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El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Marina, informó que las tarifas de servicios aeroportuarios que aplican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tendrán una actualización a partir del próximo 1 de enero.

Se trata de las tarifas de aterrizaje plataforma para embarque desembarque de pasajeros, pernocta de aeronaves y la revisión que aplica los pasajeros antes de ingresar a las salas de abordaje, las cuales enfrentarán las más de 20 aerolíneas de México y otros países.

Las autoridades del AICM recordaron que desde su publicación el 23 de febrero de 2010, las tarifas habían permanecido sin incremento desde su entrada en vigor el 01 de marzo de 2010, es decir, más de trece años.

“Estas tarifas presentan un gran rezago respecto a las que manejan los aeródromos que conforman los grupos aeroportuarios ASUR, GAP y OMA”, justificó.

Además, dijeron que con el fin de eficientar la operación del AICM y coadyuvar al saneamiento de sus finanzas, se determinó la actualización de las tarifas de servicios aeroportuarios.

A partir del primer minuto del próximo 1 de enero, las aerolíneas deberán pagar un 77% más, en promedio, por los servicios del aeropuerto.

Con este ajuste de tarifas, el AICM será uno de los aeropuertos internacionales más caros de la región, por encima de terminales como las de Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Argentina y Lima.

Entre los ajustes que se anunciaron, está la TUA, que dijo, obedece a una actualización anual que determina la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a partir de cada 01 de enero.

Para el caso del AICM, tendrá un incremento de 3.24% comparado con el 2022. Así se colocará como una de las tarifa por uso aeroportuario más caras del mundo.

Especialistas han señalado que la actualización de tarifas encarecerá los boletos de avión, teniendo una repercusión directa a los bolsillos de los usuarios, además de que afectará las finanzas de las empresas.

Las reacciones no se hicieron esperar. La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canero) indicó que pese a que el AICM argumenta que las tarifas de los servicios aeroportuarios, no han sido ajustadas, su alta rentabilidad no justifica más incrementos y menos aún con porcentajes desmedidos.

Alertó que los ajustes anunciados afectan a las empresas, a los pasajeros y restarán competitividad al principal centro de conectividad aérea del país y de toda América Latina.

También recordó que aeropuerto capitalino genera ingresos suficientes para una operación óptima inclusive con utilidades. Precisó que en 2022, el AICM generó casi 18,500 millones de pesos de los cuales más del 73% fue por los cargos de TUA a los pasajeros y los servicios aeroportuarios a las aerolíneas.

Sin embargo, indicó que el problema de fondo es que dichos ingresos no se destinan integralmente para mantener e incrementar su infraestructura.

Finalmente dijo que la TUA que se cobra a los pasajeros es una de las máscaras del mundo, no obstante que su infraestructura y servicios son menores en cantidad y calidad comparados con otros aeropuertos relevantes.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en su calidad de operador, anunció la tarde de ayer que recibió instrucciones del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para ajustar las tarifas de los caminos y puentes concesionados.

Las tarifas, que anunció entrarían en vigor a partir de las 00:00:01 horas de este miércoles, consideraban la actualización de comparar los índices inflacionarios de diciembre de 2020 y 2021.

CAPUFE explicó que la nivelación tarifaria corresponde al 7.36% promedio para los caminos y puentes concesionados a dicho fideicomiso, aunque para el corredor México–Acapulco se había determinado un incremento adicional dentro del límite del 10% como respuesta al aplazamiento que ha sufrido el aumento de las cuotas en este tramo.

Sin embargo, esta mañana, CAPUFE emitió un nuevo comunicado en el que señaló que los ajustes anunciados quedaban suspendidos hasta nuevo aviso, debido a instrucciones giradas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

CAPUFE había justificado que los recursos recaudados por peaje de las autopistas integradas en la red concesionada, se emplean para cubrir los gastos asociados a la operación y conservación; además de que son destinados para otorgar apoyos financieros para el desarrollo de proyectos en los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo, en beneficio de la población.

En los ajustes anunciados y ahora cancelados, llamaban la atención los siguientes peajes: en la autopista México-Pachuca todos los vehículos particulares pagarían 6.89% más de tarifa, pasando de 58 pesos a 62. En la autopista Peñón-Texcoco, el peaje aumentaría 4 pesos, pasando de 50 a 54 pesos, un aumento de 8%.

En la autopista México-Toluca se presentaría un aumento de 6.18% pasando de pagar 91 pesos a 97. En el caso del Circuito Exterior Mexiquense, en casetas como la de Tultitlán o Las Américas había un aumento cercano al 10%.

Otros casos que llamaban la atención era en la México-Cuernavaca, donde de pagar 122 pesos pasaría a 138; en la México-Puebla se alcanzarían los 197 pesos; en la Cuernavaca-Acapulco se pasaría de 525 a 596 pesos y en México Querétaro se pagarían 198 pesos.

El 63.8% de los mexicanos está a favor de la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se comienza a discutir en el Congreso, según una encuesta divulgada este miércoles por la firma Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

Según el ejercicio, el 28.1% de los mexicanos está “muy de acuerdo” con esta reforma constitucional, mientras que el 35.7% está “algo de acuerdo”.

Asimismo, un 13.6 % está “algo en desacuerdo” y un 17.3 % está muy en desacuerdo, mientras que un 1.3% no está “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.

Otro dato que revela la encuesta: el 38.5% de los consultados consideró que los precios de la luz bajarán, mientras que un 27.1% opinó que estos seguirán igual. Un 27.8% indicó que de concretarse la reforma, los precios aumentarán.

Sobresale también que el 45.8% de las personas consideran que pagan más por la luz que las empresas, frente a un 21.2% que estima que paga igual y un 22% que cree que pagan menos. Esta es una idea que el presidente López Obrador ha venido sosteniendo desde que presentó su iniciativa.

El 36.7% de los mexicanos cree que la inversión privada aumentará con la reforma eléctrica, frente al 6.4% que opina que esta inversión seguirá igual. Un 39.6% cree que esta disminuirá.

Preguntados sobre la energía renovable, el 85.8% de los encuestados consideraron que la reforma energética debe contemplar un “mayor uso de energías limpias”, mientras que el 8.7 % dijo que “no es necesario” y el porcentaje restante no supo responder a la pregunta.

Recordemos que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo ha causado un sinfín de críticas pues entrega un mínimo de 54% de la generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que desaparece los reguladores autónomos de la energía (CRE y CENACE).

También nacionaliza el litio y cambia el criterio del despacho de electricidad para priorizar siempre las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las eólicas y solares de privados.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno está cumpliendo el compromiso de no aumentar, en términos reales, los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, tal como lo prometió cuando asumió el poder.

Incluso dijo, además de no incrementar los precios, indicó que ha habido incluso una disminución.

Lo dicho por AMLO, se contrapuso con lo expuesto por el director de CFE Suministro Básico, Martín Mendoza, quien al intervenir en la conferencia matutina, reconoció un incremento en el costo de la luz debido al consumo “excedente” y al ajuste acumulado de la inflación.

“Sí hubo una condición de incremento obviamente, porque los clientes que estaban en el rango moderado o excedente, pues con un 20 por ciento más de su consumo pudieron experimentar 60 por ciento más en el costo, porque se van a un escalón excedente y ese no tiene mayor subsidio”, dijo el funcionario.

Dijo que hay casos de quienes tuvieron un consumo excedente entre el 30% y 50%, y que pudieron experimentar hasta un 100% de aumentos, aunque aclaró que dicho incremento no está asociado a que hayan pasado a la tarifa doméstica de alto consumo.

Sin embargo, López Obrador insistió en el fortalecimiento de la CFE, lo que garantizará el abasto de energía ya que aseguró que la empresa nacional tiene capacidad de producción.

Sostuvo que la CFE es una empresa de los mexicanos y sin fines de lucro, por lo que su función fundamental es mantener las tarifas de la energía eléctrica por debajo de la inflación.

Martín Mendoza adelantó que para este 2021, la tarifa doméstica tendrá un crecimiento anualizado del 3.3%, de acuerdo con lo ordenado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre no aumentar el costo mas que la inflación.

“La tarifa doméstica en el acuerdo con la Secretaría de Hacienda es que iba a tener un crecimiento anualizado de 3.3 por ciento, que fue el mandato del Presidente de no crecer más que la inflación. Actualmente la tarifa doméstica, esos 40 millones de clientes han experimentado un incremento acumulado súbito mensual del punto 2 por ciento”, refirió.

Indicó que en el Acuerdo 39/2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril del 2020, se estipuló que ningún usuario será reclasificado a la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). Esta tarifa supone el costo más alto que puede pagar un usuario doméstico y se alcanza por la eliminación total del subsidio a los bloques iniciales del consumo.

Señaló que en el decreto se indica que a partir del 18 de abril de 2020 ningún usuario doméstico ingresará a la tarifa DAC independientemente de sus niveles de consumo, mientras que los que ya estaban en esta modalidad y reduzcan su nivel de consumo, podrán reclasificarse a la de subsidio.

Enfatizó que los consumos registrados durante la pandemia, aun cuando ésta concluya, no se contabilizarán para su reclasificación a tarifa DAC.

Sobre el tema energético, López Obrador aseguró que no se está impidiendo a particulares que participen en el mercado eléctrico, y muestra de ello dijo, algunas empresas se están acercando a la CFE para llegar a acuerdos.

“No se está impidiendo que los particulares participen en el mercado eléctrico, es poner orden y establecer reglas claras. Muchos ya están acercándose a la CFE para llegar a acuerdos. Hay otros que más por razones políticas que económicas se van a juicio. Esa es otra cosa”, recriminó el presidente.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció este martes la existencia de un “mercado negro de energía eléctrica”, que le cuesta al país y a la compañía,  alrededor de 7,600 millones de pesos anuales.

Mario Morales Vielmas, Director General Intermediación de Contratos Legados, dijo que, aunque hay un cumplimiento aparente de la normatividad, se trata de una simulación que costó a la CFE 7,820 mdp en 2018, 7,000 mdp en 2019 y se calcula que alcanzará los 8,000 mdp en 2020.

Explicó que previo a la Reforma Energética existía la figura de autoabastecedor, la cual permitía a las grandes industrias generar su propia electricidad. Sin embargo, señaló que hoy existen sociedades simuladas, con hasta 10 mil socios, para comprar y vender energía fuera del Mercado Eléctrico Nacional.

“Hay empresa que se hicieron socias con un peso, que se integran a esas sociedades y su acción vale un peso con el cual cumplen en automático las condiciones supuestas del autoabasto y esto está generando un mercado paralelo inequitativo, injusto, que compite con el mercado eléctrico mayoristas. Un mercado negro eléctrico”, puntualizó.

Sostuvo que a través del esquema de autoabastecimiento, grandes empresas o consorcios, principalmente acereros, cementeros o mineros, han distorsionado el mercado simulando la compra-venta de energía eléctrica.

Denunció que dichas sociedades generan su propia electricidad, pero para transportarla a sus clientes finales, utilizan la red de distribución de la CFE sin pagar el porteo correspondiente o pagando tarifas muy bajas. En ese sentido, advirtió que se buscará la forma de que paguen el costo real del servicio de transporte.

La CFE enfatizó que si se logra eliminar el mercado negro eléctrico, “podrían disminuir las tarifas para todos los servicios”, pues se reconoció que sí ha habido un aumento en las tarifas eléctricas del sector doméstico.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó nuevas tarifas que deberán pagar empresas generadoras a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la transmisión de energía.

La CRE indicó que las nuevas tarifas serán aplicadas a las empresas con contratos firmados con la CFE antes de la reforma energética del sexenio pasado.

Esto incluye a todas las empresas que utilicen la red de transmisión, sean renovables o no, dijo la CRE en un comunicado y añadió que el cambio en las tarifas responde a una solicitud de la CFE de marzo del 2019.

“Los cargos por porteo no reflejaban los costos justos y proporcionales por la prestación del servicio”, dijo la CRE en un comunicado. Esto “provoca la existencia de condiciones de competencia inequitativa en el Mercado Eléctrico”, añadió. La CRE no dio detalles sobre nuevos cobros.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), estimó que el alza sería entre cinco y 10 veces sobre la tarifa actual y afectaría a un centenar de empresas, aunque reconoció que no han recibido detalles de lo aprobado por la CRE.

“Es un nuevo paso en el camino hacia inhibir la competencia y poner barreras arbitrarias y violar los derechos de la iniciativa privada”, dijo el presidente del CCE, Carlos Salazar, en una conferencia de prensa virtual.

La IP consideró que alza de las tarifas a contratos legados es un “electrolinazo”, lo cual afecta la confianza de los inversionistas y la competitividad del país.

De acuerdo con el representante empresarial, de la totalidad de la electricidad que se produce en México, el 54% es de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 46% de los privados, lo cual no ha sido fruto de componendas, sino de una ley que permitió su entrada y por 30 años han ido invirtiendo.

“Estamos parados en un momento total y absolutamente inadecuado, donde deberíamos preocuparnos con otro tipo de problemática, ante esta situación, que es una afrenta el Estado de derecho, que busca captar al sector privado por la vía regulatoria, como ya hemos denunciado y se ha visto reflejado hasta ahora en cuatro acciones que ha promovido la Comisión Federal de Electricidad ante la Secretaría de Energía y los organismos reguladores”.

Salazar Lomelín expuso que si se sigue ejecutando este pliego petitorio de la CFE, se lastimará aún más la competitividad del país, la capacidad de atracción de las inversiones y la generación de empleo.

Roque González, presidente de la Comisión de Energía del CCE, señaló que las empresas que generan el 14% del PIB del país van a ser afectadas, desde automotrices, industriales, educación, hospitales, municipios.

Ante la información que comenzó a circular en medios y redes sociales sobre un aumento del 4% en las tarifas eléctricas para el sector doméstico en el mes de abril, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que sí había un incremento, equivale a la inflación anual, pero no del porcentaje reportado.

La empresa productiva el Estado indicó que los cargos de las tarifas finales de suministro básico para uso doméstico son determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con base en la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2018.

Tomando en cuenta eso, mencionó que las tarifas domésticas de bajo consumo aumentan mensualmente con un factor que, al término de 12 meses, equivale a la inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. Aclaró que ni la CFE, ni los costos de combustibles intervienen en su determinación.

En ese sentido, precisó que la SHCP notificó a CFE los cargos para el año 2020 de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico el día 19 de diciembre de 2019, donde determina un factor de ajuste mensual de 1.00245, equivalente a la inflación anual al mes de noviembre del 2019 de 3%; “no el 4 % directo en el mes abril, ni en ninguno de los meses de este año”.

Explicó que la cuota de bajo consumo fue en el mes de marzo de $0.835 pesos (0.84 centavos), pasando a $0.837 (0.84 Centavos) en el mes de abril de este año, lo que representa un incremento directo de un mes a otro únicamente de $0.002 pesos respecto al mes previo; lo que resulta un impacto porcentual de 0.23% de incremento de un mes a otro.

“La CFE desmiente la información sobre el supuesto aumento al costo de la energía eléctrica y exhorta a no difundir noticias falsas que ponen innecesariamente en alerta a la población”, indicó la Comisión.

Al respecto, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, señaló a través de sus redes sociales que la información que circulaba era falsa, y dijo que “no me mando solo, el Presidente ordenó que la tarifa no subiera por encima de la inflación, y así ha sido”.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez del PRD) pidió al gobierno del Estado de México reconsiderar el aumento del 20% al costo del transporte público, que entró en vigor el pasado 1 de enero, pues afecta la economía de más de 6 millones de usuarios.

Mediante un comunicado, la legisladora detalló que dicho incremento también se aplicó a los servicios que prestan el Mexibús y Mexicable.

Calificó como una “burla” autorizarlo, ya que los asaltos con violencia en el transporte público se han incrementado 700%, las unidades son obsoletas y los conductores carecen de la mínima preparación.

Precisó que, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2018, los robos se incrementaron en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán; “lo que evidencia que en la zona oriente de la entidad, los delincuentes actuaron con total impunidad”.

Lamentó que ni las autoridades estatales ni municipales, así como los concesionarios, hicieran algo por evitar que la delincuencia afectara la integridad física y el patrimonio de los usuarios, quienes ahora sufren un “nuevo golpe” con el aumento del 20% al pasaje.

Consideró necesario diseñar e implementar una estrategia de seguridad para garantizar la vida de los pasajeros. Asimismo, solicitó a la administración de la entidad no retirar el subsidio al transporte público del 50%, a estudiantes y personas de la tercera edad.

Los transportistas que macharon desde diversos puntos de la capital arribaron al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí anunciaron que en caso de no ser atendidos por la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, realizarán una manifestación mayor el próximo 17 de septiembre.

Así lo señaló Francisco Carrasco Rodríguez, representante de la agrupación Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), quien indicó que entre sus peticiones está el aumento de tarifas, certeza jurídica y legal, así como su rechazo a la mecánica de contadores a las unidades.

Subrayó que si bien hoy las unidades que salieron a las calles representan 10% del total, en la próxima manifestación llevarán al 50% de la flotilla.

“Pedimos a la autoridad que nos atienda, pedimos que esté atenta y que realmente abra una mesa de diálogo”, recalcó mientras continuaba el arribo de camiones, microbuses, autobuses y camionetas.

Explicó que entre sus peticiones se encuentra el aumento de mínimo dos pesos de tarifas del transporte colectivo, con lo que quedaría en siete y ocho pesos el pasaje mínimo.

Los diferentes representantes de los transportistas, integrados en las rutas 112, 18, 88, 10, 101, 89, 47, 24, 04, 42 y 43, abarrotaron la plancha del Zócalo capitalino y sus alrededores para exigir “piso parejo” e insistieron en establecer mesas de diálogo para alcanzar un acuerdo.

Desde muy temprano, minutos después de las 07:00 horas, los manifestaciones partieron de las afueras de las estaciones del Metro General Anaya, La Raza, Puebla y desde Avenida Constituyentes, para arribar cerca de las 10:00 horas a la plancha del Zócalo capitalino.

Por su parte el gobierno capitalino informó que en las movilizaciones participan un total de mil personas con 300 unidades. Reconoció que si bien los inconformes exigen el aumento a las tarifas, rechazan que el Gobierno equipe sus unidades con GPS, contadores y cámaras para brindar seguridad a los usuarios, así como incorporarlos al registro de operadores.

Al decir que están en la disposición al diálogo para encontrar acuerdos que permitan atender los planteamientos de los transportistas, puntualizó que no está sobre la mesa el incremento de tarifa a los usuarios este año.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo alcanzado con México sobre migración hará más por su país que la labor de los demócratas.

A través de su cuenta de Twitter, Trump señaló que los demócratas no están haciendo “nada” para detener el paso de migrantes ilegales a los Estados Unidos y aseguró que lo que ellos quieren es tener fronteras abiertas.

“Ahora, con nuestro nuevo acuerdo, México estará haciendo más por los Estados Unidos en cuanto a la migración ilegal que los demócratas. De hecho, los demócratas no están haciendo nada, quieren fronteras abiertas, que significa migración ilegal, drogas y delitos”, publicó el mandatario.

En otro mensaje, el presidente de Estados Unidos afirmó que uno de los acuerdos firmados es “muy importante”, ya que su país lo quería conseguir desde hace muchos años. Aunque no dijo de qué se trata, anticipó que, para hacerlo posible, se necesita de la aprobación del poder legislativo mexicano; de no alcanzar la votación necesaria, amenazó Trump, las tarifas arancelarias se aplicarán.

El acuerdo de Estados Unidos con México, alcanzado el viernes pasado, se da luego de la amenaza de Trump de imponer aranceles a México si no hacían nada por detener el flujo de migrantes que llegan a la frontera norteamericana. Luego de las negociaciones de la comitiva mexicana, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se logró frenar esa amenaza arancelaria a cambio de desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur de México y de convertir al país en un “tercer país seguro”.

Los republicanos en el Congreso han comenzado a discutir si podrían tener que votar para bloquear las nuevas tarifas planeadas por el presidente Trump a México, lo que podría provocar un segundo estancamiento este año sobre el uso de los poderes ejecutivos por parte de Trump para eludir al Congreso, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

La votación, que sería el acto de desafío más dramático del Partido Republicano desde que Trump asumió el cargo, también podría tener el efecto de bloquear miles de millones de dólares en los fondos del muro fronterizo que el presidente había anunciado en febrero cuando declaró una emergencia nacional en la frontera sur, dijo la gente, que habló bajo condición de anonimato porque las conversaciones son privadas.

Los planes de Trump para imponer aranceles a México, con quien Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio, se basan en la declaración del presidente de una emergencia nacional en la frontera. Pero la ley le da al Congreso el derecho de anular la determinación de emergencia nacional al aprobar una resolución de desaprobación.

El Congreso aprobó dicha resolución en marzo, luego de que Trump reasignara los fondos del muro fronterizo, pero él la vetó. Ahora, a medida que crece la frustración en el Capitolio por la última amenaza arancelaria de Trump, una segunda votación podría obtener una mayoría a prueba de veto para anular la emergencia nacional, que a su vez podría socavar tanto el esfuerzo del muro fronterizo como las nuevas tarifas.

Los legisladores republicanos no están dispuestos a verse envueltos en un conflicto con el presidente. Pero algunos sienten que podrían tener que tomar medidas luego de un consenso creciente dentro del GOP de que estas nuevas tarifas equivaldrían a aumentos de impuestos para las empresas y los consumidores estadounidenses, algo que representaría una profunda violación de la ortodoxia de los partidos. Trump ha dicho que aplicará aranceles del 5 por ciento a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio, aumentando otro 5 por ciento al mes hasta octubre, a menos que México detenga toda migración ilegal hacia los Estados Unidos.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca saben que los legisladores están considerando la táctica, pero aún no han decidido cómo responder. Trump tenía la esperanza de que amenazar con imponer aranceles contra las importaciones mexicanas conduciría a importantes concesiones del gobierno mexicano. Pero los funcionarios de la Casa Blanca no han articulado exactamente lo que quieren que haga el gobierno mexicano, lo que genera un temor creciente entre algunos legisladores de que la Casa Blanca siga adelante con los aranceles cuando estén programados para entrar en vigencia el 10 de junio.

La Casa Blanca defiende la amenaza arancelaria diciendo: “México debe ‘hacer más’ para detener a los migrantes”.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo el 31 de mayo que México necesita “hacer más” para detener el flujo de inmigrantes indocumentados que cruzan a los Estados Unidos.

El lunes, los legisladores de ambos partidos, incluidos varios de los principales republicanos, advirtieron que Trump estaba arriesgando la destrucción de un acuerdo comercial pendiente con México y Canadá al prepararse para imponer sanciones de importación a los productos mexicanos.

Los legisladores instaron a Trump a abandonar las tarifas previstas. De lo contrario, dijeron, el acuerdo comercial pendiente conocido como Tratado Estados Unidos-México-Canadá, o T-MEC, probablemente fracasará.

 

 

Con información de The Washington Post

A partir de este viernes, Estados Unidos aumentó del 10 por ciento actual al 25 por ciento los aranceles a las importaciones chinas valoradas en 200 mil millones de dólares, mientras China amenazó con responder con “contramedidas”.

La subida de aranceles entró en vigor horas después de que los negociadores de Estados Unidos y China se reunieron el jueves con la esperanza de volver a encarrilar las conversaciones comerciales.

Se espera que las discusiones se reanuden este viernes, pero la Casa Blanca dijo que no tenía planes de suspender el aumento tarifario programado, lo que aumentará los impuestos a más de cinco mil productos chinos, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Los aranceles incrementados este viernes afectan a más de un tercio de las exportaciones chinas anuales a Estados Unidos, entre ellos productos como cereales, textiles, material de construcción, productos químicos y combustibles.

China reaccionó este viernes y anunció que tomaría represalias después de que Estados Unidos se moviera para aumentar los aranceles de cientos de miles de millones de dólares en productos chinos, rompiendo una tregua de meses y complicando seriamente las conversaciones en curso.

“La parte china lamenta profundamente (las acciones de Estados Unidos) y tendrá que tomar contramedidas”, dijo el Ministerio de Comercio de China en un comunicado poco después de que Estados Unidos comenzara a aumentar los aranceles a los productos chinos, indicó la agencia Xinhua.

El Instituto Mexicano del Seguro Social actualizó la tarifa de los servicios que presta a las personas que no son derechohabientes en sus unidades de primero, segundo y tercer nivel, así como de las consultas, estudios de laboratorio, procedimientos de especialidades, curaciones y urgencias.

En el acuerdo relativo a los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el caso del primer nivel, los estudios de laboratorios clínicos se encuentran en el rango más bajo, con un costo de 107 pesos y, en contrapartida, la intervención de tococirugía es la más cara, con una tarifa de 10 mil 106 pesos.

Asimismo, el documento indica que la consulta dental tendrá un costo de 832 pesos; la atención de urgencia, 727 pesos; y la sesión de hemodiálisis, 4 mil 757 pesos.

De igual modo, en las unidades de segundo nivel, el servicio más económico es la Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional con un costo de 83 pesos, mientras que los más caros son: el Procedimiento de Hemodinámica, con un precio de 42 mil 864 pesos, y el de Terapia Intensiva, con un costo de 37 mil 410 pesos.

Este factor se determinó dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2018, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de diciembre de 2016 y 2017, respectivamente.

 

Luego de que el gobierno del Estado de México informara que a partir de las 00:01 horas de este sábado 16 de marzo se aplicaría el ajuste tarifario conforme a lo establecido en el Título de Concesión para el ejercicio 2019 del Circuito Exterior Mexiquense, fue la empresa concesionaria quien informó su decisión de no hacerlo.

“Esta modificación se realiza conforme a los ajustes inflacionarios y las condiciones establecidos en el citado título (…) Cabe señalar que la actualización de tarifas permite asegurar la continuidad de los programas de obras y mantenimiento, con lo que se conserva el valor de los activos carreteros y se asegura la calidad en el servicio ofrecido a los usuarios”, indicó el gobierno mexiquense este viernes.

Sin embargo más tarde, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Aleatica, antes OHL, informó su decisión de no subir el seis por ciento que estaba contemplado en su título de concesión respecto al peaje del Circuito.

La empresa dijo que la decisión respondía a una “medida para apoyar” a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense, reiterando el compromiso que tienen “con la sociedad”.

Sin embargo informó que dicha decisión aplicaría únicamente a los usuarios de vehículos ligeros (automóviles y motocicletas). Tampoco dio a conocer hasta cuando sería válido el “descuento temporal”.

 

El Director General Manuel Bartlett Díaz dio a conocer que en una primera etapa se invertirán 24 mil millones de pesos en el mantenimiento de sus centrales, con el fin de reactivar la generación de energía eléctrica.

Dicha inversión forma parte del plan de rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en días recientes se anunció por parte del gobierno federal.

Adicional dijo, la CFE solicitará a través del esquema de inversión Pidiregas 10 mil millones de pesos, con la finalidad de competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas en el actual mercado eléctrico.

El funcionario indicó que durante los primeros tres años de la actual administración no habrá ninguna reforma legal o constitucional a la Reforma Energética.

Bartlett Díaz precisó que si bien las tarifas eléctricas son determinadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); sin embargo, la CFE impulsará que no suban por arriba de la inflación en beneficio de sus más de 43 millones de usuarios.

“No habrá apagones, aunque el Comisionado Presidente de la CRE diga que si no hay más inversión privada habrá apagones, es una falacia, es terrorismo eléctrico”, aclaró Bartlett Díaz.

Indicó que el subsidio que otorga el Gobierno federal a las tarifas eléctricas de bajo consumo se mantendrá; sin embargo, se tendrá que revisar el subsidio otorgado a las empresas.

 

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), informó a los usuarios de las autopistas de la entidad sobre una actualización en las tarifas de peaje.

Señaló que a partir de las 00:01 horas de este domingo 17 de febrero de 2019, quedaron actualizadas las tarifas de las concesiones carreteras de Toluca-Zitácuaro, Toluca-Atlacomulco, Libramiento Nororiente de Toluca, Chamapa-La Venta, Viaducto Bicentenario y Lerma-Tenango , otorgadas por el Gobierno de la entidad, conforme a la inflación registrada durante el ejercicio 2018.

“La actualización se realiza en el marco de lo establecido en los Títulos de Concesión, como ocurrió en el resto de la red de autopistas del país”, indicó la dependencia.

Argumentó que la actualización tarifaria permitirá asegurar la continuidad de los programas de obras y mantenimiento, con lo que se conserva el valor de los activos carreteros y se asegura la calidad en el servicio ofrecido a los usuarios.