Con 24 votos a favor y uno en contra el Congreso de Tabasco aprobó en lo general y en lo particular reformas al Código Penal que contemplan la incorporación del nuevo delito de “impedimento de ejecución de trabajos y obras”, con lo que castigará hasta con 20 años de cárcel el bloqueo de obras públicas o privadas y cierres carreteros con fines de extorsión.
La mayor pena planteada por los legisladores de hasta 20 años de cárcel, está dirigida a quienes impidan la ejecución de obras exigiendo “dádivas, cuotas o la obtención de un empleo” y además ejerzan violencia o utilicen a menores de edad en sus movilizaciones.
Durante la sesión se modificó el artículo que contemplaba la sanción a cualquier movilización que impidiera el libre tránsito y afectara las vías de comunicación, aprobado en comisiones el fin de semana, y los legisladores acordaron especificar que las penas sólo son para quienes lucren con sus manifestaciones.
El congreso de Tabasco de mayoría morenista defendió estos cambios propuestos por el gobernador Adán Augusto López Hernández, al señalar que de esta manera se pondrá un freno a los pseudosindicatos que bloquean accesos petroleros o interfieren con el trabajo de empresas en municipios como Cárdenas o Paraíso, donde se construirá la nueva refinería.
La modificación establece ahora que “al que extorsione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años”.
La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia.
