La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó este martes sobre la atracción del caso de Victoria Esperanza Salazar, de nacionalidad salvadoreña, que murió al ser sometida por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo.

Se indicó que la atracción del caso se da debido a los presuntos hechos violatorios de derechos humanos que fueron difundidos desde el fin de semana pasado.

La CNDH indicó que los hechos, ocurridos el sábado 27 de marzo, ameritaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, por probable uso excesivo de la fuerza, hechos por los que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una investigación por el delito de homicidio.

“Con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así como de la Fiscalía General de Justicia de ese estado, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos, la CNDH integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”, indicó la oficina de la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra.

Enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos.

Aseguró que el referido acuerdo de radicación de oficio y atracción ya fue notificado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, a la Fiscalía General del mismo Estado, así como a la Dirección Municipal de Seguridad Pública en Tulum, Quintana Roo.

Por su parte Amnistía Internacional (AI) indicó que las autoridades de nuestro país deben garantizar justicia y reparación del daño en el caso de Victoria Salazar, además de garantizar la protección de las dos hijas de la víctima.

En un comunicado conjunto, AI, el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) coincidieron en que se deben garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la repatriación digna de su cuerpo.

“Ellos sometieron demasiado a mi hija, le torturaron en pocas palabras. Ahí se oye cuando ella grita. Yo creo que fueron los últimos gritos cuando le quebraron el cuello y le quebraron muchas costillas. Yo pienso que como seres humanos nadie merece esta muerte”, dijo Rosibel Emérita Arriaza, madre de Victoria, a AI.

La madre dijo que ninguna autoridad mexicana se ha comunicado con ella y que solo se enteró del asesinato de su hija por alguien que vio las noticias.

Recordemos que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) confirmó que Victoria Salazar se encontraba en México en calidad de refugiada desde el 2018.

La necropsia concluyó que había “una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la perdida de la vida” de Victoria”, dijo en un vídeo Oscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo ayer sentir “vergüenza” por lo ocurrido y garantizó que no habrá impunidad. Su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, pidió justicia y prometió ayuda a las dos hijas de la víctima.

Según el fiscal, las lesiones “son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención” y demuestran que hubo un uso “desproporcionado” de la fuerza, por lo que se inició el proceso contra los cuatro agentes involucrados, tres hombres y una mujer, por el delito de feminicidio.

Además, Lucio Hernandez, secretario de Seguridad Pública del estado, anunció la destitución del jefe de policía de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez.

Salazar salió de Sonsonate, una localidad al oeste de San Salvador, hace cinco años debido a la violencia y para buscar mejores oportunidades para su hijas.

El Universal informó que la familia de Victoria Salazar confirmó que prepara una demanda internacional en contra de México por su homicidio, mismo que se hará con respaldo de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador.