionaria sin dar detalles.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, aseguraron esta tarde que manifestaron al gobierno de nuestro país sus preocupaciones sobre la política energética que sigue.

Dichos planteamientos se hicieron durante la visita de ambas funcionarias a la Ciudad de México, por el primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Con respecto a las políticas energéticas que vemos que se discuten y prevén en el gobierno de López Obrador, las estamos observando muy de cerca”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai. “Estamos planteando nuestras preocupaciones (…), exploraremos vías para abordar nuestras preocupaciones”, añadió Tai en conferencia de prensa.

Y es que desde que asumió el poder, en diciembre de 2018, López Obrador se ha empeñado en reforzar el papel del Estado en el sector energético, lo que ha generado choques entre el gobierno y el sector empresarial.

En mayo pasado, un juez suspendió la aplicación de la ley nacional de hidrocarburos, indicando que podría afectar la “competencia y la libre concurrencia” en la industria.

En marzo pasado, el mismo magistrado había suspendido indefinidamente la ley de la industria eléctrica que buscaba dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía en sus plantas, sin importar el costo y la tecnología.

López Obrador argumenta que las reformas son necesarias para evitar que los precios de la energía aumenten.

Las tres funcionarias revisaron igualmente el tema laboral. Washington ha invocado en dos ocasiones los mecanismos de disputa del tratado de libre comercio para pedir a México investigar violaciones de derechos sindicales en el sector automotor, especialmente en una planta de General Motors.

En una declaración conjunta, los tres países reafirmaron su compromiso con las cadenas de suministro y la competitividad económica de América del Norte, que han generado un crecimiento económico significativo y beneficios para la gente, las empresas y los trabajadores en los tres países.

Aseguraron que el T-MEC ha fortalecido la competitividad de la región y la ha reforzado como el bloque económico más dinámico del mundo. El tratado reemplazó en julio de 2020 al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), vigente desde hacía casi 25 años.

Las secretaria o ministras encargadas de asuntos comerciales de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán el próximo 7 de julio en la Ciudad de México, esto con el fin de conmemorar el primer aniversario de la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC.

En un comunicado conjunto, las autoridades de los tres países informaron este jueves que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la ministra canadiense de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional, Mary Ng, se reunirán la próxima semana en la CDMX.

“Las ministras intercambiarán puntos de vista en torno a los logros alcanzados durante el primer año del tratado, así como las oportunidades para asegurar el crecimiento y la competitividad de la región a largo plazo”, detallaron.

Los tres gobiernos destacaron que estas reuniones son una oportunidad para continuar el diálogo productivo establecido durante la reunión de la Comisión de Libre Comercio celebrada en mayo pasado.

Además, “demuestran cómo México, Estados Unidos y Canadá trabajan juntos como amigos, vecinos y aliados para construir una alianza económica norteamericana resiliente, competitiva e inclusiva”.

Y es que este jueves 1 de julio se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor del T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.

El nuevo acuerdo incluye varios cambios importantes, especialmente los apartados dedicados a la economía digital y la protección medioambiental y de trabajadores, en un flujo comercial entre los tres países que asciende a un valor de más de 1.2 billones de dólares anuales.

Clouthier, Tai y Ng participaron ayer en una conferencia virtual organizada por el centro de estudios Wilson de Washington en la que celebraron el tratado comercial trilateral como un “poderoso motor” de la “recuperación económica” y la mejora de la “competitividad” regional.

Estados Unidos, México y Canadá celebraron este miércoles el primer aniversario del nuevo tratado comercial, el T-MEC, al que calificaron como un “poderoso motor” de la recuperación económica y la mejora de la competitividad regional.

Así se expresaron las tres secretarias o ministras encargadas del área comercial en una conferencia virtual organizada por el centro de estudios Wilson de Washington con motivo del primer año en vigor del acuerdo.

Recordemos que el T-MEC entró en vigor el 01 de julio de 2020, después de unas complejas negociaciones que se prolongaron durante varios años.

Para atestiguar la entrada en vigor del tratado, el presidente López Obrador viajó a Estados Unidos para participar en un evento en La Casa Blanca, junto al entonces presidente Donald Trump. Dicha visita ocasioné múltiples críticas, pues se dio en el marco de la elección presidencial en dicho país.

“Debemos celebrar el renovado compromiso entre los tres países para mejorar los estándares comerciales, y mejorar la competitividad regional”, dijo Katherine Tai, representante de Comercio Exterior del gobierno de los Estados Unidos.

Tai destacó el “amplio respaldo” logrado en el Congreso para la modernización de un acuerdo que había sido diseñado en 1993; destacó el “refuerzo” en las normas laborales y protección medioambiental.

Por su parte, la secretaria de Economía del gobierno mexicano, Tatiana Clouthier Carrillo, destacó que el acuerdo es un “poderoso motor” para la recuperación económica de los tres países en medio de los retos que trajo consigo la pandemia.

El nuevo acuerdo incluye varios cambios importantes, especialmente los apartados dedicados a la economía digital y la protección medioambiental y de trabajadores, en un flujo comercial entre los tres países que asciende a un valor de más de 1.2 billones de dólares anuales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró positivo que por primera vez se use el mecanismo rápido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para asuntos laborales tras una demanda de los trabajadores de General Motors en México.

Cuestionado sobre este asunto, López Obrador dijo que de inmediato se va a responder a la petición de Estados Unidos.

“Porque es parte en efecto del tratado, es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tiene que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente y también de manera democrática a sus representantes sindicales”, dijo.

AMLO dijo que si en una empresa que “exporta” a Estados Unidos hay “malos tratos a los trabajadores” y no “se están pagando salarios justos y no hay democracia, se tiene que intervenir”.

Indicó que se establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla con sus obligaciones laborales.

Y es que el gobierno de Estados Unidos pidió a nuestro país, a través de un mecanismo del T-MEC, que investigue los informes sobre posibles violaciones graves de los derechos de los trabajadores de una planta de General Motors en Guanajuato.

Esta petición se hizo a través de la Oficina del Representante de Comercio (USTR), organismo encabezado por Katherine Tai.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

“En el marco de este proceso, la STPS acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación”, dijo la dependencia a través de un comunicado.

Por ello se declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.

“A través de la implementación de estas medidas, la STPS ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral”, concluyó el boletín.

En tanto, Katherine Tai dijo este miércoles que se aliará con el gobierno de nuestro país para tratar de evitar una feroz competencia salarial para los trabajadores estadounidenses y mexicanos.

Tai dijo ante el Comité de Finanzas del Senado que utilizará las nuevas disposiciones laborales específicas para las fábricas que están contempladas en el T-MEC para abordar los problemas laborales en México.

“Este uso del mecanismo de respuesta rápida demuestra que actuaremos cuando a los trabajadores en ciertas instalaciones se les nieguen sus derechos bajo las leyes necesarias para cumplir con las obligaciones laborales de México”, dijo Tai.

Este caso coincide con la primera denuncia laboral que se presenta contra México en Estados Unidos bajo el T-MEC por parte de la AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos.

La petición de la AFL-CIO establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros se les negó representación sindical independiente en violación del tratado. Según se ha reportado, cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por un nuevo sindicato que encabeza la activista y abogada Susana Prieto.

Prieto ha denunciado que cerca de 600 trabajadores de Tridonex fueron despedidos el año pasado, los cuales apoyaban la formación del nuevo sindicato, por lo que dichos despedidos han sido señalados como represalia.

La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, que tiene sede en Filadelfia, y es controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) criticó este miércoles la reforma eléctrica que se aprobó la semana pasada en nuestro país, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La reforma a la LIE (Ley de la Industria Eléctrica) representa un retroceso en la lucha contra el cambio climático, una afrenta a la salud y un riesgo para la economía nacional”, señaló la ICC en un comunicado.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, este martes fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Recordemos que la polémica reforma prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por delante de los generadores privados de energías renovables.

“La ICC México considera que existen elementos para sostener que la reforma a la LIE es inconstitucional y anticonvencional”, expresó el organismo.

A su juicio, la reforma “viola” la defensa de los derechos humanos, el derecho a la salud y a un medioambiente sano, el principio de seguridad jurídica, la prohibición de monopolios y el respeto a los tratados internacionales.

Aseguró que es contraria a la protección de la inversión extranjera, a la competencia y a las prácticas reguladoras del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde julio del año pasado.

“Como consecuencia, se advierte una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma”, advirtió la ICC.

El organismo recordó que en el pasado los tribunales ya defendieron “con gallardía” a la Constitución y a los acuerdos internacionales suscritos de México.

Puso como ejemplo los intentos del gobierno de eliminar los Certificados de Energía Limpia, suspender las pruebas de las centrales eólicas y fotovoltaicas e incrementar las tarifas para los sectores energéticos industrial y comercial; dijo que todo eso encontró “tope en el Poder Judicial”.