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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó este miércoles la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de adoptar medidas cautelares por la promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La decisión del INE y ahora del Tribunal Electoral se da a partir del análisis de las dos primeras versiones de las cartas para dar a conocer y difundir la implementación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con motivo de la contingencia sanitaria COVID-19.

Recordemos que el pasado 30 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió procedente la solicitud de medidas cautelares por las cartas del IMSS firmadas por López Obrador, luego de las denuncias interpuestas por el PAN, PRD y PRI.

Con dicha resolución, se ordenó al IMSS para que en un plazo que no excediera las 24 horas, realizara las acciones, trámites y gestiones suficientes para detener o suspender la elaboración, distribución y entrega de las cartas o documentos, que contengan el formato primero y segundo de la carta denunciada y, en su lugar, si así lo estima pertinente, sustituirlas por cartas o comunicaciones que se ajusten al marco constitucional.

Tras la resolución alcanzada por el INE, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpuso el 2 de mayo un recurso de revisión del Procedimiento Especial Sancionador (REP) ante la Sala Superior del TEPJF.

En sus alegatos, el IMSS señaló, entre otros argumentos, que el INE hizo una indebida valoración de pruebas, que se extralimitó en sus funciones para conocer e imponer las medidas cautelares, al estar restringida su competencia para conocer de la difusión de propaganda en radio y televisión y que hizo un análisis indebido de la suspensión ordenada por el Consejo General del INE, respecto del desarrollo de los procesos electorales locales, así como de las pruebas y de las hipótesis de improcedencia, entre otras.

Sin embargo, luego de hacer un análisis, las y los magistrados de la Sala Superior desestimaron los señalamientos del IMSS y ratificaron la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al emitir las medidas cautelares.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación en contra de la ratificación de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), por un nuevo periodo de seis años.

Las y los magistrados determinaron que los promoventes del juicio no contaban con interés jurídico para controvertir el acuerdo del INE, a través del cual el Consejo General del INE designó a Jacobo Molina, el pasado 6 de febrero.

Se destacó que las y los promoventes no habían referido la existencia de una afectación a sus derechos político-electorales que ameritara la intervención delTribunal Electoral para analizar la constitucionalidad del Consejo General del INE

Recordemos que cerca de 250 ciudadanos, entre los que destacaban simpatizantes de Morena, impugnaron ante la reelección de Jacobo Molina, pero ni un solo partido político acompañó dicha acción legal.

De esa manera, el Pleno de la Sala Superior declaró fundadas las causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, donde alegaron, precisamente, que los promoventes del juicio no contaban con interés jurídico, lo que motivaba el desechamiento de la demanda y por esa razón la imposibilidad de analizar los argumentos en contra de la supuesta ilegalidad del acto.

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la convocatoria y de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Morena, así como de los acuerdos tomados en ella.

El 26 de enero de 2020, se realizó la sesión extraordinaria del Congreso Nacional, en la cual se llevó a cabo la elección en las vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), entre ellas, la presidencia interina del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, con la finalidad de concluir el periodo de transición, en tanto se reponía el procedimiento de renovación de la dirigencia nacional.

El Tribunal señaló que quienes promovieron los medios de impugnación pretendían la invalidez de la sesión extraordinaria, al afirmar la existencia de irregularidades en la convocatoria, primordialmente, por haberse emitido por un órgano partidista distinto al facultado, así como por la ausencia de firmas de quienes solicitaron la convocatoria.

Los inconformes también destacaron la falta de quórum legal para la instalación del Congreso Nacional, lo que en su concepto implicaba que los acuerdos adoptados por el órgano colegiado eran contrarios a las normas estatutarias, de manera destacada.

En sesión pública, los magistrados del TEPJF determinaron que los órganos facultados para convocar a una sesión extraordinaria del Congreso Nacional son la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional, el CEN o la tercera parte de los consejos estatales. Por ello, indicaron que fue válida la convocatoria emitida por la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional y de una tercera parte de los consejos estatales.

Además, la Sala Superior estimó que se cumplió con el quórum para la instalación del Congreso Nacional, debido a que los demandantes no probaron sus afirmaciones.

Con la sentencia, se validó la actuación del Congreso Nacional para cubrir las vacantes generadas en el CEN al estar justificadas en una situación especial y excepcional, de ahí que, tanto la elección del presidente interino como de las secretarías que la integran, únicamente tienen como finalidad concluir el periodo de transición mientras se repone el procedimiento de elección de la dirigencia nacional, el cual fue única y exclusivamente para un periodo de cuatro meses.

Finalmente, la Sala Superior determinó que el Congreso Nacional de Morena, como máxima autoridad, puede válidamente elegir una presidencia interna y que el presidente interino y la Secretaria de Organización, no estaban obligadas a separarse de sus cargos de elección popular previamente a la elección.

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz-Durán, presentará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral federal la solicitud formal para la destitución de Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta.

En un escrito difundido en su cuenta en Twitter, el morenista indicó que ya venció el plazo para emitir la convocatoria para elegir a todos los dirigentes de este partido político y por ello presentará su petición ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

«En unas horas más estaré presentando ante la Sala Superior del TEPJF, la solicitud formal para que inicie el estudio de las medidas preventivas y cautelares, así como las sanciones por desacato judicial, incluida la destitución en contra de la secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky», indicó.

Y es que recordó que venció ayer el plazo para darle cumplimiento obligatorio a la resolución que ganaron en dicha instancia jurisdiccional, a fin de que fije el plazo inapelable y definitivo, para emitir la Convocatoria para elegir a todos los dirigentes de Morena.

De acuerdo con Alejandro Rojas, Polevnsky incurrió en una «flagrante violación e incumplimiento» de la sentencia judicial para convocar a un Congreso Nacional por el método de encuestas, legalmente válidas por este Tribunal en un plazo no mayor a 90 días.

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que continuará al frente del partido por lo menos un año más y adelantó que si Alfonso Ramírez Cuéllar la busca, con gusto se tomará un «cafecito» con él, pero en su calidad de militante, dado que carece de facultades para convocar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

«Se vale soñar», expresó. «No le toca. Él (Ramírez Cuéllar) no puede convocar al CEN porque él está en proceso de ser un diputado con licencia, pero no es presidente del partido. Hay que recomendarle que lea la Ley de Partidos Políticos (…) que dice: cualquier designación o cambio (de dirigencia) se tiene que mandar al INE y esperar la sesión del Consejo General del Instituto para que éste lo valide o en este caso lo rechace por todas las faltas o errores que tiene, que es lo que va a suceder», declaró Polevnsky.

A pregunta expresa, Polevnsky Gurwitz comentó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las múltiples irregularidades en que incurrió el VI Congreso Nacional de Morena celebrado este domingo en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhiuca, entre ellas, la designación de los integrantes del CEN.

Comentó que continuará al frente de Morena «esta noche, mañana, la próxima semana y el mes que viene y creo que como vemos, así me voy a seguir por lo menos un año, porque como tenemos que cumplir y existe una jurisprudencia».

La ahora secretaria general de Morena en función de dirigente nacional afirmó que el partido seguirá conduciéndose apegado a la legalidad y a sus estatutos.

Sin embargo, quien se ostenta como el presidente de transición de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que este lunes convocará a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, incluida la secretaria general, Yeidckol Polevnsky, en aras de encontrar un método para renovar la dirigencia nacional y dejar atrás la polarización del partido.

«Voy a citar a reunión del CEN, nuestra tarea principal es elegir a la nueva diligencia nacional. No descarto absolutamente ningún método, voy a hacer una consulta muy amplia para incorporar la propuesta de encuesta, de consulta a los militantes, de lo que marcan los estatutos. No vamos a violar ninguna legalidad».

Desde la Sala de Armas de la Magdalena Mixhiuca, explicó que entre sus prioridades está el recorrer los comités municipales y atender las elecciones de Coahuila e Hidalgo, además de cumplir con el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el sentido de contar con un padrón electoral ordenado.

Indicó que también buscará dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y adelantó que hoy solicitará licencia como diputado federal.

Al respecto, esta mañana, el presidente López Obrador se negó a dar un posicionamiento por las diferencias que existen en el partido que fundó.

“Nada, silencio, no me corresponde, no tengo porque participar en eso, deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias por la democracia».

AMLO sostuvo que la vida interna del Morena corresponde solo a su militancia y aseguró que aunque sigue en el partido, tiene licencia, pues dijo que ahora representa todos los mexicanos. Indicó que el presidente de México ya no da línea a los partidos, “la línea es que ya no hay línea.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la solicitud de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) al coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, para separar de la fracción parlamentaria a la senadora Lilly Téllez.

En la petición entregada a Monreal el pasado 16 de diciembre, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, señaló que la senadora no podía continuar en la fracción parlamentaria, por no respetar, compartir y representar los estatutos del partido.

Por ese motivo la senadora inició un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y argumentó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia excede sus facultades legales y estatutarias, al pedir la separación de la bancada, luego de dar opiniones como parte de su función legislativa.

Al respecto, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior consideraron que en todo caso debe ser el propio grupo parlamentario el que podría iniciar algún procedimiento al respecto, por tratarse de un aspecto que forma parte de la disciplina parlamentaria vinculada enteramente con la función legislativa.

Se determinó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tiene competencia para requerir al coordinador de la bancada que la legisladora sea separada del grupo parlamentario por no compartir en sus posicionamientos los valores y principios del partido.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que resolvió, entre la Sala Superior y las seis salas regionales que lo componen, un total de 7 mil 790 asuntos durante 2019.

Detalló que en promedio se resolvieron 21 asuntos por día durante ese periodo.

Se indicó que durante el año que recién concluyó se recibieron un total de 8 mil 127 asuntos entre la Sala Superior y las diferentes salas regionales (Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México, Toluca y la Sala Regional Especializada).

En materia de violencia política de género, se resolvieron 87 asuntos con el protocolo que este Tribunal Electoral elaboró. La entidad en la que se presentó el mayor número de recursos por violencia política de género fue la Ciudad de México con 24 asuntos, seguido de Oaxaca y Morelos con 10 cada uno.

Además, se resolvieron 69 asuntos relacionados con la temática de paridad de género; la Ciudad de México registró 12 casos, seguido de Oaxaca con 10 recursos resueltos y siete casos a nivel federal.

El medio de impugnación que más se recibió en 2019 fue el juicio para la protección de los derechos político-electorales con 5 mil 235, seguido del recurso de reconsideración con 625; del juicio electoral con 624 y del recurso de apelación con 490.

Durante ese lapso en la Sala Superior se recibieron un total de 3 mil 219 recursos; en materia de asuntos resueltos se registraron 3 mil 235 expedientes. Aclaró que la diferencia de cifras se debe a que suelen resolverse asuntos de otros años.

Como parte del proceso electoral extraordinario en Puebla se resolvieron 323 asuntos; por el proceso local en Baja California se resolvieron 235 asuntos; 195 por el de Durango; 178 por el de Tamaulipas; 164 por el de Aguascalientes y 158 por el de Quintana Roo.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD y el excandidato del PRD a la gubernatura por el estado de Baja California, Jaime Martínez Veloz reconocieron la opinión técnica que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a la violación constitucional que se cometió en Baja California al ampliar el mandato del Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Lo anterior luego de que Magistrados del TEPJF emitieron una opinión técnica y concluyeron que el Decreto 351 con el que se amplió el periodo gubernamental en el estado, trasgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votados.

Martínez Veloz sostuvo que la conclusión del Tribunal es importante, porque establecen los criterios y la jurisprudencia que existe en la entidad y con ello se convalidan los argumentos de quienes han demandado persistentemente el «atropello» a la legalidad.

El excandidato perredista dijo que la SCJN debe emitir una resolución tomando en cuenta la opinión de las instancias correspondientes en materia electoral, debido a que aporta elementos necesarios para que los ministros de la Corte puedan fundamentar la resolución legal.

Cabe señalar que la sala superior y el pleno de la SCJN han sostenido que “el principio de no reelección implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante una ampliación con esos efectos”.

Por su parte el presidente del PAN, Marko Cortés, también reconoció la resolución de la sala superior del TEPJF,  peus dijo, dejaron en claro lo que el partido dijo desde un principio.

“Lo que falta es que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional para que entonces todo mundo en Baja California tenga certidumbre y se deje de estar especulando en un gobierno que claramente es de 2 años”, declaró.

El Cortés Mendonza indicó que el PAN ya se entrevistó con el Ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, para presentar los argumentos legales del caso y también se harán visitas a los demás ministros para el mismo fin.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó como inconstitucional la llamada #LeyBonilla, con la que se amplió de 2 a 5 años el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California.

El TEPJF indicó que con la #LeyBonilla se violan los principios constitucionales de certeza, de no reelección, así como el derecho a votar y ser votado. Adicional señaló que se aparta de la regularidad constitucional.

Los magistrados incluyeron su determinación en un escrito de opinión que dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien lleva a cabo el análisis de los recursos de inconstitucionalidad contra la #LeyBonilla.

Entre los puntos que destacaron los magistrados para determinar como inconstitucional la ley, es que se vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que enuncia la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.

“El Decreto impugnado se publicó el 17 octubre de 2019, mientras que el proceso electoral en el Estado de Baja California inició el 9 de septiembre de 2018 y concluyó el 7 de octubre del año siguiente, es decir, la reforma entró en vigor una vez concluido el proceso electoral, de ahí que no se cumple con la temporalidad mínima de 90 previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones”, detallaron los magistrados.

Fue el ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, quien solicitó al Tribunal Electoral una opinión técnica sobre la constitucionalidad o no de la Ley, con el fin de contribuir al análisis que realizan.

Finalmente, el Tribunal aclaró que las opiniones emitidas respecto a temas con contenido electoral no son vinculantes, aunque aportan “elementos adicionales para el estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la finalidad de orientar el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó inexistentes las infracciones atribuidas, entre otras personas, al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por eventos públicos sobre sus 100 días de gobierno, el festejo por el año de la elección del 1 de julio, conocido coloquialmente como AMLO Fest y por su primer informe de gobierno.

La inexistencia de infracciones es por el uso indebido de recursos públicos, vulneración a las reglas de los informes de labores; adquisición de tiempos en radio y televisión y vulneración al modelo de comunicación política, derivado de la propaganda, realización y difusión de los eventos realizados por el presidente el 11 de marzo, 1 de julio y 1 de septiembre de este año, respectivamente.

Por lo que hace a la infracción consistente en promoción personalizada, se declaró su inexistencia en virtud de que al analizar los eventos denunciados no se desprende que el presidente haya realizado expresiones o manifestaciones de manera explícita en las que se adjudicara logros o acciones de gobierno y/o programas sociales, ni se resaltaron cualidades personales o logros del servidor público.

En cuanto a la presunta vulneración de las reglas de informe de labores, se determinó que de igual forma era inexistente, toda vez que se ordenó la difusión de los promocionales relativos al informe de labores del Presidente de la República dentro de los límites establecidos para tal efecto.

En la resolución no se acreditó adquisición de tiempos en radio y televisión, pues del discurso emitido el primero de julio no se desprenden referencias o manifestaciones que tuvieran la finalidad de generar beneficio a alguna candidatura o partido político.

Respecto de los promocionales alusivos al Primer Informe de Gobierno, no se identificó alguna alusión expresa al partido Morena, ni se observa su emblema en las imágenes. Se consideró que retomar promesas de campaña que fueron realizadas por el Presidente en diversos promocionales pautados no genera promoción de ese partido, puesto que es válido hacer alusión a promesas de campaña que puedan haber dado origen a una acción de gobierno.

Por otra parte, se determinó la inexistencia de la vulneración al modelo de comunicación política por la transmisión del evento del 1 de julio, cuando se cumplió un año de la elección presidencial, pues si bien algunas concesionarias incumplieron con el pautado ordenado por el INE, resulta justificable a causa del error invencible al que se enfrentaron con la posterior cancelación de la cadena nacional.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este jueves ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

La acción declarativa, presentada por el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, se integró en el expediente de Juicio Electoral en defensa de la certeza de los comicios donde resultó ganador Bonilla, para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

EL INE destacó en un comunicado que el objetivo es que la Sala Superior disipe la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California, por la que se pretende ampliar el mandato hasta 2024.

Dicha reforma «fue hecha con posterioridad a las elecciones del 2 de junio y publicada después de la declaración de validez de las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría, en la que claramente se señaló el periodo de mandato, por dos años, destacó el órgano electoral.

Asimismo, señala que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía “produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente.

El INE justificó la acción declarativa al referir que se trata de una situación que produce incertidumbre o falta de seguridad de un posible derecho y la posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.

Aseguró que el dictado de una sentencia de declaración de certeza clarificará, con precisión, los términos y alcances en los cuales se produjo el llamamiento a las urnas para renovar la gubernatura de Baja California y los efectos de la voluntad ciudadana declarada en el cómputo de la entidad y materializada en la constancia de mayoría y validez que, en su oportunidad, fue emitida por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

“Incorporar elementos de incertidumbre -como lo es modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de la declaración de validez del proceso electoral- podría producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, indicó.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre la reelección de sus dirigentes, y ordenó generar un nuevo criterio en sus estatutos para que quienes sean elegidos en el próximo proceso interno tengan derecho a la reelección hasta en dos ocasiones.

La resolución alcanzada contempla que serán excluidos de dicha sentencia a quienes fueron elegidos en 2012 y 2015.

Se establece que la posibilidad de reelección de quienes actualmente ocupan cargos en órganos de dirección ejecutiva o en los congresos, se sujeta a lo que originalmente preveían sus estatutos, es decir la reelección consecutiva hasta por una ocasión.

A partir del próximo proceso interno de Morena, quienes sean electos ahora estarán sujetos a lo que actualmente disponen sus estatutos, es decir la reelección consecutiva hasta en dos ocasiones.

El TEPJF aclaró que con dicha determinación, la Sala Superior no realizó análisis alguno respecto de la elegibilidad de quienes buscan participar en el proceso de renovación de dirigencias nacionales y estatales de Morena.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los lineamientos de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, en los que se estableció que quienes deseen participar en el proceso interno de elección de dirigentes deben renunciar o pedir licencia a su cargo público o de estructura en el partido.

Y es que el 16 de agosto pasado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emitió la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, a fin de renovar cargos ejecutivos dentro del partido con los requisitos de elegibilidad para las y los candidatos.

El 23 de septiembre la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, conforme a la delegación de funciones que le hizo el CEN, emitió la convocatoria con prohibición a los militantes que ejerzan un cargo público o dentro de la estructura partidista, para que puedan participar en el proceso de elección.

Establecía que podían participar en el proceso siempre y cuando se separaran de su cargo mediante renuncia o licencia.

Sin embargo, militantes presentaron demandas al considerar que la Comisión no tenía la competencia para emitir lineamientos, ni tampoco para modificar la convocatoria o establecer restricciones que no se encuentran previstas en la normativa del partido, estableciendo mayores requisitos de elegibilidad.

Los magistrados determinaron que el CEN es el órgano partidista facultado para emitir las disposiciones relativas a la separación del cargo de aquellos militantes que ostenten un cargo de elección popular o público y que tengan la intención de postularse a un cargo ejecutivo en el proceso de selección interna del partido.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por la que se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la Consulta Ciudadana que se celebrará el próximo domingo en esa entidad.

La Consulta Ciudadana preguntará a la ciudadanía si la duración de la próxima gubernatura en el estado será de dos o cinco años.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California se declaró incompetente porque la Consulta Ciudadana, organizada por el Congreso local, es de naturaleza distinta a la electoral, enmarcada en el ámbito legislativo, y no corresponde a las que se organizan conforme con la Constitución y la Ley de Participación ciudadana de aquella entidad.

Las impugnaciones habían sido interpuestas por la Coparmex local, y los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Lla Sala Superior tomó en cuenta que no se trata de una Consulta Popular como marca la Constitución Política de Baja California, ni tampoco es organizada por el Instituto Electoral del estado.

Aclaró que su aplicación no tendría efectos definitorios sobre el periodo del próximo gobierno, sino sobre la determinación del Congreso local de enviar o no al titular del Poder Ejecutivo local el decreto que amplía de dos a cinco años la gubernatura, para su publicación; esto es, continuar con el proceso legislativo.

Recordemos que el pasado 22 de agosto, el Congreso local aprobó el acuerdo por el cual determinó realizar una Consulta Ciudadana y conformó la comisión especial para realizarla con el fin de que se conozca el sentir de la ciudadanía de Baja California respecto a la ampliación del mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría, para Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de sólo de dos años.

La resolución del Tribunal llega en respuesta a las impugnaciones que presentaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Transformemos.

Sin embargo, las magistradas y los magistrados consideraron infundadas, las impugnaciones del PRD que consideraban que Bonilla Valdez era inelegible por supuestamente incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia.

También calificaron como infundado el recurso del partido local Transformemos en el que expuso conceptos de invalidez de la votación recibida en diversas casillas con la pretensión de que se efectuara un ajuste en el cómputo de los resultados.

Finalmente, la resolución de hoy avala un periodo para la gubernatura de dos años, como señala la Constitución local.

El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por MC.

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, rechazó que, como publicó el diario Reforma, la Sala Superior haya resuelto la duración de la gubernatura de Baja California.

Fuentes Barrera destacó que el Tribunal Electoral transmite sus sesiones de manera pública a través de sus redes sociales y en el Canal Justicia TV, con el fin de que la ciudadanía conozca el porqué de cada decisión, y sepa qué sí y qué no se ha resuelto, ya que así se vacuna a la ciudadanía contra la desinformación.

Y es que el martes pasado, el periódico publicó que la Sala Superior “confirmó la decisión del Tribunal Electoral de Baja California de ampliar el mandato del gobernador por cinco años, alegando que la demanda en contra de esa decisión fue presentada de forma inoportuna”.

“Hemos visto en los últimos días en diversos medios de comunicación la emisión de diversas notas que no son exactas (…) en relación con el caso Baja California, por ejemplo, en donde no hemos resuelto de fondo, se nos atribuye una resolución de fondo que avala un periodo que no es correcto», dijo Fuentes Barrera.

Señaló que para evitar la desinformación, la ciudadanía puede acceder a las sentencias a través de las redes, para saber cuáles son las sentencias que sí emite el tribunal.