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En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.

El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.

Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.

La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.

Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.

Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.

Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.

Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.

 

Columna completa en El Universal

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el coordinador de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, violó la Ley al difundir propaganda en una etapa prohibida.

La decisión de la Sala llega luego de que el PAN denunciara al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque, en Twitter y YouTube, se publicó propaganda sobre los siguientes temas:

• 1 de junio. El triunfo electoral de Morena en el proceso electoral federal de 2018
• 2 de junio. Inicio de los trabajos para construir la refinería Dos Bocas, en Tabasco (logro de gobierno)

Al definir las responsabilidades por los hechos, las y los magistrados del Tribunal determinaron que el presidente López Obrador no es responsable, puesto que no ordenó las publicaciones en internet ni administra las cuentas de redes sociales del Gobierno de México.

Determinaron que la responsabilidad de dicha violación era atribuible al Coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuervas, por lo que se envió la sentencia alcanzada al Presidente de la República para que determine lo que corresponda.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó por unanimidad de votos, restituir a Alejandro Rojas Díaz Durán sus derechos político-partidistas en Morena.

El 27 de mayo pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió sancionar a Alejandro Rojas Díaz Durán con la suspensión de sus derechos partidarios por un periodo de tres años, consistentes en la destitución de cualquier cargo que ostentara dentro de la organización y la inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del partido político.

Lo anterior, por declaraciones en medios de comunicación, mensajes en Twitter y entrevistas, en que Rojas Díaz Durán, en su calidad de consejero estatal de Morena y asesor en el Senado de la República, expresó su desacuerdo con las decisiones tomadas por la dirigencia del partido.

Dicha Comisión determinó que Alejandro Rojas Díaz Durán transgredió normas contenidas en los documentos básicos de Morena: emitió expresiones de denostación o calumnia en contra del partido, sus órganos y su dirigencia, y ejerció violencia política por razones de género, motivo por el cual determinó las sanciones.

Sin embargo, el 31 de mayo Alejandro Rojas Díaz Durán promovió un juicio ciudadano ante la Sala Superior del TEPJF.

En sesión pública, las y los magistrados dieron la razón al también senador suplente, entre otras cosas, porque al inicio del proceso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, no lo señaló por violencia política de género, como después sí se incorporó al expediente.

Por ello, la Sala Superior revocó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y ordenó que a Rojas Díaz Durán le sea restituido el pleno goce de sus derechos partidistas.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el PRI usó indebidamente su pauta en radio y televisión, al difundir un spot con frases discriminatorias en contra de Miguel Barbosa, entones candidato de Morena-PT-PVEM a la gubernatura de Puebla.

El Tribunal señaló que la discriminación se realizó de manera particular contra Barbosa y, de manera general, en contra de las personas que padecen alguna enfermedad y que se postulan a un cargo de elección popular.

Y es que Sala Especializada consideró que, el uso de la frase: “¿Has escuchado las propuestas de los otros candidatos? Sí, pero uno está enfermo y no puede gobernar”, implica el uso expreso de estereotipos que dan una imagen negativa de las personas con alguna enfermedad, en relación con el desempeño que pudieran tener en caso de acceder a un cargo de elección popular.

Indicaron que, en el contexto de la elección por la gubernatura del estado celebrada el pasado domingo 2 de junio, implica el “menoscabo del derecho a ser votado en condiciones de igualdad de Miguel Barbosa, puesto que al momento en que se difundió el mensaje, él era el único candidato que públicamente se sabía que padecía una enfermedad”, consideró el Pleno del Tribunal.

Y aunque no se reveló el monto, informaron que se determinó imponer una multa al PRI y se le ordenaron medidas de reparación integral del daño.

Además, se dio vista al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda, respecto del acto de discriminación que se acreditó en el asunto.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto la decisión del Tribunal Electoral local de ampliar a seis años el periodo del gobernador entrante, con lo que resolvió que el periodo de la próxima gubernatura en Baja California será de dos años.

El PAN, PRD, PRI y el Partido de Baja California impugnaron la sentencia emitida el 7 de mayo por parte del Tribunal Electoral local, en que dejó sin efecto el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, que señala que el periodo de la gubernatura sería de dos años, con el fin de empatar la elección local y la federal. Esta sentencia también ordenaba una adenda a la convocatoria de la elección a gobernador para establecer que el periodo de gestión de la gubernatura sería de seis años.

En sesión pública, la magistrada y los magistrados determinaron revocar la sentencia existente y mantener vigente el artículo transitorio octavo, del Decreto 112, que señala los dos años de gestión.

Entre los elementos que se tomaron en cuenta para emitir el fallo, indicaron los magistrados, destaca que se debió solicitar la inaplicación de dicho artículo transitorio desde el momento de la emisión de la convocatoria del proceso electoral local.

Con ello, será de dos años la gubernatura que se elegirá este domingo en Baja California.

Adicional, este 2 de junio también se decidirán 17 diputaciones locales de mayoría relativa, 8 diputaciones de representación proporcional y 5 ayuntamientos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó confirmar la sentencia en la que se señala que Miguel Barbosa, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” (Morena, PVEM y PT) a la gubernatura del estado, incurrió en actos anticipados de campaña.

Y es que el morenista difundió un video el pasado 30 de marzo a las 23:04 vía Facebook, 56 minutos antes del inicio formal de la campaña, por lo que se consideró acto anticipado de campaña.

La resolución del Tribunal llega luego de que el pasado 1 de abril, el PRD impugnó al considerar que Barbosa incurrió en actos anticipados de campaña e incluyó en su demanda a Morena, PVEM y el PT por omisión a su deber de cuidado.

El 8 de mayo la Sala Regional Especializada resolvió que hubo actos anticipados de campaña por parte de Barbosa con ese video, e impuso como sanción una amonestación pública.

La Sala Especializada valoró que, en el video, Barbosa se promovió como candidato antes del inicio de la etapa de campaña y, por tanto, se faltó al deber de cuidado de los partidos integrantes de la coalición en relación con el actuar de su candidato a la gubernatura, por lo que determinó imponerles como sanción una amonestación pública.

Pese a que el equipo de Barbosa calificó como infundada la acusación, ya que en el video no se llamó al voto, los magistrados de la Sala Superior coincidieron en que su intención fue promoverse y posicionarse como candidato a gobernador, un claro mensaje de campaña.

Respecto al argumento de Barbosa de que fue mínimo el impacto del video en Facebook por la hora en que se transmitió, los magistrados lo desestimaron.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la existencia de uso parcial de recursos públicos por parte de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), y concluyeron sancionar a los funcionarios que durante el pasado proceso electoral afectaron la equidad de la contienda en perjuicio del entonces candidato de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya.

La resolución del Tribunal llega luego de que seis meses después de la elección presidencial de julio de 2018, Ricardo Anaya fue exonerado por la propia PGR de las acusaciones que durante la campaña se hicieron en su contra.

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que “por ningún motivo» se podía dejar impune el desvío del poder, ya que el Estado no puede acusar a las personas sin pruebas y por razones políticas. Sostuvo que la intervención de los funcionarios de la PGR “desbalanceó el proceso de formación de preferencias”.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora señaló que “en este caso, funcionarios de la PGR dejaron de atender el principio de neutralidad para intervenir como actores en la comunicación política dentro de un proceso electoral. Y esta es justamente una conducta perniciosa que debe ser siempre advertida por la autoridad y sancionada para blindar a nuestra democracia de la influencia del poder público”.

Por unanimidad de votos, las y los magistrados confirmaron la sentencia y resolución de la Sala Especializada del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se establece el “uso indebido de recursos públicos para afectar la contienda electoral”.

De acuerdo con la resolución, “se declara la existencia de la infracción consistente en el uso parcial de recursos públicos para afectar la equidad en la contienda electoral, atribuida a Alonso Israel Lira Salas, en su calidad de Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y Rafael Lugo Sánchez, Director General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República”.

Al respecto, Ricardo Anaya reapareció en sus redes sociales para celebrar que se haya resuelto «en definitiva y por unanimidad de votos», que durante la pasada elección presidencial, la PGR sí afectó la equidad en la contienda en su perjuicio.

«Quiero agradecer, de todo corazón, a las casi 13 millones de personas que, a pesar de tantos infundios, decidieron votar por mí el pasado 1 de julio. También agradezco a quienes habiendo votado por otro candidato, han reprobado este tipo de atropellos», señaló el panista.

Confió en que «maniobras, tramposas y arteras» como la sufrida por él no se repitan jamás en contra de ningún candidato o candidata.

Quien también emitió un comunicado fue Acción Nacional, quien dijo que la resolución confirma que las acusaciones en contra de Ricardo Anaya, hechas en pleno proceso electoral, fueron una «artera y vulgar maniobra, que afectó severamente la equidad en la pasada elección presidencial.  Celebramos el sentido de la resolución y condenamos enérgicamente el uso faccioso de la PGR en contra de Ricardo Anaya, el cual causó un gravísimo daño a su candidatura».

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijó a Margarita Zavala, excandidata presidencial independiente, una multa de 24,209 pesos por irregularidades en la obtención de firmas para lograr el registro en los comicios presidenciales de 2018.

Y es que la multa por 80,600 pesos que se le había impuesto y que impugnó la excandidata, bajó a 24,209 pesos, luego de que la Sala Superior del TEPJF ordenó a la Sala Regional Especializada recalcularla, al considerar que se consideraron criterios diferentes a los usados en la definición para sancionar a Armando Ríos Piter y al gobernador de Nuevo Léon, Jaime Rodríguez Calderón.

Para definir esta nueva multa, la Sala Especializada tomó como parámetro la que impuso a Ríos Piter y se hizo la distinción entre la simulación y las copias presentadas para lograr su registro como candidata independiente.

El Tribunal detalló que en principio la Sala Especializada fijó la multa a Margarita Zavala por 3,240 pesos, pero la Sala Superior consideró que las irregularidades detectadas eran un asunto grave, por lo que ordenó una nueva contabilización fijando así una multa de 201,500 pesos, que fue impugnada quedando en 80,600 pesos.

Finalmente, al recalcular la multa, la Sala Regional Especializada consideró que el monto a pagar por Margarita Zavala será de 24,209 pesos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó por unanimidad de votos la multa a Morena impuesta por el INE por incumplir con sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Las sanciones impuestas por el INE derivaron de las denuncias presentadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ante la inobservancia del partido de publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

Dicha información está relacionada con formatos de contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; actas de sesiones ordinarias y extraordinarias; gastos de representación y viáticos; método de selección de candidatos y sus obligaciones, así como de los derechos de los aspirantes y candidatos; informes de resultados de las auditorías a ejercicios presupuestales; montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial; tabulador de remuneraciones; resultados de la dictaminación de los estados financieros y las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas.

Morena cuestionó la legalidad de las resoluciones del INE, porque se emitieron fuera del plazo legalmente previsto, además de que fue incorrecta la individualización de las sanciones, ya que por cada infracción se le impuso una multa de $80,600.00 pesos.

El partido creador por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó también que la multa era excesiva.

Tras la decisión del TEPJF, la multa equivalente a $725,400.00 será efectiva.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso una multa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el uso indebido de sus prerrogativas en radio y televisión, correspondientes a la campaña electoral para gobernador en Puebla.

La falta señalada es en relación a un spot a favor de Miguel Barbosa, candidato la coalición «Juntos Haremos Historia», mismo que fue denunciado por el PAN.

En sesión pública, las magistradas y el magistrado aprobaron la sentencia por unanimidad al encontrar que el PVEM sí hizo uso indebido de su prerrogativa.

En el spot que se transmitió en radio y televisión del 31 de marzo al 1 de abril, aparecía solamente el logotipo del PVEM, y no se aclaraba que Barbosa era abanderado de la coalición «Juntos Haremos Historia», que integra junto a Morena y el PT.

Se indicó que omitir la información podría generar confusión al electorado. La multa fijada fue de 126 mil 735 pesos.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, afirmó que con apoyo del acompañamiento internacional, se ha logrado desterrar el fraude electoral en México.

Al participar en un evento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Fuentes Barrera destacó el papel de las misiones de acompañamiento internacional, en la consolidación de la democracia mexicana.

El presidente del TEPJF dijo que en México se eligió la vía electoral para lograr una convivencia pacífica, ordenada y civilizada.

Sostuvo que en el país se han desarrollado instituciones electorales fuertes, profesionales y confiables, así como ordenamientos modernos, progresistas e incluyentes para regular comicios.

“La mejor prueba de ello es que en los últimos 20 años, se han registrado en nuestro país tres alternancias políticas en la Presidencia de la República, en un marco de estabilidad política y de tranquilidad social, eso no es casualidad”, dijo el magistrado presidente.

Por su parte Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, reconoció que hay países en la región con graves problemas de conflictos de competencia en materia electoral; aprovechó su participación en el evento para reconocer el papel del TEPJF.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que no se encontraron violaciones a la ley electoral en materia de promoción personalizada adjudicables al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, por la difusión de un video relativo a la “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024”.

El video que fue filtrado en redes sociales el pasado 27 de febrero, y en el que aparecía la imagen del presidente y el logotipo del partido Morena, fue analizado por las magistraturas y la mayoría consideró que no existió promoción personalizada a favor del presidente ni tampoco hubo responsabilidad del secretario de Turismo.

En la resolución se señala que la imagen del jefe del Ejecutivo Federal se incluyó con la finalidad de ilustrar que el programa de gobierno se implementó con motivo de la transición de dicho cargo público, sin que se haya pretendido exaltar su imagen, cualidades o acciones.

Sin embargo, los magistrados encontraron una violación al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución, atribuida a Héctor Gustavo Armenta Sosa, en su carácter de Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.

Indicaron que la violación resulta de la inclusión del emblema y/o siglas de Morena en la propaganda gubernamental denunciada, debido a que como servidor público fue precisamente la persona responsable del contenido de la propaganda.

La Sala Especializada consideró que tampoco hubo violación a la ley por el partido político Morena, en lo que respecta a un beneficio indebido y adquisición de tiempos en radio.

El dirigente nacional del ahora extinto Partido Encuentro Social (PES), Huro Eric Flores, reaccionó a la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre la pérdida de su registro como partido político nacional.

Señaló que no existe en la historia de nuestro país, una injusticia como la que se cometió en contra del PES, de sus militantes, dirigentes y del más de millón y medio de personas que les dieron su voto en julio pasado.

«Algo huele muy mal», dijo el ahora delegado estatal en Morelos del Gobierno Federal, pues dijo que el proyecto que se votó ayer había sido presentado desde noviembre pasado, pero de «ultimo momento» cambió su planteamiento, la pérdida de su registro.

Lamentó que haya triunfado la presión política, y no el derecho. Adelantó que ante la injusticia, el PES acudirá a tribunales internacionales, pues en México no se hace justicia en materia electoral.

«No vamos a desmayar, vamos a continuar en la lucha. No nos preocupa lo que dicen que pasó (…) seguimos en pie, dignos», señaló Flores Cervantes en un video difundido en sus redes sociales.

Finalizó indicando que pese a la decisión del Tribunal, se enfocarán en reconstruir la fuerza política que crearon años atrás, pues los impulsa el deseo de lograr la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).