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Luego de que se difundiera la tarde de ayer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analizaba una nueva demanda contra la extitular de Sedatu, Rosario Robles, quien pasó su primera noche en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó al respecto.

«No hay ninguna otra investigación», respondió tajantemente el mandatario.

Indicó que cuando la oficina de Inteligencia Financiera recibe información sobre posibles ilícitos de manejo de dinero, porque es el dinero la pista principal, se le informa inmediatamente a él. Señaló que la instrucción que ha dado es que se proceda a entregar la información a la fiscalía.

«No me ha presentado ninguna información sobre este asunto, para tener claridad. Como todos sabemos, es una investigación que lleva a cabo, que está a cargo de la Fiscalía General», añadió sobre la supuesta nueva denuncia que se preparaba.

Sobre el caso que se le sigue a Robles Berlanga, López Obrador dijo que recomendaba que todos actúen con legalidad, sobre todo con ética y con principios; que se aplique la ley y que al mismo tiempo se actúe con integridad.

Indicó que en cualquier caso, se respetarán los derechos humanos, no se humillará a nadie y se actuará con profesionalismo.

Sobre las declaraciones que dio el abogado de Rosario Robles, sobre que se actuó bajo consigna, al tener un juez «totalmente parcial», aunque no creían que la consigna viniera de la presidencia, aunque sí de algún otro funcionario del gabinete, AMLO dijo que no era cierto.

«Que tengan la seguridad que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie. No soy tapadera, o sea, es el justo medio, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad, voy a actuar con rectitud; y tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actúe de manera facciosa», sostuvo el presidente.

Finalmente, el presidente fue cuestionado sobre si hay algún indicio de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, AMLO señaló que no, aunque enfatizó que será el juez el que decida si se abre la investigación y si se llama a declarar a otras personas, aunque dijo, en el caso de Inteligencia Financiera, no tienen información contra Peña Nieto.

El gobierno federal se encuentra analizando una nueva denuncia contra Rosario Robles, quien esta mañana ingresó al penal de Santa Martha Acatitla, debido a que se han detectado 105 convenios nuevos que supuestamente fueron realizados de forma irregular bajo las administraciones de la exsecretaria.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que se realiza dicho análisis, y quien aprovechó para señalar que la prisión preventiva dictada a Robles Berlanga es un mensaje importante de que casos de corrupción ya no deben de volver a ocurrir.

Insistió en que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es muy clara, cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.

“En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR)», indicó a la prensa.

El funcionario señaló que los nuevos casos sirvieron de base para congelar las cuentas de Rosario Robles y algunos de sus principales colaboradores, pues explicó que hasta este momento se tienen siete cuentas congeladas con montos variables que llegan hasta los 12 millones de pesos.

La confirmación de la posible nueva denuncia, llega luego de que el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, vinculara a Robles a proceso y ordenara prisión preventiva de dos meses, para que se realice la investigación complementaria.

Por presuntas irregularidades en sus finanzas personales, este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas de tres magistrados del Poder Judicial de Jalisco.

Además, los tres juzgadores se confrontaron con el Gobierno estatal y los municipios conurbados por algunas de sus sentencias por emitir sentencias controvertidas.

Al momento, los tres juzgadores recurrieron a los juicios de garantías en juzgados de distrito para revertir los aseguramientos.

Es el caso del expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, y los magistrados del Tribunal Administrativo de Jalisco, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez.

En documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJPJF) se expone que los magistrados cuentan con inmuebles, vehículos, cuentas y viajes que no corresponden a sus ingresos como servidores públicos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que procedió a congelar las cuentas bancarias de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

La acción de la unidad dependiente de la SHCP se da en el marco de las investigaciones que se siguen en contra de Robles Berlanga en relación a los desvíos de recursos conocidos como la ‘Estafa Maestra’.

De acuerdo a lo trascendido, también fueron congeladas las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles encabezó ambas dependencias.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una audiencia para imputar y, en dado caso, vincular a proceso de la exfuncionaria federal por el uso indebido de recursos,.

En relación a dicha solicitud, el 31 de julio pasado, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentar cualquier orden de arresto contra Robles, para lo cual fijó el pago de una garantía de 69 mil 500 pesos.

Sin embargo, dicho recurso legal no protege a la exfuncionaria federal de órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Por su parte el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó la semana pasada que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis exfuncionarios que estarían involucrador con la Estafa Maestra.

De acuerdo a lo que ha concluido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desvío de recursos podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo este miércoles que mantendrán congeladas las cuentas del exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval.

La decisión, refirió Nieto en su cuenta de Twitter, es por el trabajo que ha realizado en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, después de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó al político en su lista de sanciones.

 En otro tuit, el titular de la UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda, destacó que, con ello, queda sin efecto la decisión del juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

«En razón de lo anterior la suspensión del bloqueo dictada por el Juez tercero de distrito en materia administrativa de la CDMX no suerte (sic) efecto en términos de la Jurisprudencia de la SCJN», detalló.

La decisión del juzgador fue dada a conocer después de que el 3 de junio, Sandoval promovió tres demandas para liberar cuentas bancarias, una a título personal, otra al de una de sus empresas y otra por una asociación civil.

Sus cuentas están bloqueadas desde mayo, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense señaló al exgobernador por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En un comunicado, la dependencia explicó que Sandoval presuntamente habría recibido sobornos de ese grupo delictivo.

Dos días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya fue exonerado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su participación en el supuesto delito de lavado de dinero.

El expediente del panista indica que no se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por operaciones con recursos de procedencia ilícita, según revela el periódico Reforma.

Durante la campaña presidencial, la PGR informó que estaba investigando a Anaya por denuncias que recibió desde el 26 de octubre de 2017 por supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial en Querétaro por la empresa Manhattan Master Plan.

De acuerdo con el documento obtenido por Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que durante la investigación se acreditó la existencia de recursos lícitos que provienen de un crédito.

La PGR concluyó que los recursos operados para la compra se obtuvieron de una actividad lícita económica inmobiliaria y de un crédito bancario.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará al menos 50 denuncias por corrupción en la compra y venta de medicamentos en el sector Salud.

Entre los involucrados, aseguró Santiago Nieto, titular de la UIF, se encuentran funcionarios de la administración que encabezó Enrique Peña Nieto.

“El modelo de riesgo nos permite detectar más o menos 50 de los casos con mayor incidencia de acuerdo con los indicadores del propio modelo, esos son casos de corrupción relacionados con el sector salud (…) Lo que me ha planteado el presidente de la República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren y eso incluye evidentemente a personajes de la administración anterior”, señaló.

Nieto Castillo detalló que los 50 casos surgieron a partir de “bases de datos del sistema financiero y de los sujetos obligados por actividades vulnerables”.

El funcionario federal agregó que la próxima semana, cuando se cumplen los primeros cien días del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se presentarán las estrategias de combate a facturas falsas y corrupción en el sector Salud.

El titular de la UIF aprovechó para asegurar que la generación de empresas fachada y la elaboración de facturas falsas configuraron el crecimiento de la corrupción durante la administración pasada.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recibió recursos provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

El extitular de la Fepade evitó dar más información al respecto y pidió mantener el sigilo del análisis que realiza para en su momento llevar este caso a la sede Ministerial o Administrativa, destacó la agencia Quadratín.

«En este momento no puedo dar mayor información, solamente confirmar que efectivamente se trata de la Universidad”, reiteró tras la firma de convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

El pasado 22 de febrero llegó a la UIF un reporte del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

Lo recibido por la UAEH alcanzó alrededor de 150 millones de dólares, que provenían de cuentas bancarias ubicadas en Suiza. Ante este contexto, la UIF determinó bloquear las cuentas bancarias de la universidad.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, habló sobre Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa y quien enfrenta un proceso por narcotráfico en Estados Unidos. Al ser cuestionado sobre si el gobierno de México peleará las cuentas bancarias aseguradas al capo, refirió que será la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) la encargada de analizar el asunto.

“El juicio sigue su curso en Estados Unidos. Nosotros hemos dicho que la Inteligencia Financiera es fundamental para desactivar la capacidad operativa y de corrupción del crimen organizado y se está trabajando en todos los casos a través de la Inteligencia Financiera”, expresó en conferencia de prensa.

Durazo refirió que es a través del debilitamiento a las finanzas de las organizaciones delictivas que el gobierno puede combatir al crimen organizado.

“No tenemos posibilidad alguna de ser eficaces en el combate al crimen organizado por la vía del combate a su capacidad operativa, es el debilitamiento imprescindible de su capacidad financiera”, manifestó el funcionario.