Tag

Venezuela

Browsing

La oposición venezolana eligió este jueves a la exdiputada Dinorah Figuera como nueva presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, en reemplazo de Juan Guaidó, luego de la eliminación del gobierno interino que dirigía el líder opositor.

Figuera, médica de profesión, fue concejal de Caracas y luego elegida diputada en 2010 y 2015. Ha vivido el exilio en España y en su primer discurso aseguró que no le “amilana” (causaba temor) asumir el liderazgo de la instancia que desafía al gobierno socialista de Nicolás Maduro.

La nueva presidenta convocó a buscar la “unidad” dentro del Parlamento sobre la estrategia política a seguir. También aseguró que la Asamblea está comprometida con el “camino de la negociación” que adelantan en nuestro país sectores de la oposición y el gobierno de Maduro, así como con la búsqueda de una salida por la vía electoral.

Los exdiputados que votaron hace una semana por la eliminación del interinato de Guaidó, propusieron crear una comisión encargada de administrar los activos estatales en el exterior, manteniendo las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA que controla la refinadora Citgo, con sede en Houston. Algunos exdiputados han advertido que sin el gobierno interino que funcionó desde 2019, los activos quedarían en peligro.

Estados Unidos, país que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo, ratificó el pasado martes su apoyo a la Asamblea Nacional de 2015 por considerarla la “última institución democrática que queda en Venezuela” y reconoció su apoyo al acuerdo de la oposición de extender su mandato.

El gobierno interino contó con el respaldo de más de 50 países pero con los años el apoyo disminuyó. En su última intervención como presidente de la Asamblea opositora, Guaidó les agradeció y pidió respaldo: “Les pido, les exijo como venezolano, que no nos dejen solos, seguimos en la lucha, exigiendo democracia en Venezuela”.

La Asamblea Nacional elegida en 2015 con mayoría opositora sigue funcionando de manera simbólica pese a que su mandato terminó en 2021 debido a que los opositores, muchos de ellos en el exilio, no reconocen como legítimas las elecciones de 2020 en las que la Asamblea Nacional se renovó y Maduro recuperó su control.

La Asamblea oficialista también se reunió el jueves en Caracas para inaugurar un nuevo periodo legislativo para el periodo 2023-2024. Con una mayoría visible en el hemiciclo, el diputado Jorge Rodríguez, cercano a Maduro, fue reelecto y juramentado como presidente de la Asamblea.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, propuso que Rodríguez continuara en el cargo. Durante su intervención Cabello insistió en que es este el único poder legislativo del país.

La oposición busca trazar una nueva ruta que tenga el suficiente impacto político como para competir contra Maduro en las elecciones presidenciales que se esperan en 2024.

La nueva junta directiva de la Asamblea de 2015 está conformada por tres mujeres. A la presidenta Figuera se suman la vicepresidenta Marianela Fernández y la segunda vicepresidente Auristela Vásquez de Castillo, provenientes de los partidos mayoritarios que votaron por eliminar la figura del gobierno interino.

Estados Unidos ha entregado hasta ahora 6,800 permisos humanitarios para venezolanos y al menos 490 beneficiarios ya han entrado al país como parte del nuevo programa migratorio para los ciudadanos de ese país, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Recordemos que el gobierno de Joe Biden lanzó el pasado 18 de octubre un nuevo programa que busca frenar la llegada de inmigrantes venezolanos a su frontera sur, que contempla entregar 24,000 permisos humanitarios a quienes cumplan ciertos requisitos, aunque también implica deportar a México a todos los que crucen la frontera de forma irregular.

El portavoz que habló con la agencia Efe, aseguró que durante las dos semanas de aplicación del programa, los cruces irregulares “se han reducido sustancialmente”, al pasar de una media diaria de 1,100 a unos 300 en la actualidad.

“Los venezolanos que traten de cruzar la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal serán regresados a México y serán descartados para participar en el programa”, advirtió el DHS.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este jueves que “está dando resultados” la nueva política de Estados Unidos de visas humanitarias a migrantes venezolanos.

“Sí hay una actitud de parte del gobierno de Estados Unidos distinta, eso de que se está permitiendo que haya un flujo ordenado de venezolanos que quieren estar en Estados Unidos y está dando resultados”, aseguró el mandatario en su conferencia matutina.

El respaldo de AMLO llega a pesar de la polémica que ha causado el programa desde su anuncio el pasado 12 de octubre pasado porque, a pesar de incluir visas humanitarias, se contempla la expulsión de quienes lleguen por tierra por la expansión del Título 42.

Desde entonces, han trascendido imágenes de venezolanos que duermen en las calles de la frontera norte del país, de cientos más que piden asilo en Ciudad de México y de otros más que deambulan en los estados del sur porque no saben si seguir su camino hacia Estados Unidos o volver a Venezuela.

Pero López Obrador aseguró que se “está notando” en México el resultado de la nueva política. “Lo estamos notando aquí porque están haciendo sus trámites y ya hay un número importante que han obtenido o están por obtener sus visas temporales o sus permisos, que eso es lo que nosotros planteamos”, sostuvo.

El canciller Marcelo Ebrard insistió este jueves que México “es el país que da más refugio” en medio de la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos, quienes desde la semana pasada se enfrentan la expulsión inmediata de Estados Unidos bajo el Título 42.

El secretario de Relaciones Exteriores rechazó las críticas de organizaciones que acusan al gobierno de México de colocar “muros” con la participación de más de 20,000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en tareas migratorias en las fronteras norte y sur.

“Somos el país que da más refugio, no sé de qué están hablando. México es el país o uno de los países del mundo que tiene más refugiados. Si te refieres en particular a quienes provienen del sur de México, estamos dando, más menos para darnos una idea, cuatro o cinco veces más refugio de lo que hacíamos hace un año”, declaró el funcionario.

Negó que haya “miles” de venezolanos varados en México como se ha estado hablando en los últimos días, después de que la semana pasada Estados Unidos implementara la deportación inmediata a nuestro país de ciudadanos de Venezuela que llegaran por vía terrestre.

Ebrard insistió en que en México hay 77,000 venezolanos residentes, y prometió “darles oportunidades” a los migrantes de Venezuela que regresen de Estados Unidos por la nueva política migratoria. “El que quiera quedarse en es este país, es bienvenido”, dijo.

Las medidas de Estados Unidos ocurren en medio de un aumento de la llegada de venezolanos a la frontera con México, donde entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150,000 venezolanos fueron arrestados, casi el triple de los 50,499 en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, reportes de distintas organizaciones y medios de comunicación, señalan que estaciones migratorias en el norte del país, como en Ciudad Juárez o Matamoros, se encuentran saturadas por los migrantes venezolanos que esperan ingresar a Estados Unidos o que han sido deportados de dicho país.

El gobierno federal anunció este miércoles que Estados Unidos respondió positivamente a una solicitud de aumentar la movilidad laboral en la región con 65,000 nuevas visas de trabajo y el acceso de 24,000 personas de origen venezolano con vías a incorporarse al mercado laboral estadounidense.

Además, informó que los dos gobiernos pondrán en ejecución a partir de hoy un nuevo sistema de solicitud de acceso a Estados Unidos “que prioriza la entrada por vía aérea y no a través de la frontera con México”, basado en la exitosa implementación del programa Uniting for Ukraine.

En un comunicado conjunto, la Secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que el gobierno de Estados Unidos aceptó la solicitud de México “para aumentar substancialmente los mecanismos de movilidad laboral en la región”.

En ese sentido, apuntó que la nueva propuesta representa “un avance significativo e innovador” hacia el objetivo compartido de gestionar flujos migratorios ordenados, seguros, regulares y humanos”.

Las dependencias puntualizaron que en respuesta a la solicitud de México, y a la visión compartida en materia de movilidad laboral, Estados Unidos “ha anunciado que otorgará 65,000 visas H2-B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20,000 estarán destinadas para personas de Centroamérica y Haití”.

Además, ambos gobiernos reiteraron su respaldo a mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo, a fin de brindar oportunidades directamente a las comunidades de origen de las personas migrantes.

“A partir del día de hoy, las autoridades de Estados Unidos comenzarán a gestionar el acceso de 24,000 personas migrantes de nacionalidad venezolana por vía aérea”, se añade en el comunicado.

Se explicó que el nuevo proceso aceptará únicamente a los solicitantes “que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten en la frontera entre México y dicho país”, mientras que las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso a México previo al día de hoy a fin de poder solicitar de manera ordenada su acceso a Estados Unidos.

Según el comunicado, para acceder al nuevo programa una persona u organización basada en Estados Unidos debe respaldar la petición del solicitante, quien ingresará a dicho país por vía aérea y podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio correspondiente.

En una primera etapa, el nuevo programa está dirigido a nacionales de Venezuela.

“De este modo, aquellas personas que busquen acceder a Estados Unidos podrán hacerlo de una manera más ordenada, segura, regular y humana, desincentivando el tránsito indocumentado que pone en riesgo su seguridad al cruzar la región”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó, en una carta difundida este fin de semana, su “absoluta solidaridad” a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, para quien un fiscal pidió una condena de 12 años en prisión por presunta corrupción cuando gobernó el país entre 2007 y 2015.

En el texto, publicado en Twitter por la diputada chavista Tania Díaz, el mandatario nacional tildo de “inaceptable” y como una “farsa” las acusaciones en contra de Fernández.

“Conocemos la ralea de aquellos que hoy te acusan, sabemos que no se mandan a sí mismos y que instrumentalizan vilmente la administración de justicia, amparados por el poder fáctico de los medios, en función de sus torvos fines”, sentenció Maduro.

Igualmente, aseguró que Fernández es “la principal centinela de la soberanía” de Argentina y celebró la “dignidad” y el “coraje” con el que, aseguró, enfrentó estas acusaciones.

Para Maduro “no es casual esta nueva ofensiva de la derecha” en momentos en que, según el mandatario, “han comenzado a adquirir concreción renovados proyectos de unidad y soberanía” en la región.

“La Venezuela bolivariana y chavista siempre te defenderá compañera. Conocemos de tu entereza y tu valentía: eres una verdadera rosa blindada”, finalizó.

Recordemos que el pasado 22 de agosto, el fiscal federal Diego Luciani pidió una condena de 12 de prisión para Cristina Fernández, en el marco de un juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era jefa de Estado.

Fernández dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones durante una comparecencia pública el martes.

Tras conocerse la acusación, los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina difundieron un comunicado conjunto de apoyo a la vicepresidenta argentina, ante lo que calificaron como una “persecución judicial” en su contra.

Este sábado, cientos de personas marcharon en Buenos Aires para protestar por la instalación de un vallado policial en torno a la vivienda de la vicepresidenta Fernández.

Cuba es anfitrión, a partir de este viernes, la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) a tan solo 10 días de la polémica Cumbre de las Américas, de la que fue excluida junto con Nicaragua y Venezuela.

Durante el encuentro, representantes de las diez naciones integrantes, encabezados por los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Venezuela, Nicolás Maduro; Nicaragua, Daniel Ortega, y Bolivia, Luis Arce, “compartirán estrategias de desarrollo comunes” y “analizarán la situación política regional”, según indicó el Ministerio de Exteriores cubano.

La cumbre fue anunciada de forma sorpresiva apenas el martes pasado, en medio del pulso de Nicaragua, Venezuela y Cuba con Estados Unidos después de que éste afirmara que no invitaría a países que no considera democráticos a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, California del 6 al 10 de junio.

Este miércoles llegó a Cuba el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en una visita oficial en la que ha sido condecorado con la orden José Martí, la más alta distinción del país. Ayer jueves llegaron las delegaciones internacionales restantes.

Según los expertos, el encuentro de la ALBA forma parte de la respuesta regional a la decisión de Estados Unidos, que ha suscitado críticas en parte del continente.

Estados Unidos había dicho en un primer momento que no iba a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua; y aunque ya ha confirmado que no contará con la presencia de estos últimos dos, no ha aclarado qué hará finalmente con Cuba, aunque Díaz-Canel ha asegurado que “pase lo que pase” no acudiría a la cita.

Los integrantes de la ALBA celebrarán un encuentro de cerca de dos horas, antes de concluir la Cumbre con una foto oficial. Este foro de integración, creado en 2004 por los expresidentes ya fallecidos Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), celebra habitualmente sus cumbres de líderes a finales de año. La anterior fue en diciembre de 2021, también en La Habana.

Cuenta con diez miembros: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela, y dos invitados especiales (Haití y Surinam).

Delegaciones del presidente Nicolás Maduro, y de la oposición venezolana podrían anunciar pronto la reanudación de las negociaciones en nuestro país, debido a que Washington aliviaría algunas restricciones al gobierno venezolano, dijeron personas familiarizadas con el caso a la agencia Reuters.

El gobierno del presidente Joe Biden autorizaría a la compañía petrolera estadounidense Chevron Corp iniciar negociaciones con el gobierno de Maduro, levantando temporalmente la prohibición que se encontraba vigente.

Sin embargo, aún no hay una decisión final de Washington sobre la renovación de la licencia limitada actual de Chevron para operar en Venezuela, agregó la fuente.

Y si bien los cambios permitirán a Chevron Corp negociar su licencia con PDVSA, no lo hacen para perforar ni exportar petróleo de origen venezolano.

Además, la agencia AP informó que Carlos Erik Malpica Flores, exalto funcionario de PDVSA y sobrino de la primera dama de Venezuela, será eliminado de una lista de personas sancionadas por Estados Unidos.

Las medidas llegan liego de que Maduro aceptara reunirse en marzo con representantes de la administración Biden, así como de una reunión reciente en Centroamérica entre funcionarios estadounidenses y la coalición opositora Plataforma Unitaria para discutir un camino a seguir.

Decenas de venezolanos, incluido el fiscal general del país y el jefe del sistema penitenciario, y más de 140 entidades, entre ellas el Banco Central de Venezuela, seguirán sancionadas. El propio Maduro está bajo acusación en Estados Unidos, señalado de conspirar para “inundar Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “arma contra Estados Unidos”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos continuará prohibiendo las transacciones con el gobierno venezolano y PDVSA dentro de los mercados financieros estadounidenses.

Recordemos que el gobierno de Venezuela suspendió las conversaciones con la oposición en octubre luego de la extradición a Estados Unidos de un aliado clave de Maduro, Alex Saab, por cargos de lavado de dinero. Maduro en ese momento condicionó su regreso a la mesa de negociaciones a la liberación del empresario, quien fue extraditado desde Cabo Verde.

Las negociaciones se llevaron a cabo en Ciudad de México lideradas por diplomáticos noruegos. Se esperaba que el gobierno venezolano y la oposición anuncien este martes la reanudación del diálogo.

México exigirán visa de entrada al país a los ciudadanos procedentes de Venezuela a partir del 21 de enero en el marco de una serie de medidas para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos.

“Se ha identificado un incremento sustancial de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que ingresan al territorio nacional con supresión de visado con una finalidad distinta a la permitida, como el tránsito irregular hacia un tercer país”, señala un documento publicado este viernes por el Diario Oficial (DOF).

Las autoridades han recalcado que durante los últimos años se ha producido un fuerte incremento de las llegadas de venezolanos al país, desde donde la mayoría pretende llegar a territorio estadounidense.

El gobierno federal alertó que también han aumentado las declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje, la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

“México ha determinado de manera unilateral la aplicación de visados en pasaportes ordinarios a los venezolanos que pretendan ingresar al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, lo que hace necesario dar a conocer la medida y señalar los trámites vigentes que deberán realizar dichas personas para su ingreso al territorio nacional”, añade el texto.

Y es que de acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre pasado ingresaron a través de los aeropuertos mexicanos 160,379 venezolanos, cifra que supera en más del quíntuple el registro del mismo período del 2020, que fue de 29,789.

La organización Amnistía Internacional expresó en diciembre su preocupación por la decisión de México de exigir visa a los venezolanos, y dijo en una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que la mayoría de los venezolanos que huyen de su país “son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional”.

En los últimos años más de seis millones de personas han salido de Venezuela, huyendo de la compleja crisis social y económica que golpea a la nación sudamericana, según cifras de las Naciones Unidas.

La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzaron en diciembre pasado un plan regional por 1.790 millones de dólares en apoyo a las crecientes necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, y las comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.

Sin sorpresas y con una alta abstención, los partidarios del presidente Nicolás Maduro se perfilan a una aplastante victoria al adjudicarse la mayoría de las gobernaciones en disputa y la estratégica alcaldía de Caracas en los comicios estatales y municipales celebrados ayer en Venezuela.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, en un primer boletín preliminar, con el 90.21% de los votos contabilizados, indicó que la participación rondó el 41.80%, equivalente a poco más de 8 millones de personas, de los más de 21 millones de venezolanos inscritos en el padrón electoral.

La alianza oficialista, de acuerdo con datos preliminares, encabeza los escrutinios en la alcaldía de Caracas con la candidata oficialista Carmen Meléndez, exministra de Defensa. El oficialismo además lidera en 20 de las 23 gobernaciones en disputa en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas y Yaracuy.

Los partidos opositores, en tanto, van a la a cabeza en los comicios para elegir gobernadores en el estado de Cojedes, Nueva Esparta y Zulia.

El oficialismo, que controla casi todas las instituciones (alcaldías, gobernaciones y la Asamblea Nacional), era el favorito para adueñarse de la mayoría de los cargos. Entre más de 70,200 candidatos se elegirán 3,082 cargos, de ellos 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores de consejos estatales y 2,471 concejales municipales. En su mejor momento, la oposición conquistó seis gobernaciones y 76 alcaldías en 2008 y 2013, respectivamente.

Las presiones internacionales no fueron capaces de desestabilizar la administración de Maduro y mucho menos minar el apoyo de las fuerzas armadas, que han sido tradicionalmente los árbitros de las disputas políticas en Venezuela.

Maduro celebró el resultado y llamó a todos, ganadores o no, “al diálogo político”. “Vamos a trabajar con diálogo, con entendimiento… con buena fe”, agregó..

Los comicios marcaron el retorno a la senda electoral de los principales partidos opositores, que desde 2017 habían boicoteado los procesos electorales argumentando que no existían condiciones suficientes para garantizar que las elecciones fuesen justas y transparentes.

En el horizonte electoral venezolano esta la posibilidad de convocar el año próximo un “referendo revocatorio” para recortar a la mitad el mandato de Maduro, tal y como lo contemplan las leyes venezolanas. El gobernante fue reelecto en 2018 en unos comicios calificados como fraudulentos por sus críticos. Su segundo mandato concluye en 2025.

Recordemos que los representantes de Maduro durante meses mantuvieron conversaciones con distintos sectores opositores, incluyendo conversaciones con aliados del líder opositor Juan Guaidó, que desembocaron en diálogo formal en nuestro país. Sin embargo, a mediados de octubre, las conversaciones fueron suspendidas unilateralmente por el oficialismo en protesta por la extradición de uno de sus aliados, desde Cabo Verde a Estados Unidos.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló este miércoles la existencia de una presunta red de empresas irregulares para enviar alimentos de México a Venezuela con presuntos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.

La investigación encontró ocho empresas que entre 2018 y 2019 aprovecharon una estructura de 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para mandar comida a Venezuela por 64 millones de dólares, de acuerdo con registros de comercio exterior.

“Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab”, indicó el reporte.

La información se revela mientras Saab se encuentra detenido en Estados Unidos por conspiración, aunque una corte ordenó este lunes desestimar siete de las ochos acusaciones penales por lavado de dinero en su contra para cumplir con las garantías dadas a Cabo Verde en el proceso de extradición.

La extradición de Saab, un empresario colombo-venezolano que es presunto testaferro de Maduro, se concretó el 16 de octubre desde Cabo Verde, lo que provocó que el chavismo interrumpiera su participación en los diálogos de paz con la oposición que se llevaban a cabo en nuestro país.

La nueva red detectada por MCCI reemplazó a una estructura de importadoras que manejaban Saab y Samark López Bello, empresario venezolano que está acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

MCCI recordó que registros revelaron que entre 2016 y 2018, dos empresas ligadas a Saab (Group Grand Limited y Asasi Food) y una atribuida a López Bello (Postar Intertrade) participaron en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas por cerca de 700 millones de dólares.

El producto se enviaba a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP), un sistema creado por Maduro en 2016 y al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa de servir como un esquema para que Saab obtuviera “ganancias sustanciales”.

“Esas tres compañías se suspendieron en 2018 luego de que investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos al Gobierno de Venezuela con sobrecosto, en un aparente esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal”, detalló MCCI.

La nueva red de envío de alimentos utilizaba importadoras que están acusadas de “servir como intermediarias” de personajes cercanos al presidente Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aseveró la organización. Las compañías tenían sus sedes en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz y Guanajuato.

La investigación completa en MCCI

Un juez en Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex Saab, empresario cercano al gobierno venezolano y al presidente Nicolás Maduro, debido a “garantías” dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado.

Saab, de 49 años, está siendo juzgado en Miami desde el pasado 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.

Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de lavado de dinero y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. El juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía.

El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado “garantías” a Cabo Verde de que “no iba a enjuiciar o a castigar el acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de la imputación”, explicó la Fiscalía en su moción enviada al juez.

Esa decisión se tomó para “cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento”, precisó.

Según la acusación estadounidense, él y su socio, el prófugo colombiano lvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos. La Fiscalía asegura que ambos lucraron y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.

La desestimación de cargos sólo afecta a Saab y no a Pulido, indicó la Fiscalía en su escrito.

La extradición de Saab, al que la oposición venezolana acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, enfureció a Caracas. El gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.

Tras acusar a Washington de secuestrar a Saab, Maduro ordenó la suspensión de las negociaciones que el gobierno llevaba a cabo con la oposición en nuestro país.

El acusado debía comparecer este lunes ante el juez Scola para asistir a la lectura de los cargos en su contra y declararse culpable o no culpable. Pero la audiencia fue aplazada hasta el 15 de noviembre, para permitir a Saab reunirse por primera vez en persona con su abogado, Henry Bell, ya que dicho encuentro no tuvo lugar porque fue puesto en cuarentena a su llegada a Miami, como medida preventiva por la pandemia de COVID-19.

En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de Estados Unidos expuso que se trata de un reo que presenta “peligro de fuga” tras haber batallado para concretar su extradición desde Cabo Verde, África, Alex Saab compareció este lunes ante la justicia estadounidense, por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los presuntos vínculos del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese esquema de corrupción.

Saab se conectó desde su celda a la audiencia virtual, como también lo hizo desde su despacho el abogado Henry Bell, que lo representó.

El empresario, que llegó a EUA el sábado pasado, estaba solo, sin esposas, con vestimenta de reo color naranja.

Durante la breve audiencia por Zoom, que tuvo más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.

Saab dijo, sin embargo, en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que “no tiene nada que colaborar” con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.

Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en Estados Unidos: siete de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito, implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.

El abogado de Saab, Henry Bell solicitó una prórroga para poder reunirse con su cliente ante un caso “muy complejo. La prórroga también es necesaria en vista de que el equipo legal de Saab espera la decisión de un recurso de apelación introducido ante el 11º Circuito de Apelaciones de Atlanta que alega que el empresario colombiano no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad diplomática, ya que fue nombrado por Venezuela como enviado especial con pasaporte diplomático.

Al final, el juez John O’Sullivan programó la siguiente audiencia para el próximo 1 de noviembre. Será entonces cuando Saab deberá declararse culpable o no culpable ante el tribunal.

Diversos analistas han señalado que la principal intención de Maduro en los diálogos con la oposición era evitar que Saab llegara a Estados Unidos, por lo que ya no haber algún beneficio que le interese, Maduro y su gobierno se levantaron de las mesas de diálogo.

Según archivos judiciales del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pide, por petición de Maduro, no aceptar la extradición voluntaria.

Señala que en su “calidad de Enviado Especial” de hacerse efectiva la extradición a EUA, debe mantener la información confidencial so pena de enfrentar la Justicia de Venezuela.

Y es que la acusación que pese sobre Saab señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

Foto: Twitter @hermanntertsch

Dos senadores republicanos de Florida en Estados Unidos, acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no haber cumplido un tratado internacional de cooperación contra la delincuencia por el que debería haber extraditado a Estados Unidos al mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien estuvo en México para la cumbre de la CELAC.

En una carta los senadores Marco Rubio y Rick Scott le escribieron a López Obrador para expresarle su “decepción” por sus acciones y declaraciones “incompatibles con los valores democráticos” al haber invitado a Maduro y al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a las festividades del Día de la Independencia de México.

Tras recordarle que México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que estipula que los signatarios deben cooperar en la extradición de delincuentes, le reclamaron no haberlo hecho con Maduro.

“Como usted conoce, el 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó formalmente a Maduro de participar en una conspiración de narcoterrorismo y de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos”, escribieron Rubio y Scott a López Obrador.

“Como tal, Maduro debió haber sido extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos tan pronto como pisó suelo mexicano”, explicaron los legisladores.

Rubio es el miembro de más alto rango del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer del Senado estadounidense, mientras que Scott fue gobernador de Florida y al igual que Rubio ha tratado desde hace tiempo de acercarse a las comunidades venezolanas y cubanas del sur de Florida.

En la carta ambos senadores describieron a Maduro como un “narcodictador” y a Díaz- Canel como “un títere de la dictadura cubana” y le pidieron una respuesta por sus acciones a López Obrador.

Los senadores le dijeron a AMLO que esperan que su decisión de haber invitado a Maduro y Díaz-Canel “no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad”.

Recordaron asimismo que las protestas callejeras en Cuba en julio pasado fueron una reacción enfática en contra de ese régimen y le dijeron a López Obrador que otorgarle legitimidad a ese régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad.

Al final de la misiva instaron a López Obrador a tomar medidas al respecto y le expresaron que están listos para ayudarle a tomar esas medidas y profundizar la relación entre México y Estados Unidos. Los legisladores terminaron diciéndole que esperan una respuesta.