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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre la reelección de sus dirigentes, y ordenó generar un nuevo criterio en sus estatutos para que quienes sean elegidos en el próximo proceso interno tengan derecho a la reelección hasta en dos ocasiones.

La resolución alcanzada contempla que serán excluidos de dicha sentencia a quienes fueron elegidos en 2012 y 2015.

Se establece que la posibilidad de reelección de quienes actualmente ocupan cargos en órganos de dirección ejecutiva o en los congresos, se sujeta a lo que originalmente preveían sus estatutos, es decir la reelección consecutiva hasta por una ocasión.

A partir del próximo proceso interno de Morena, quienes sean electos ahora estarán sujetos a lo que actualmente disponen sus estatutos, es decir la reelección consecutiva hasta en dos ocasiones.

El TEPJF aclaró que con dicha determinación, la Sala Superior no realizó análisis alguno respecto de la elegibilidad de quienes buscan participar en el proceso de renovación de dirigencias nacionales y estatales de Morena.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los lineamientos de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, en los que se estableció que quienes deseen participar en el proceso interno de elección de dirigentes deben renunciar o pedir licencia a su cargo público o de estructura en el partido.

Y es que el 16 de agosto pasado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emitió la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, a fin de renovar cargos ejecutivos dentro del partido con los requisitos de elegibilidad para las y los candidatos.

El 23 de septiembre la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, conforme a la delegación de funciones que le hizo el CEN, emitió la convocatoria con prohibición a los militantes que ejerzan un cargo público o dentro de la estructura partidista, para que puedan participar en el proceso de elección.

Establecía que podían participar en el proceso siempre y cuando se separaran de su cargo mediante renuncia o licencia.

Sin embargo, militantes presentaron demandas al considerar que la Comisión no tenía la competencia para emitir lineamientos, ni tampoco para modificar la convocatoria o establecer restricciones que no se encuentran previstas en la normativa del partido, estableciendo mayores requisitos de elegibilidad.

Los magistrados determinaron que el CEN es el órgano partidista facultado para emitir las disposiciones relativas a la separación del cargo de aquellos militantes que ostenten un cargo de elección popular o público y que tengan la intención de postularse a un cargo ejecutivo en el proceso de selección interna del partido.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por la que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la Consulta Ciudadana que se celebrará el próximo domingo en esa entidad.

La Consulta Ciudadana preguntará a la ciudadanía si la duración de la próxima gubernatura en el estado será de dos o cinco años.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California se declaró incompetente porque la Consulta Ciudadana, organizada por el Congreso local, es de naturaleza distinta a la electoral, enmarcada en el ámbito legislativo, y no corresponde a las que se organizan conforme con la Constitución y la Ley de Participación ciudadana de aquella entidad.

Las impugnaciones habían sido interpuestas por la Coparmex local, y los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Lla Sala Superior tomó en cuenta que no se trata de una Consulta Popular como marca la Constitución Política de Baja California, ni tampoco es organizada por el Instituto Electoral del estado.

Aclaró que su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo.

Recordemos que el pasado 22 de agosto, el Congreso local aprobó el acuerdo por el cual determinó realizar una Consulta Ciudadana y conformó la comisión especial para realizarla con el fin de que se conozca el sentir de la ciudadanía de Baja California respecto a la ampliación del mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría, para Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de sólo de dos años.

La resolución del Tribunal llega en respuesta a las impugnaciones que presentaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Transformemos.

Sin embargo, las magistradas y los magistrados consideraron infundadas, las impugnaciones del PRD que consideraban que Bonilla Valdez era inelegible por supuestamente incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia.

También calificaron como infundado el recurso del partido local Transformemos en el que expuso conceptos de invalidez de la votación recibida en diversas casillas con la pretensión de que se efectuara un ajuste en el cómputo de los resultados.

Finalmente, la resolución de hoy avala un periodo para la gubernatura de dos años, como señala la Constitución local.

El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por MC.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, rechazó que, como publicó el diario Reforma, la Sala Superior haya resuelto la duración de la gubernatura de Baja California.

Fuentes Barrera destacó que el Tribunal Electoral transmite sus sesiones de manera pública a través de sus redes sociales y en el Canal Justicia TV, con el fin de que la ciudadanía conozca el porqué de cada decisión, y sepa qué sí y qué no se ha resuelto, ya que así se vacuna a la ciudadanía contra la desinformación.

Y es que el martes pasado, el periódico publicó que la Sala Superior “confirmó la decisión del Tribunal Electoral de Baja California de ampliar el mandato del gobernador por cinco años, alegando que la demanda en contra de esa decisión fue presentada de forma inoportuna”.

“Hemos visto en los últimos días en diversos medios de comunicación la emisión de diversas notas que no son exactas (…) en relación con el caso Baja California, por ejemplo, en donde no hemos resuelto de fondo, se nos atribuye una resolución de fondo que avala un periodo que no es correcto», dijo Fuentes Barrera.

Señaló que para evitar la desinformación, la ciudadanía puede acceder a las sentencias a través de las redes, para saber cuáles son las sentencias que sí emite el tribunal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada que declaró responsable al Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, por difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido.

La Sala Superior ordenó además comunicar la referida sentencia al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dado que la ley establece que cuando se detecten conductas infractoras de servidores públicos, debe darse vista al superior jerárquico.

La sentencia confirmada responde a que la queja que el pasado 2 de junio el PAN presentó por la publicación de propaganda gubernamental el 1 y 2 de junio de 2019, en periodo de veda y jornada electoral en las elecciones en seis estados de la República.

Acusaron que en Twitter se realizó una publicación que hacía alusión al triunfo de Morena en el proceso electoral federal de 2018, mientras que en YouTube se subió un video relativo a la construcción de la refinería “Dos Bocas”, en Paraíso, Tabasco.

El Coordinador de Comunicación Social reconoció que es el responsable de la estrategia de comunicación del Gobierno de México y de sus redes sociales, por lo que la Sala Regional Especializada determinó que Jesús Ramírez vulneró los principios de equidad e imparcialidad, al publicar propaganda gubernamental en periodo prohibido durante el desarrollo de elecciones locales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) devolvió al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California las demandas interpuestas por la Coparmex y otros actores, contra la consulta ciudadana aprobada por el Congreso local, que busca “conocer el sentir” de la ciudadanía sobre la ampliación del mandato de dos a cinco años del futuro gobernador, Jaime Bonilla.

Y es que los dirigentes de la Coparmex de Baja California y de Mexicali, además del partido Movimiento Ciudadano, solicitaron a la Sala Superior resolver los medios de impugnación “per saltum” y omitir la obligación de acudir previamente al Tribunal Electoral local, pues desde su punto de vista ese órgano “no garantiza una tutela efectiva de sus derechos político-electorales”.

Indicaron que como prueba de ello, el 24 de febrero y el 7 de mayo pasados el Tribunal Electoral local se pronunció a favor de ampliar el mandato de Bonilla.

Las magistradas y los magistrados  del TEPJF determinaron que no procede la figura “per saltum”, y se deben agotar todas las instancias previas, con las gestiones que las leyes establecen.

La Sala Superior consideró además que el acto impugnado es distinto a los ya resueltos, pues proviene del Congreso local, además de que agotar el recurso en este momento no genera un perjuicio irreparable a los demandantes y hay tiempo suficiente para seguir la cadena de impugnaciones. De igual forma, las magistradas y los magistrados no perciben parcialidad del tribunal local.

Recordemos que el 21 de agosto pasado, el Congreso local de Baja California aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para conformar una comisión especial que tenga por objeto realizar una consulta ciudadana para “conocer el sentir” de las y los bajacalifornianos, respecto a la ampliación de mandato de 2 a 5 años.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó confirmar diversas multas impuestas a Morena por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al haber incumplido con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

El Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió varias denuncias en contra de Morena en las que determinó que el partido cometió infracciones en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que denunció dichas faltas ante el INE para que impusiera las sanciones correspondientes.

Entre algunas de las infracciones del partido político destacan las omisiones de publicar los resultados de la dictaminación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2015; el currículo con fotografía de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT); las aportaciones a campañas y precampañas correspondientes al periodo 2015-2017 en el sistema; su estructura orgánica completa; la información de los tiempos en radio y televisión en sus medios electrónicos, entre otras.

En sesión pública, las magistradas y los magistrados decretaron en ocho de los 10 medios de impugnación promovidos por Morena, confirmar las sanciones que le impuso el Consejo General del INE, equivalentes cada una a 80 mil 600 pesos que hacen un total de 644 mil 800 pesos.

Respecto de los dos recursos restantes, determinaron revocar las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE y le ordenaron emitir unas nuevas, al considerar que indebidamente se sancionó dos veces a Morena por las mismas infracciones.

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, afirmó que, sobre la consulta ciudadana en torno a la duración del mandato de la próxima gubernatura de Baja California, resolverán con plena autonomía e independencia.

Indicó que se guiarán conforme lo que marca la Constitución, y rechazó así, actuar bajo presiones políticas.

Al participar en un foro en el Senado de la República, el magistrado presidente afirmó que existe un juicio en la Sala Superior interpuesto por la Coparmex en el caso de Baja California, donde la legislatura pasada aprobó ampliar de dos a cinco años el periodo de mandato, relativo a la convocatoria del Congreso local para una consulta ciudadana que defina el número de años.

Al ser cuestionado sobre si han recibido presiones políticas, respondió: “no hay presiones políticas, el tribunal electoral trabaja con apego a la independencia y autonomía que Constitucionalmente tiene y la presión que recibe es la que establece el mandato del legislador y la Constitución”.

Sobre los cambios que se necesitan en el Poder Judicial, y que han sido sugeridos por el gobierno federal, Fuentes Barrera indicó que todas las instituciones deben actualizarse siempre, aunque negó que por dichos planteamientos se tenga miedo al interior del Tribunal.

En ese sentido propuso crear el juicio electoral en línea, que permitirá austeridad y agilizar los juicios, además de que exista un solo juicio electoral, uno para ciudadanos y otro para partidos, además de la obligación de dictar sentencias con lenguaje ciudadano y claro.

Por unanimidad de votos, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dar por presentadas en tiempo las quejas contra la designación de Leonel Godoy Rangel como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Y es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena había determinado desechar las quejas por extemporáneas.

El 29 y 30 de julio pasados, María del Rosario Piedra Ibarra y Juana Margarita Mancillas Bortolussi, respectivamente, interpusieron las quejas a fin de controvertir la designación de Leonel Godoy a dicho cargo, al considerar que se violaron diversas disposiciones del estatuto del partido, relacionadas con la idoneidad del candidato y el procedimiento de designación.

El 2 de agosto la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena emitió acuerdos en ambas quejas declarándolas improcedentes, al considerar que los escritos fueron presentados extemporáneamente.

El 6 de agosto María del Rosario Piedra y Juana Margarita Mancillas interpusieron demandas a fin de controvertir dichos acuerdos.

Las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF consideraron que fue incorrecto que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena declarara improcedentes las quejas ya que conforme a su guía para presentar quejas ante dicha instancia intrapartidista, publicada en su página oficial de internet, el plazo para presentar las quejas por violaciones a los estatutos es de 15 días y no de 4 días como lo resolvió en los acuerdos impugnados.

Por lo ello, se ordenó a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que tenga por presentadas en tiempo las quejas y determiné en su caso si procede admitirlas o no.

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, aseguró que ha dado buenos resultados el modelo bajo el que trabaja ese órgano plenamente judicializado, sin que sus resoluciones estén condicionadas.

El magistrado señaló que en México se han construido instituciones grandes, sólidas y permanentes, con atribuciones para aplicar las normas jurídicas en el terreno político electoral, pero sin que sus resoluciones estén condicionadas por la política.

“En otras palabras, judicializamos la política, lo cual no es fácil. Y a la vez, evitamos que se politice la justicia, que tampoco es sencillo, pero así pretendemos hacerlo, y día con día trabajamos”, dijo al recordar la transición del modelo político a la incorporación en 1996 del TEPJF al Poder Judicial de la Federación para resolver conflictos.

Por su parte el magistrado José Luis Vargas Valdez destacó que con la apuesta e inversión en democracia que ha hecho México, es prácticamente imposible retroceder autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

“La razón es muy simple, porque no depende de los órganos, sino que depende de la ciudadanía que no está dispuesta a retroceder”, remató.

Este miércoles a través de un comunicado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que ha determinó que la serie ‘Populismo en América’ generó una campaña integral negativa en torno a Andrés Manuel López Obrador, quien en ese entonces era candidato presidencial.

El tribunal ratificó y amplió, por mayoría de votos, las sanciones que había impuesto bajo el expediente SER-PSL-41/2018, a los creadores de dicha serie por las denuncias presentadas por los partidos Morena y PAN.

La decisión fue tomada por los magistrados en sesión pública «luego de que se documentara la existencia de publicidad en camiones, teléfonos celulares, spots en TV, entrevistas y cintillos en medios audiovisuales para generar una campaña integral negativa respecto al entonces candidato a la Presidencia por la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador», se lee en boletín del tribunal.

Además, el TEPJF dijo que la información e investigaciones realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, descubrieron un esquema integrado por personas físicas y morales destinado a violar el modelo de comunicación política para «intentar influir negativamente en la percepción pública de un candidato presidencial, en el proceso electoral federal del pasado 2018, mediante una ‘campaña negra'».

La Sala Especializada individualizará las sanciones para: Piña Digital S.A. de C.V., Javier García Mata, Grupo T.V. Promo, S.A. de C.V.; T.V. Promo, S.A. de C.V.; Virna Gómez Piña; y Mónica Bolaños Cacho Albarrán, luego de que se ha acreditado una serie de simulaciones tendientes a afectar una candidatura federal.

Sin embargo, ninguno de los medios de comunicación, que transmitió la publicidad referente al serial, arriba descrito, está siendo sancionado, pues en su momento no conocían de los alcances e intención de la campaña negativa arriba señalada.

Por unanimidad de votos las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazaron la solicitud de iniciar la revocación de mandato, previsto en la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua, contra el gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado.

El Pleno resolvió que la solicitud que se planteó no era procedente debido a que no le puede ser aplicada una ley que no estaba vigente en el momento en que fue electo Corral Jurado.

Recordaron que Javier Corral Jurado fue electo Gobernador para el periodo del 4 de octubre de 2016, al 7 de septiembre de 2021. Posteriormente, el 23 de junio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Participación Ciudadana que, entre otras disposiciones, contempla la revocación de mandato.

Y es que el 25 de marzo pasado, un ciudadano presentó ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, una solicitud de inicio del procedimiento de revocación de mandato contra el gobernador, con la finalidad de terminar de manera anticipada su periodo. Al respecto, el instituto estatal y el Tribunal Electoral determinaron su improcedencia.

Las magistradas y los magistrados consideraron que lo expuesto en la demanda, relativos a la no retroactividad de la ley, no controvirtieron de manera directa los argumentos que sustentaron la sentencia emitida por el tribunal local, y determinaron confirmar dicha sentencia.


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