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El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó este lunes a la Consejería Jurídica de la Presidencia buscar y revelar los informes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

El INAI indicó que esta información, que incluye videos, entrevistas, mensajes entre personas clave, comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, conversaciones y cuestionarios, entre otras, debe difundirse al público en general.

Esto, recordó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, es parte del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de esclarecer los hechos que ocurrieron el 26 de septiembre de 2014 en los que desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

La funcionaria del organismo autónomo afirmó que el reclamo social sigue vigente y no parará hasta saberse la verdad de los hechos y reparar el daño a los afectados y, por ello, es importante abrir la información relacionada con el caso.

“Estos informes que se están solicitando son informes que continuamente los han hecho públicos, se nos ha informado sobre este caso, se han hecho las denuncias correspondientes y se han informado, entonces, la información existe”, recalcó.

Señaló además que esta resolución ocurre en respuesta a la solicitud formulada por una persona que pidió que la Consejería Jurídica presentara la información sobre el caso, aunque la dependencia negó que existiera registro o constancia de información relacionada.

“Al presentar sus alegatos, la Consejería Jurídica reiteró su respuesta inicial y señaló que no está en posibilidades de buscar en los archivos de la Presidencia de la República, ya que se trata de un sujeto obligado distinto”, detalló el INAI.

Sin embargo, al analizar el caso, el Instituto determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, “pues no consultó a todas las unidades administrativas competentes”.

Y expuso que, aunque la Consejería Jurídica no es la responsable de emitir los informes, puede conocer la información, sobre todo porque está inmersa en los procedimientos.

Ante ello, ordenó una búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes.

La resolución sucede tras protestas porque López Obrador no ha cumplido su promesa de campaña de resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Hasta 19 grandes plataformas o buscadores digitales, entre ellas TikTok, X, Google o Facebook deben, a partir de hoy, moderar sus contenidos en la Unión Europea, al empezar a aplicarse las disposiciones de la Ley de Servicios Digitales.

Políticos han señalado que, lejos de ser una herramienta de censura, la Ley busca proteger la libertad de expresión y a los ciudadanos.

La conocida como DSA “está aquí para proteger la libertad de expresión frente a decisiones arbitrarias y, al mismo tiempo, proteger a nuestros ciudadanos y democracias”, en palabras del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

La ley está en vigor desde el pasado 16 de noviembre pero es a partir de hoy 25 de agosto cuando van a tener que adaptarse a ella 19 grandes compañías, las cuales cumplen el requisito de contar con al menos 45 millones de usuarios activos mensuales.

Se trata de X, TikTok, Instagram, Wikipedia, Zalando, AliExpress, Amazon, la AppStore de Apple, Bing, Booking, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat y YouTube.

Deberán, en concreto, cumplir con los nuevos requisitos de transparencia sobre el contenido en internet y protección de los menores.

“La moderación del contenido no significa censura. En Europa no habrá un Ministerio de la Verdad. Lo que habrá será transparencia. En procesos algorítmicos, bots y anuncios personalizados”, según Breton.

Esta legislación se extenderá a otras plataformas de menor tamaño en febrero y antes, en dos meses, las 19 grandes deberán publicar sus primeros informes de transparencia.

“Han tenido tiempo suficiente para adaptar sus sistemas a sus nuevas obligaciones: en materia de transparencia, privacidad, retirada de contenidos y productos ilegales, protección de los usuarios vulnerables, lucha contra la desinformación”, indicó el comisario francés.

Pero ¿en qué consiste la DSA? La Ley de servicios digitales obliga a las plataformas a eliminar rápidamente el contenido ilegal que exista en sus páginas web, siempre y cuando tengan conocimiento de ellos.

Además, los sistemas de inteligencia artificial tendrán que especificar si el contenido que muestran son vídeos o imágenes falsas, siempre y cuando supongan un riesgo para la salud, tanto física como mental.

La protección de la infancia será una prioridad, al igual que la lucha contra la desinformación, incluida la propaganda prorrusa y, en particular, de cara a las elecciones europeas del año próximo.

Si un contenido resulta moderado, el autor recibe información detallada sobre ello y también sobre cómo apelar. La plataforma tiene que poner en marcha un sistema de apelaciones y el regulador nacional, si es necesario, se pronunciará en última instancia: si da la razón al usuario, la plataforma deberá restaurar el contenido y pagar por los costes.

Las empresas tendrán además que explicar a los usuarios por qué les recomiendan contenido en función de su perfil (deberán ofrecer la posibilidad de que la información que ven no esté basada en sus datos personales) y estarán obligadas a especificar claramente si una información tiene carácter publicitario, así como quién es su promotor.

También les prohibirá mostrar publicidad personalizada a los menores de edad.

En la misma línea, la norma prohíbe el uso de “patrones oscuros”, trucos diseñados para engañar y manipular a los consumidores para que tomen decisiones probablemente contrarias a sus intereses.

Las compañías también tendrán que hacer informes anuales para comprobar que cumplen con estos requisitos y tanto las autoridades como investigadores externos podrán tener acceso al diseño de sus algoritmos, que determinan el contenido que los usuarios ven en internet.

Si las plataformas incurren en incumplimientos de estos requisitos, la ley contempla la posibilidad de introducir multas de hasta el 6% de su facturación anual a nivel global.

En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no existe una política de transparencia debido a la opacidad que enfrentan los ciudadanos, según reveló un estudio presentado este miércoles por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Universalmente se entiende por transparencia y el derecho de información de poner a cualquier ciudadano que lo solicite toda la información disponible. Y esto que dice la constitución no se está cumpliendo”, afirmó María Amparo Casar, Presidenta de MCCI.

La organización presentó este miércoles el estudio “Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública”, en el que se recopilaron todas las bases de datos del gobierno federal para evaluar la calidad de la información de los archivos.

Con 12,570 bases públicas, MCCI encontró que 8,890 archivos, equivalentes al 71% del total, llevan al menos dos años sin haber sido actualizados, es decir, 7 de cada 10 bases están abandonadas o sin actualizar.

Lorenzo León, analista de datos de la organización, sostuvo que el objetivo del reporte es remarcar la deficiencia que hay ahora mismo con la transparencia, debido a la creciente demanda de solicitudes de información desde finales de la administración pasada.

“En general todos los portales tienen datos, pero la gran mayoría están desactualizados cuando se supone que tienen que algunas de ellas tienen que estar actualizadas diaria, semanal y mensualmente, pero no lo están y esto es algo preocupante”, afirmó el colaborador de MCCI.

León reiteró que hay muchas bases de datos que apenas sirven como relleno y que solo el 30% de las bases sí cumplen los estándares de utilidad, sin ser operables.

Ninguno de los 5 sectores estratégicos principales del Gobierno, entre los que se encuentran Bienestar, Salud, Educación, Energía y el Ejército, aprobó la evaluación realizada por el estudio, pues el puntaje más alto fue para Bienestar, que obtuvo 41 puntos sobre 100, mientras que el Ejército obtuvo la peor calificación con 30 puntos.

La presidenta de MCCI arremetió contra el presidente López Obrador, señalando que en este sexenio no tienen la puerta abierta para hablar con ninguna dependencia, mientras que en otros Gobiernos podían al menos tener un diálogo.

“Para Obrador la transparencia es la información que se transmite diariamente en las conferencias matutinas, pero esos datos a veces son falsos e imprecisos”, expresó María Amparo Casar.

El estudio resalta que las instituciones con más bases de datos abandonadas son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); la Oficina de la Presidencia de la República; el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Debido a la parálisis que enfrenta ante la negativa de los legisladores de Morena y partidos aliados de apoyar el nombramiento de los comisionados faltantes, y con ello cumplir con el quórum legal y necesario para sesionar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) presenta una pesada carga de trabajo pendiente de resolver.

La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas advirtió que suman más de 5 mil recursos de revisión y medidas de apremio que no se han podido ejecutar.

“Hay INAI, sigue existiendo, lo que está detenido es un quórum. Hace falta un compañero, bueno tres; pero con uno podemos sesionar. Pero todos los demás programas, la Plataforma Nacional de Transparencia, las Fiestas de la Verdad (…) siguen en marcha”, dijo.

Del Río Venegas añadió que los comisionados “vamos a seguir aguantando, resistiendo, porque unidos somos más”.

La Comisionada del INAI subrayó que el órgano garante nacional sigue realizando acciones para promover los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en colaboración con el Sistema.

Confió en que “ya estemos a días” de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les pueda conceder la suspensión que solicitan para poder sesionar con el número de integrantes del Pleno actuales, y con ello no depender del nombramiento de nuevos comisionados.

Y es que recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vetó el nombramiento de dos comisionados que el Senado había aprobado, ante presuntas acusaciones de acuerdos entre partidos, lo que provocó que el tema regresara a la Cámara Alta.

En el Senado, Morena y aliados se han negado a sacar adelante nuevos nombramientos, incluso faltando a acuerdos con la oposición, con quienes habían negociado sacar adelante otros asuntos a cambio de votar los nombramientos.

La oposición exige a Morena destrabar el asunto, acusando una estrategia del gobierno federal para mantener en parálisis al órgano encargado de la transparencia. Incluso se llegó a filtrar un audio en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, revelaba que el presidente habría pedido mantener dicha parálisis en el INAI.

Horas después de que la Suprema Corte de México determinara que es inconstitucional un acuerdo del gobierno que declaraba grandes proyectos de infraestructura como obras de “interés público y seguridad nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un decreto similar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en claro desafío al fallo del alto tribunal.

La Corte dejó claro que el gobierno federal no puede simplemente decretar que las obras públicas son asuntos de “seguridad nacional”, debido a que eso viola el derecho del público a la información sobre tales infraestructuras.

DECRETO AQUÍ

Sin embargo, el jueves por la tarde entraba en vigor un acuerdo que daba ese mismo calificativo a varios proyectos, entre ellos el Tren Maya, la polémica obra en el sureste que el mandatario ha prometido entregar en diciembre próximo, y que ha intentado acelerar eximiéndola de permisos y de la presentación de informes públicos bajo el argumento de que es vital para la seguridad del país.

Además del Tren Maya, el nuevo decretó añade que son obras de seguridad nacional el Corredor económico que atravesará el Istmo de Tehuantepec, y varios aeropuertos de esa zona del sureste.

El fallo de ayer de la Corte es el último de una serie de reveses para López Obrador, que ha tratado de ampliar los poderes discrecionales de la presidencia.

De momento no está claro si la determinación judicial del jueves sólo afecta el derecho del público a acceder a la información sobre el gasto, costos y otros datos de ese tipo de proyectos, o si también irá más allá. La Corte tiene previsto discutir y votar el lunes el alcance y las implicaciones del fallo.

López Obrador está molesto con el máximo tribunal por desechar algunas de sus iniciativas de reforma electoral, y ha pedido un cambio para que la Suprema Corte sea un órgano electo. En la actualidad, el presidente sugiere las ternas de posibles jueces, pero el Senado las elige.

López Obrador se está apresurando para terminar el Tren Maya, a pesar de las objeciones por parte de defensores del medio ambiente, de buzos y de arqueólogos.

El gobierno había pausado el proyecto en 2022 luego de que activistas ganaron una orden judicial contra el trazado, porque abría una franja en la selva para las vías sin presentar previamente una declaración de impacto ambiental.

En Broojula, Ana Paula Ordorica te presenta un resumen sobre lo que sucedió ayer en la Corte y la decisión del presidente de apresurarse a emitir un nuevo decreto. Carlos Bravo Regidor, analista y periodista, comenta al respecto.

El coordinador del Grupo Parlamentario Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que en un “acto republicano y de respeto a la división de poderes”, los partidos que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia” acordaron que la discusión de la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comience el próximo año.

Además, el morenista señaló que en acuerdo con el presidente, funcionarios del gobierno federal, legisladores federales y locales, estarán en estos meses recorriendo todo el país para informar a las mexicanas y los mexicanos sobre la importancia de la reforma eléctrica.

Recordó que hace ocho años, durante la madrugada de un 12 de diciembre, “los partidos de la derecha, que hoy son oposición, engañaron al pueblo mexicano y se aprovecharon de la fe católica para hipotecar el futuro de millones de familias con una reforma energética regresiva”, en referencia a la reforma eléctrica del 2013 en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Hoy puedo decir que van cuatro asambleas informativas con pleno éxito y mucha participación social. Visitamos Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y cerraremos en San Luis Potosí informando al pueblo sobre la necesidad de que nuestro país recupere su soberanía en materia de energía eléctrica”, señaló el legislador.

Aseguró que durante las cuatro asambleas que se han realizado, la gente ha votado a mano alzada, de manera unánime, a favor de que se impulse la reforma en la Cámara de Diputados. Adelantó que terminadas las asambleas regionales, que se desarrollarán durante diciembre, en enero y febrero, se realizarán más de 750 asambleas distritales y municipales en todo el país.

“Esta reforma será del pueblo y con el pueblo. Nosotros no nos vamos a aprovechar de fechas significativas para ellos, como es el 12 de diciembre. No tenemos nada que ocultar y esta propuesta, a comparación de la aprobada en el 2013, no lleva jiribilla ni truco ni engaña a México”, enfatizó Mier Velazco.

El diputado lamentó que, aún sin conocerla a fondo, los partidos de oposición han dicho que votarán en contra de la reforma. Afirmó que su rechazo a la iniciativa es “porque ellos fueron socios de este saqueo a nuestro país, a ellos no les importó hipotecar el futuro de millones de familias mexicanas”.

Mier Velazco manifestó que de no aprobarse esta reforma, para el año 2029 no existirá la Comisión Federal de Electricidad (CFE), serán tres o cuatro fondos de inversión. Será el mercado financiero que impulsaron en el pasado, y va a pasar lo que ya está pasando en Inglaterra, España, Grecia y Estados Unidos.

Mier Velazco indicó que para Morena el objetivo principal con esta reforma eléctrica es mejorar las condiciones de vida en nuestro país, además de beneficiar a las familias, pero también que involucre a la iniciativa privada en condiciones parejas tanto para los generadores, como para el Estado, a través de la CFE.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que analiza de fondo el Acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que los proyectos y obras del gobierno federal  son considerados de interés público y seguridad nacional.

El INAGI indicó que la revisión se realiza a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.

El Instituto recordó que en el artículo primero, el documento señala expresamente que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

Explicó que al ser la “seguridad nacional” una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advertía que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

Por ello dijo que las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.

“El INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información (…) evalúa si dicho Acuerdo no se contrapone a lo establecido en dicho marco normativo”, remató el Instituto.

En más reacciones que ha generado el acuerdo publicado por el gobierno, este martes José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, denunció en Twitter que a raíz de este acuerdo, “cada día es más evidente que Andrés Manuel López Obrador cree estar por encima de la ley”.

“Ordenó por decreto, que todos sus proyectos favoritos reciban permisos, sin cumplir con los estudios requeridos y que sean considerados ‘de seguridad nacional’, exentos de la ley de transparencia”, advirtió Vivanco.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que en la consulta sobre el posible juicio a expresidentes del país, actuarán con total transparencia, esto mientras ha comenzado a preparar los detalles del ejercicio.

A pesar de que el gobierno, a través del Congreso, ha rechazado hacer dotar de mayores recursos al INE para sacar adelante la consulta, Córdova afirmó que el INE está en condiciones de llevar a cabo el “más profesional y amplio” ejercicio de consulta ciudadana de la historia de México.

Así, ha confirmado que ya se ha habilitado un sitio web para revisar la información al respecto de cara a la consulta, prevista para el 1 de agosto. Se indicó que este fin de semana, se comenzó a trabajar para ubicar, invitar y capacitar a quienes actuarán como funcionarios de las casillas.

Detallaron que para este ejercicio, se elegirá a más de 287,000 personas, quienes participaron a su vez como funcionarios de casilla en las elecciones pasadas. También se instalarán 57,000 mesas de votación en la consulta popular, “lo que lo hace del evento un ejercicio democrático e inédito”.

Añadió que cada distrito contará con unas 200 mesas receptoras y cada una de ellas tendrá 2,000 papeletas.

Córdova Vianello sostuvo que existen condiciones plenas de “legalidad, equidad, certeza y transparencia” para esta consulta y ha asegurado que este ejercicio es el primero que se realizará a nivel federal con los estándares de “calidad técnica y profesionalismo”.

Será el próximo 15 de julio cuando el INE iniciará la difusión de la consulta popular en radio y televisión, a través de los tiempos oficiales ordinarios con que cuenta la autoridad electoral.

Recordemos que el 19 de noviembre de 2020, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificar la convocatoria de la consulta popular, aprobada el 7 de octubre por el Senado y el 22 de octubre por la Cámara de Diputados, para que la difusión de la consulta popular iniciara el 15 de julio del 2021 y no el 28 de octubre de 2020, como originalmente se planteaba.

El INE también emitió la convocatoria para que la ciudadanía interesada participe como observadora de la consulta popular, misma que estará abierta hasta el 15 de julio de 2021.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometió transparencia absoluta en todo relacionado con la adquisición de vacunas contra el COVID-19, incluyendo el acceso a los contratos que el gobierno federal ha firmado con las farmacéuticas, las dependencias encargadas de dicha información han negado el acceso a ella, e incluso reservado la información hasta por cinco años.

“Nosotros no vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el Gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar”, declaró el presidente Lopez Obrador el pasado 12 de enero en su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, de acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el marco de un trabajo conjunto de la alianza “Vigila la Pandemia”, realizado en colaboración con periodistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, el gobierno federal ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las vacunas.

El argumento que se ha utilizado para negar el acceso a la información es que hay acuerdos de “confidencialidad suscritos con las farmacéuticas” para no divulgar sus secretos industriales y comerciales; entre la información secreta está el precio pagado por cada dosis de las vacunas.

Lo que se ha informado es que las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así mantener los datos en secreto.

Sin embargo, la negativa a transparentar la información no ha sido exclusiva de México. Las respuestas de las autoridades en todos los países que participan en la alianza “Vigila la Pandemia” han sido la misma: negativa o incluso el silencio.

En el caso de México, el gobierno federal ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”.

La compra de vacunas representará un gasto de 33 mil millones de pesos, según ha indicado el presidente López Obrador. En promedio, cada vacuna costará 7 dólares, aunque el precio que cobró cada laboratorio es por ahora un secreto.

A la fecha, el gobierno de México tiene acuerdos y contratos suscritos para adquirir vacunas de los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia; con el laboratorio Bharat Biotech de la India, y con GAVI Alliance para participar en el mecanismo multilateral COVAX.

 

Investigación completa en MCCI

Estados Unidos y otros trece países expresaron este martes su “preocupación” por el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el origen de la COVID-19 y pidieron más “transparencia” en las siguientes fases del estudio.

“Nos unimos para expresar nuestra preocupación compartida con respecto al reciente estudio de la OMS en China, al mismo tiempo que reiteramos la importancia de trabajar juntos para el desarrollo y uso de un proceso rápido, eficaz, transparente, basado en la ciencia e independiente, que sea usado en las evaluaciones internacionales de este tipo de brotes en el futuro”, dijeron los Gobiernos de los 14 países.

El comunicado conjunto fue distribuido por el Departamento de Estado en Washington. Además de gobierno de Joe Biden, el posicionamiento está firmado por Canadá, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Israel, Japón, Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Corea del Sur, Eslovenia, y el Reino Unido.

El grupo de países evitó cualquier señalamiento directo a China, pero consideró “esencial” expresar sus “preocupaciones compartidas” sobre el acceso que tuvieron los diecisiete científicos de la misión internacional de la OMS que visitaron durante 28 días Wuhan, considerado el lugar donde se registró el primer brote.

En concreto, los catorce países afirmaron que la misión internacional de científicos fue “retrasada significativamente” y no tuvo acceso a datos y muestras del virus “originales y completas”, ya que supuestamente solo se proporcionó a los científicos de la OMS los informes que habían elaborado previamente expertos chinos.

Por tanto, el equipo de la OMS no pudo revisar los datos originales sobre los que se basaron esos informes, algo que les habría permitido llegar a sus propias conclusiones sobre el origen y la forma en la que se extendió el virus.

Por ello, pidieron que las siguientes fases del estudio sobre el origen del virus se desarrollen con “transparencia”, “rapidez” y siguiendo “un proceso basado en pruebas”.

Recordemos que el informe de la OMS no ofrece una conclusión final sobre el origen del virus, y sus conclusiones se resumen en cuatro hipótesis que se clasifican de más a menos probables. A la hipótesis a la que se le da más credibilidad es que el nuevo coronavirus llegó al ser humano a través de uno o más animales que funcionaron como especie intermediarias.

Por otro lado, justo este martes, líderes de 23 países y la OMS expresaron apoyo a la idea de crear un tratado que permita compartir información más rápido sobre emergencias sanitarias, en un intento de evitar una situación similar a la actual pandemia.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que datos no fueron entregados a los investigadores de la Organización que viajaron a China. Uno de los investigadores del equipo ya había dicho que China se negó a dar datos brutos sobre los primeros casos de COVID-19 al equipo dirigido por la OMS, lo que podría complicar los esfuerzos por comprender cómo empezó la pandemia mundial.

“En mis conversaciones con el equipo, expresaron las dificultades que encontraron para acceder a los datos brutos”, dijo Tedros. “Espero que los futuros estudios de colaboración incluyan un intercambio de datos más oportuno y completo”, añadió.

Tedros dijo que no consideraba que esta evaluación haya sido lo “suficientemente amplia”, y adelantó que serán necesarios más datos y estudios para llegar a conclusiones más sólidas.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar de la importancia que tiene que se transparenten los expedientes que tienen que ver con acusaciones contra servidores públicos.

“Lo del debido proceso debe quedar en segundo plano y se debe de privilegiar la transparencia cuando se trata de delitos presuntamente cometidos por servidores públicos”, dijo López Obrador al ser consultado sobre el tema.

El mandatario explicó que un servidor público corrupto y ratero, hace más daño a la sociedad que un ladrón callejero,  ya que mientras que el ladrón actúa de manera individual, el funcionario es un representante de la sociedad que traiciona la confianza del pueblo.

Dijo que un servidor público es doblemente responsable, pues además de robar traiciona la confianza de los ciudadanos.

Enfatizó que se ha utilizado el tema del debido proceso para ocultar información, por lo que dijo, es bueno a que se debata sobre el tema.

Indicó que no es casual que en el periodo de más saqueo en la historia de México, en referencia a los últimos 30 años, se haya establecido el debido proceso y se reformara el Código Penal durante el gobierno de Carlos Salinas para que la corrupción no se considerara como delito grave.

Lamentó que el salinismo como política, perduró a pesar de que Salinas dejó el poder. Indicó que se fue Salinas pero Ernesto Zedillo siguió con la misma política, repitiéndose el caso con Vicente Fox y Felipe Calderón. “Siguió con el salinismo como política, las privatizaciones, el favorecer a las empresas extranjeras”.

“Repito, cuando menos en el caso de servidores públicos tiene que haber transparencia completa, nada de guardar la información”, dijo AMLO. 

Las declaraciones del mandatario coinciden con la confirmación por parte de la Cámara de Diputados de que no harán público el expediente que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Sobre el caso, dijo que el gobierno federal será respetuoso del procedimiento que se siga, y reiteró que su administración no fabrica delitos en contra de nadie, aunque tampoco serán tapadera de nadie.

“No vamos a encubrir a nadie. Por eso yo soy partidario de la transparencia en estos casos, porque eso despeja mucho las dudas. Si la gente conoce el expediente, se conoce toda la información… Los mexicanos estamos muy conscientes, muy avispados, muy politizados”, sostuvo López Obrador.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, informó que se abrió un periodo de siete días para que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haga una declaración por escrito respecto a la solicitud de desafuero que promovió la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

El legislador de Morena explicó que en caso de que el gobernador no realice declaración alguna se entenderá que niega los señalamientos que hace el organismo de procuración de justicia.

Explicó que el pasado lunes se notificó al mandatario panista sobre el proceso de juicio de procedencia que le atañe directamente, por lo que el periodo de siete días comenzó el día siguiente, y una vez que termine, la Sección Instructora determinará abrir un periodo de 30 días para el desahogo de pruebas.

Sobre si la Sección Instructora dará a conocer públicamente el expediente, como lo pidió el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina, Gómez Álvarez respondió que no es posible, porque la ley no lo permite; sólo pueden acceder a él las partes involucradas.

“Si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su solicitud (de desafuero) es cosa de él, en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad”, puntualizó, dejando así la petición de AMLO en manos de la FGR.

Indicó que en caso de que se declare la procedencia del juicio de desafuero se notificará al Congreso de Tamaulipas.

En su encuentro con la prensa, Pablo Gómez aprovechó para actualizar sobre la solicitud de desafuero contra el diputado del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, presentada por la Fiscalía de la Ciudad de México; indicó que ya se han entregado los alegatos a la Sección Instructora, por la que ésta ya deberá resolver sobre dicha solicitud. De igual manera comentó sobre la solicitud de desafuero contra el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, promovida por la Fiscalía de Chihuahua; dijo que el caso está en el periodo de desahogo de pruebas.

Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD exigieron al gobierno federal un Plan de Vacunación eficaz y con acceso para todas y todos los mexicanos, acusando que la vacuna está siendo utilizada para fines electorales.

Aseguraron que el mal uso de la vacuna representa una estrategia fraudulenta para engañar al pueblo mexicano y para que la 4T se perpetúe en el poder, aprovechándose de la situación tan lamentable que se vive  cusa de la pandemia.

El llamado conjunto de los partidos de oposición, señalaron, es parte de los esfuerzos que están haciendo con la sociedad civil, para no permitir que México se conduzca a través de la soberbia, la indiferencia, la opacidad y el control absoluto.

Recordaron que desde marzo del año pasado, mes en el que inició el confinamiento, las autoridades federales han actuado con indiferencia al prestar mayor atención a proyectos faraónicos en lugar de atender la emergencia sanitaria; señalaron que se han desmantelado fideicomisos y arrebataron 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para supuesta compra de vacunas, lo cual hasta la fecha no ha sido transparentado.

Alertaron que la situación en los hospitales es cada vez es más crítica, pues además de que no hay medicamentos, no hay insumos suficientes para atender a pacientes. “La austeridad de la que tanto ha presumido Morena es homicida”.

Exigieron transparentar los contratos firmados con empresas privadas para la adquisición de vacunas contra la Covid-19.

“Necesitamos acciones contundentes en materia económica y social. Es necesario el fortalecimiento de las instituciones; está claro que la pandemia ha reflejado la incapacidad del Gobierno Federal para combatir esta crisis y se refleja ante un régimen autoritario”, afirmaron los dirigentes del PRI, PAN y PRD.

Aprovecharon para recordar que la oposición comienza a unir fuerzas en todo el país para cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y no permitir que “la mayoría” en el Congreso de la Unión siga tomando decisiones dictadas desde Palacio Nacional que afecten de manera directa al bienestar de la sociedad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el próximo lunes tendrá una reunión con el gabinete ampliado, para hacerles la propuesta de la reforma administrativa que pretende presentar, para que el gobierno federal absorba las funciones de los organismos autónomos y estos desaparezcan, ya que dijo no han cumplido con las funciones para las que fueron creados.

“Vamos a hacer un análisis minucioso de lo que más conviene, desde luego, garantizando la transparencia, que es una regla de oro de la democracia”, dijo AMLO.

Explicó que no significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático creado con ese propósito, lo que según dijo, ha quedado demostrado con el paso de los años. Lamentó que se haya creado un aparato burocrático para la transparencia y se haya logrado garantizarla, pues se reservaban los asuntos que no les convenían a las dependencias que se supieran.

Como ejemplos dijo, se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas o el expediente del caso Odebrecht.

Celebró que ya se haya iniciado el debate sobre los organismos que se crearon durante el periodo neoliberal para aparentar que iba a haber transparencia, pues lo único que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información.

El presidente se refirió a los organismos autónomos como “tapaderas y alcahuetes”. “Así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, pues así, para eso crearon y cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos”, lanzó AMLO.

Prometió que cuando se presente toda la estructura que tienen los organismos, se exhibirá lo que realmente cuesta mantenerlos.

López Obrador explicó que lo que se busca es ahorrar para que todo lo que se obtenga se le destine al pueblo y se utilice para el desarrollo del país. Indicó que para ahorrar es necesario actuar con eficiencia en el manejo de la administración pública.

AMLO aclaró que el desaparecer los organismos autónomos no significa que se van a quedar los trabajadores sin empleo, ya que a todos los trabajadores se les va a garantizar su trabajo.

El presidente dijo que de aprobarse que las funciones del INAI pasen al gobierno, se garantizará que la información que se solicite sea entregada en 72 horas, que no haya reservas y que se cumpla con una transparencia completa. Añadió que el funcionario que no entregue en tiempo la información será sancionado.

Sobre los señalamientos acerca de que algunos organismos, como el IFT, no se podían desaparecer porque sus funciones están incluidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente dijo que se va a analizar pues no se hará nada violatorio de la ley.

López Obrador concluyó indicando que en la reunión del próximo lunes donde se discutirá el tema, se plantearán las opciones que se tienen, y se revisará qué modificaciones se tienen que hacer al marco legal, por ejemplo, se definirá si será una sola iniciativa para reformar distintas leyes o son varias.

Indicó que se busca que se tenga una estructura administrativa ajustada “a nuestra realidad, no un gobierno obeso, bueno para nada, costoso, que no le cueste más de la cuenta el gobierno al pueblo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este lunes en transparentar todo lo relacionado al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de corrupción, aunque dijo, se que debe respetar “el debido proceso”.

En su conferencia matutina, López Obrador explicó en primer lugar se debe cancelar el contrato “leonino” de la planta petroquímica Etileno XXI, relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El acuerdo a 20 años, firmado con Pemex durante la presidencia de Felipe Calderón, ha sido considerado abusivo por el mandatario, al obligar a la petrolera a importar gas para cumplir con sus disposiciones, lo que le ha generado millonarias pérdidas.

“Ese contrato se tiene que cancelar, o sea, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar”, dijo el gobernante sobre la planta ubicada en el estado Veracruz, y que ha tomado relevancia en los señalamientos de Lozoya Austin.

El consorcio entre Braskem, filial de Odebrecht, y la mexicana Idesa aseguró que ha efectuado “exhaustivos procesos de investigación interna, con abogados independientes, que concluyeron que no había actividad inapropiada o vínculo de éstas con actos de la constructora Odebrecht en México”.

A través de un comunicado recordó que el contrato, que significó 5,200 millones de dólares de inversión, se gestó en 2008 y 2009, entre tres y cuatro años antes de los actos de corrupción que se le imputan a Odebrecht en México, y si una de las partes lo incumple “debería pagar sumas o penalidades a la otra”.

Sin embargo, accedió a solucionar la insuficiente producción local de etano, incluso a “desarrollar una terminal de importación” del producto, la “única solución” al problema, según dijo. “Confiamos en que cualquier diálogo con la autoridad se dará en el marco del Estado de Derecho y la legalidad”, agregó.

AMLO indicó que el pueblo de México debe saber “toda la verdad”, además de que al ser un asunto de interés público “nacional” se debe “conocer toda la denuncia”.

Llamó a la Fiscalía General de la República, institución que denunció a Lozoya, a informar sobre la denuncia al completo, los implicados y el manejo indebido de dinero. Pidió incluso que se vea en redes sociales y la televisión “el
vídeo que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía” y que exhibiría la red de sobornos en las altas esferas del poder durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Esto es sano y ayuda a purificar la vida pública”, remarcó el presidente.

En segundo lugar, pidió recuperar todos los bienes y recursos “mal habidos, y por último, reiteró que si el pueblo lo decide por “consulta ciudadana” se enjuiciará a expresidentes manchados por la corrupción. Aunque él, en la eventual consulta, votaría que “no” porque su “fuerte” no es la “venganza”.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la designación de cuatro nuevos integrantes del Consejo General, es una de las decisiones más importantes para el futuro de la democracia en México.

Indicó que del consenso que se alcance en el Congreso, dependerá en gran medida la gobernabilidad del país.

Recordó que más allá de que se alcancen los números que la legislación prevé para su nombramiento, los Diputados deben tomar la determinación con el mayor consenso y de ser posible por unanimidad.

“La experiencia enseña que, si los nombramientos no están respaldados por un amplio consenso de las diversas fuerzas políticas, se generan las bases para que quienes fueron marginados en esa decisión eventualmente impugnen y descalifiquen las futuras elecciones”.

El consejero presidente dijo que si se mantiene el consenso con el que hasta ahora se ha llevado el proceso de designación de las y los nuevos consejeros electorales estará triunfando la política. “La política entendida como la capacidad de procesar nuestras diferencias y de construir consensos”.

En ese sentido se expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien calificó como inédito y de una transparencia absoluta, la decisión del Comité Técnico de Evaluación respecto a las quintetas presentadas con los perfiles finalistas.

Sobre los señalamientos de que hubo “presiones externas” para la conformación de las quintetas, Delgado Carrillo dijo que nunca fue un proceso de simulación, ni de cuotas, ni de cuates, “ha sido un proceso transparente y toca ahora el trabajo de la política, de buscar los acuerdos, de encontrar a los mejores para representar a la ciudadanía en el árbitro electoral”.

Mario Delgado refirió que este proceso debe verse como una gran oportunidad para fortalecer la autonomía del Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo para fortalecer la democracia de México. Señaló que quienes resulten electos deberán tener un gran compromiso con la democracia.

“Viene la última etapa del proceso, un filtro adicional, donde vamos a revisar con mucho cuidado a todos y cada uno de los perfiles, porque coincidimos con ustedes en que hay mucho talento en nuestro país, somos más los mexicanos que queremos terminar con la simulación, con los fraudes electorales, con el influyentismo, con el mal uso de los recursos públicos. Y estamos seguros que vamos a encontrar a dos mexicanos y dos mexicanas que tengan valores profundamente democráticos”, declaró Mario Delgado.