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Diputados y diputadas del PAN, encabezados por su coordinador, Jorge Romero Herrera, acusaron al gobierno federal y a Morena de emprender una campaña de odio, desprestigio y agresiones en contra de sus legisladores, por haber votado en contra de la reforma eléctrica.

Advirtieron que interpondrán las denuncias correspondientes, toda vez que se les ha tildado de “traidores a la patria”, lo que, dijeron, está considerado como un delito en el Código Penal Federal.

Los y las diputadas expresaron su solidaridad con su compañera de bancada, María Josefina Gamboa Torales, quien este martes fue víctima de la delincuencia, al sufrir un asalto en Paseo de la Reforma, por lo que también exigieron a las autoridades ministeriales investigar y dar con los responsables.

El diputado Jorge Romero denunció que las y los legisladores de su grupo parlamentario, al igual de los del PRI, PRD y MC, han sufrido un franco y abierto acoso en sus casas de gestión, luego de haber manifestado su postura en contra de la reforma eléctrica que fue rechazada el domingo pasado, en donde se les tildó de “traidores a la patria”.

“No es un evento aislado lo que pasó con la diputada Gamboa Torales, varias compañeras y compañeros han sufrido en sus casas de enlace ya uno directo y franco, por lo que hago un llamado a que dejen de fomentar el odio y la polarización (…) Si al gobierno federal no le gustó que no se le aprobara su iniciativa está bien, pero no puede cruzar la línea del respeto y hostigar y señalar como delincuentes a quienes no coinciden con sus propuestas”, dijo.

La diputada María Josefina Gamboa Torales lamentó que el asalto del que fue víctima ocurriera dos días después de la votación de la reforma eléctrica y responsabilizó al gobierno de Morena de emprender una campaña de odio y polarización entre la sociedad y empoderar, desde Palacio Nacional a los delincuentes con la estrategia de “abrazos y no balazos”.

El diputado Jorge Triana Tena apuntó como responsables al líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo y a su secretaria general, Citlali Hernández, de fomentar esta campaña de odio y calumnia, por lo que adelantó que interpondrán denuncias ante las autoridades.

Al respecto, ayer la senadora del PAN, Lilly Téllez, durante su intervención en el Pleno donde se discutía la reforma a Ley Minera, acusó a la morenista Citlalli Hernández de iniciar una campaña de odio contra los diputados de la oposición que votaron contra la reforma eléctrica.

“Le pregunto, senadora Citlalli Hernández, ¿cómo usted se va a responsabilizar por los efectos agresivos contra los legisladores que usted ha boletinado? ¿cómo se va a responsabilizar y qué acciones va a tomar para frenar la campaña de odio que ha emprendido usted contra todos los legisladores que han votado en contra de los deseos de López Obrador, esa campaña que ha iniciado”, dijo ex morenista.

En un intento de defensa, Citlalli Hernández negó las acusaciones y señaló que quien han difundido el odio es “la oposición clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país”, y reafirmó que quienes votaron contra la reforma energética son traidores a la patria y “la ciudadanía lo sabe”.

Quien también se sumó al tema fue la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, quien al inicio de su intervención lanzó un mensaje a la secretaria general de Morena.

“Decirle, sin entrar en ningún debate, que yo no soy traidora a México ni traidora a la nación”, dijo la senadora del PRI.

JESÚS SILVA-HERZOG MÁRQUEZ

REFORMA

 

 

A principios de la semana pasada, en el Palacio Nacional, el presidente de la república da cuenta de una lista de traidores. Funcionarios que conspiraron para destruir la industria eléctrica del país. Significativamente, se sirve de un hombre desvergonzado y sin prestigio para dar lectura al nombre de los infames. “Le voy a pedir al licenciado Bartlett que les dé a conocer los nombres de los funcionarios que han trabajado y trabajan para las empresas particulares.” Su subordinado reitera que la difusión de la lista es una orden del jefe del Estado mexicano: me encarga el presidente que recordemos el nombre de quiénes han destruido a la CFE. Así empieza a leer la lista de los villanos. No se toma la molestia de verificar cargos y responsabilidades. Se equivoca en los tiempos en los que ocuparon puestos, confunde fechas y oficinas, pero aún así procede a leer la lista de la infamia.

Desde el centro del poder nacional, ante todos los medios de comunicación del país, el hombre más poderoso de México da la instrucción para destrozar la reputación de un grupo de mexicanos. Adelante, dijo: lea usted los nombres. Son los traidores. Son los inmorales. Son quienes cometieron faltas imperdonables. Vulneraron el interés de la patria. Colocaron su ambición por encima del deber. Que los conozca el mundo para que dé la espalda a los miserables. Para que les escupa y se les destierre. Ningún otro propósito tiene la publicidad de esa nómina. Se trataba de arruinar el prestigio de un grupo de mexicanos. Marcar su rostro y su cuerpo con una seña de deshonra. Mancharlos, estigmatizarlos. Todo el poder de la presidencia en contra de un grupo de ciudadanos que no puede defenderse de la agresión. ¿Qué defensa puede esgrimir un particular en contra de una embestida presidencial de esta dimensión? ¿Quién tiene una tribuna semejante a la que ocupa el presidente cotidianamente? ¿Quién cuenta con los poderes que ejerce el presidente más poderoso de la historia reciente del país? Una acusación del presidente López Obrador es una denuncia, un veredicto y una condena. Un monstruoso abuso de poder.

¿Y de qué se les acusa? De haberse apartado del código moral del Amado Líder. Eso. Ninguno de ellos recibe una acusación legal. Nadie enfrenta un proceso jurídico, nadie tiene oportunidad de defenderse en tribunales para limpiar su imagen. El jurado y el verdugo son el propio presidente de la república. Es sólo él quien ha inventado la infracción moral. Los acusados no han cometido delito alguno. Cumplieron, hasta donde puede saberse, con sus obligaciones legales. Acataron las reglas del derecho que son las únicas cuyo cumplimiento puede exigir el poder público a los ciudadanos. ¡Pero pecaron! Todos esos funcionarios fueron tentados por el mal y cayeron en el vicio. El puritano los llama pecadores, inmorales. Ese lenguaje de inquisidor implacable ha vuelto al discurso público: quienes aparecen en la lista de la deshonra no cometieron delito pero, a juicio del inquisidor, actuaron “inmoralmente.” Por eso lanza a los pecadores a la jauría. Incapaz de construir un argumento legal en su contra, los mancha para provocar su deshonra.

Al inquisidor le tiene sin cuidado el marco de lo jurídico, ese trazo que todos conocemos y que delimita con razonable precisión los límites de lo lícito. Su engreimiento moral lo faculta para lanzar acusaciones que no tienen más fundamento que su prejuicio. Así aparece cotidianamente en la plaza pública para fustigar al traidor que no se ajusta a su código personal. Nuevo ataque al orden cívico: despreciar la ley acordada para invocar la moralidad del caudillo.

Lo que sucedió la semana pasada en la conferencia de prensa del presidente de la república es gravísimo. El presidente empleando su gigantesco poder para aniquilar moralmente a sus adversarios. La tribuna presidencial empleada para promover una cultura de linchamiento. Esta es la lista de los miserables: que el pueblo noble, sabio y bueno actúe como crea conveniente. Cuando el presidente habla no habla un ciudadano cualquiera que expresa su punto de vista. La palabra presidencial tiene un impacto directo en la vida de las personas que nombra. La voz del poder no puede ser la voz de la inquina personal y del odio.

Luego de su designación como presidente del Senado al contar con el apoyo de las bancadas del PRI, PRD, PT-MORENA y el PVEM, Ernesto Cordero señaló que la lógica de Ricardo Anaya es lo que está golpeando a su partido, pues asegura que todo aquel que no está con él, “es un traidor”.

 

En entrevista con el diario El Universal, Cordero sostuvo que él y los cuatro senadores que le apoyaron no traicionaron al partido, pues no negociaron con el PRI su nombramiento, “nosotros no negociamos con el PRI la presidencia del Senado, fuimos y pedimos su confianza, no sólo al PRI, también al PRD, al PT-Morena, al PVEM y todos nos dieron su confianza”.

 

 

 

Al ser cuestionado sobre si su nombramiento fue para garantizar el pase automático de Raúl Cervantes como Fiscal General de la República, tal como lo ha denunciado su bancada,  Cordero sostuvo que “es absolutamente falso. Diría que es al revés, el grupo que allanó el camino al pase directo fue el de Ricardo Anaya en la Cámara de Diputados, en 2014. Cuando Anaya era diputado votó el pase directo y luego ese grupo parlamentario votó en favor de la reforma secundaria que detonaría el pase automático”.

 

Indicó que analizará de manera detallada la designación del nuevo Fiscal, pues más allá de tener algo en contra de que el neuvo fiscal sea militante de un partido, lo que no tendría que influir en su desempeño, lo que se debe garantizar “que el nombramiento del primer fiscal general responde a un tema de transparencia, honestidad e independencia”.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

En medio de una polémica sobre el respaldo de su bancada, el panista Ernesto Cordero fue designado presidente del Senado para el período 2017-2018.

 

 

Con 77 votos a favor, sólo cuatro panistas respaldaron la propuesta de la bancada del PRI y su coordinador Emilio Gamboa; Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y Javier Lozano fueron quienes apoyaron la designación de Cordero, quienes fueron tachados por sus compañeros de “traidores” y de haber cometido “una puñalada” a su propio partido.

“Esto atenta el sano entendimiento del parlamento mexicano. Esto es un verdadero atropello. Hoy queda clara quiénes son los traidores, quienes negociaron y le dieron la espalda al pueblo”, sostuvo el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera.

Por su parte, Jorge Luis Preciado, quien había sido perfilado por su bancada para ocupar la vicepresidencia de la Cámara para luego ser sustituido por Octavio Pedraza, sostuvo que “pudo más la cartera que la camiseta (…) que vergüenza que regreses de una licencia para ponerse como tapete del PRI”, dijo en referencia al Poblano Javier Lozano.

Cordero contó el apoyo de las bancadas del PRI, PVEM, parte del PRD, Morena y PT.

Con información de La Jornada  / Foto: Twitter

Salvador García Soto

EL UNIVERSAL

 

 

 

 

Pese al repudio creciente de la sociedad civil y de la oposición en el Senado, el nuevo intento del presidente Peña Nieto y su grupo político por secuestrar a la naciente Fiscalía General de la República (FGR) avanza con el apoyo cínico del PRI y sus nefastos aliados verdes, pero también con tres posibles “traidores” en el PAN, que venderían su voto para nombrar fiscal al peñista Raúl Cervantes: Javier Lozano Alarcón, quien ya hizo público su apoyo a la infamia del #FISCALCARNAL; Ernesto Cordero, el ex secretario de Hacienda amigo del grupo ITAM, y el más priísta de los senadores panistas, Roberto Gil Zuarth, quien ha obtenido grandes beneficios políticos y económicos en sus negociaciones con el gobierno de Peña Nieto.

 

Esos tres panistas, si votaran con el PRI-PVEM, podrían darles los tres votos que le faltan al bloque oficialista para alcanzar la mayoría simple y aprobar la Ley de la Fiscalía General, y si lo hacen traicionarían no sólo a su partido, que definió como posición rechazar el “pase automático” y el nombramiento del procurador Cervantes por carecer de autonomía e independencia probadas para ocupar la FGR, sino también Lozano, Cordero y Gil Zuarth se convertirían en “traidores” de toda la sociedad, por avalar un nombramiento que va totalmente en contra de la exigencia y la aspiración de los mexicanos por tener una fiscalía autónoma, independiente y libre de las presiones políticas que sólo han pervertido y politizado la ineficiente procuración de justicia en nuestro país.

 

Justo el lunes pasado la Universidad de las Américas de Puebla daba a conocer un estudio realizado por sus académicos que midió el nivel de impunidad en naciones de todo el mundo y México, vergonzosamente, aparecía como el primer lugar en impunidad del continente americano y como el cuarto lugar en esa penosa condición en todo el planeta. El rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, informó que según ese estudio hay severas fallas en los sistemas de impartición y procuración de justicia en nuestro país que se reflejan en que sólo 0.7% de los delitos denunciados reciben sentencia condenatoria, es decir, que el nivel de impunidad en el castigo a los delitos alcanza el 99.3%. Además documenta violaciones graves a derechos humanos, falta de jueces (sólo 4 jueces por cada 100 mil habitantes) y en cambio muchos policías, 359 por cada 100 mil habitantes, por encima incluso del promedio mundial, que es de 319, pero con una total ineficiencia en la persecución de los delitos y la procuración de justicia.

 

¿Es acaso ese nivel de impunidad lo que quieren preservar el presidente Peña Nieto aún después de su sexenio? Porque el nuevo fiscal duraría en el cargo 9 años y nombrar a un fiscal como Cervantes, comprometido y ligado a los intereses políticos del PRI y del grupo mexiquense, perpetuaría esa impunidad y la falta de acceso a la justicia que padecemos los mexicanos. Por eso sorprende el nivel de
cinismo de los senadores priístas, encabezados por su coordinador Emilio Gamboa Patrón, y del coordinador del PVEM, Pablo Escudero, señalado también por obtener grandes beneficios, económicos y políticos, de sus negociaciones con el gobierno peñista.

 

Al cinismo del PRI hay que sumarle la irresponsabilidad de su cuestionado dirigente nacional, Enrique Ochoa, quien reafirmó ayer, en la reunión plenaria de sus senadores, el apoyo de su partido al nombramiento del llamado #FISCALCARNAL. “Que quede aquí patente el apoyo del PRI al trabajo destacadísimo que está haciendo Raúl Cervantes como procurador… Nosotros consideramos que tiene la
trayectoria, el profesionalismo y el desempeño público para tener la altísima responsabilidad de ser el fiscal general de la nación”

 

¿En verdad Ochoa Reza cree que los mexicanos somos idiotas o, en su desfachatez, hace como que no entiende que lo que se le cuestiona a Cervantes no es su trayectoria profesional, sino su total cercanía y sumisión al PRI y al presidente Peña, de quienes fue abogado y representante y de los que por tanto no tendría la independencia necesaria para investigar por un claro conflicto de interés?

 

Ese es el tema de fondo y ayer lo volvieron a denunciar más de 200 organizaciones civiles que rechazan la imposición de Cervantes y pugnan por “Una Fiscalía que sirva”; pero en su intento de preservar su corrupción e impunidad no quieren verlo Peña Nieto y su partido, con sus aliados verdes y esquiroles panistas: lo que harían si imponen a un fiscal a modo es matar a una institución autónoma antes de nacer, y de paso matarnos la esperanza de justicia y de combate a la corrupción e impunidad a todo un país. Y todo por proteger sus intereses y su suciedad después de este sexenio.

 

 

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela quien ha tomado el control de casi todos los poderes en dicho país, aprobó un decreto para abrir un juicio político a todos aquellos que se consideren “traidores a la patria”.

 

Las personas que han sido calificadas como “traidores a la patria” son aquellos que han apoyado las sanciones económicas que el gobierno de Donald Trump impuso en contra de Venezuela, siendo que la mayoría de ellos son líderes opositores, por lo que dicha medida ha sido tomada como una nueva cacería de brujas en contra de quienes le han hecho frente al gobierno de Nicolás Maduro.

 

Entre el grupo de personas que serán sometidos a juicio político, también se encuentran  figuras disidentes del oficialismo chavista, tales como el ex ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, la ex fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz y su esposo el diputado chvista Germán Ferrer.

 

Los integrantes de la Constituyente aprobaron “iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano”, indicaron en su más reciente sesión.

 

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO