Tag

violación

Browsing

En el desencuentro diplomático entre México y Ecuador tanto Andrés Manuel López Obrador como Daniel Noboa han obtenido victorias pírricas. Ambos quisieron escalar su enojo pensando en ganar puntos dentro de sus respectivos países. Noboa hacia el referéndum del 21 de abril y AMLO hacia las elecciones de junio para reavivar el fenómeno del patriotismo que los americanos llaman “rally around the flag”.

El primero en violar las leyes internacionales fue el gobierno de México y el presidente López Obrador. Lo hizo al tener en la Embajada de México en Quito a Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa e integrante del gobierno de Lenin Moreno. Glas había sido acusado y sentenciado por los tribunales ecuatorianos por cohecho, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. El ex vicepresidente ya había cumplido condena en prisión y estaba en libertad condicional cuando se le acogió como huésped en la sede diplomático de México desde diciembre del 2023.

El gobierno de Noboa, que ha decidido que la lucha en contra del crimen organizado es su mayor bandera, rechazó la solicitud de asilo que hizo el gobierno de México para Glas. Al mantenerlo en la embajada en Quito el gobierno mexicano estaba violando el artículo III de la Convención Sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954) que prohibe el asilo a quienes han sido sentenciados antes tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes sin haber cumplidos las penas respectivas. También violaba el artículo 1o de la Convención Sobre Asilo Político de Montevideo (1933) que dice más o menos lo mismo.

Además, López Obrador claramente provocó a Noboa con sus comentarios en las conferencias mañaneras de la semana pasada en las que lo señaló como el gran beneficiado – y por ello insinuó, el posible autor intelectual – del asesinato del candidato presidencial Villavicencio.

Esto llevó al gobierno de Noboa a pedir el retiro de la Embajadora de México en Quito, Raquel Serur. Para su salida, el gobierno de México quería mandar un avión privado. Al haber varios vuelos comerciales Quito-México el gobierno de Noboa temió que en ese vuelo privado quisieran sacar a Glas al estilo del boliviano Evo Morales. Si eso ocurría, el gobierno de Noboa recibiría un golpe brutal en su principal bandera, que como ya mencioné, es la lucha en contra del crimen organizado y la corrupción.

Esto llevó al asalto a la Embajada de México en Quito. Y ahí Noboa hizo algo que en la historia de las relaciones diplomáticas ha ocurrido muy pocas veces, y en todas ellas han sido episodios muy graves. Me refiero a las ocurridas en la Embajada de Haití en Cuba (1956); la de Ecuador en Cuba (1981); la oficina de la OEA en Nicaragua (2022) y la de EUA en Teherán (1979). Asaltar una embajada es una grave violación de la Convención de Viena (1961). Punto.

Al parecer, el joven presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cayó en la trampa de Andrés Manuel López Obrador. Tras el asalto ahora resulta que Glas es una víctima que en estos momentos se encuentra hospitalizado con dudas de si se le intentó matar en prisión. Al gobierno de México lo han salido a respaldar varios gobiernos del mundo, con todo y que López Obrador ha escatimado este tipo de solidaridad. Notablemente en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania y de Hamas a Israel.

En ambas ocasiones, López Obrador se escudó en la Doctrina Estrada de la no-intervención de México en asuntos de otros países para no expresar solidaridad a Ucrania ni a Israel. Y ahí viene la gran victoria pírrica de AMLO. Este desencuentro diplomático lo deja ver de cuerpo entero como un político que no es congruente. Un político que a veces apela a la no-intervención pero que cuando se trata de defender posturas o políticos cuestionables, como en el caso Glas, no escatima en su apoyo.

Columna completa en El Universal

El futbolista Dani Alves depositó este lunes en un juzgado, el millón de euros que le impuso la semana pasada la Audiencia de Barcelona para quedar en libertad, a la espera de que se resuelvan los recursos por su condena en relación a la violación de una joven en aquel país.

Según han informado fuentes judiciales, la defensa de Alves depositó este lunes en la cuenta de la sección 21a de la Audiencia de Barcelona el millón de euros de fianza, cumpliendo así el requisito para que pueda abandonar la cárcel de Brians 2, en la que ha permanecido los últimos 14 meses.

Recordemos que Alves lleva en prisión desde el 20 de enero de 2023 por la violación de una joven en los baños de una discoteca de Barcelona la madrugada del 30 de diciembre de 2022, hechos por los que la Audiencia de Barcelona le condenó el 22 de febrero en primera instancia a cuatro años y medio de prisión.

La sección 21a de la Audiencia de Barcelona acordó el pasado miércoles, con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados, permitir al exfutbolista brasileño salir de la cárcel cuando consignara una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó por violación.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Barcelona interpuesto un recurso de súplica contra la libertad bajo fianza de Alves, algo que también anunció lo haría la abogada de la víctima-, puesto que se mantienen los motivos por los que se adoptó la prisión provisional del futbolista brasileño hace un año.

Según informó el pasado viernes el ministerio público, considera que el riesgo de fuga del futbolista se da “incluso con mayor intensidad a la vista de que el señor Alves ha sido condenado como autor responsable de un delito de agresión sexual a la pena de 4 años y 6 meses de prisión”.

Alves logró reunir la elevada cantidad después de casi una semana, en la que ha tenido múltiples dificultades para reunir el dinero, pese a la capacidad económica que se le presupone a un futbolista de élite.

Además de las dificultades por la elevada suma impuesta, una de las más altas que se recuerdan en los tribunales españoles, y la complejidad de los trámites para mover tal cantidad de dinero, se ha añadido un tercer factor: el daño reputacional que puede suponer avalar económicamente a un condenado por violación.

Inicialmente, Alves recurrió a la familia de su excompañero en el Barça, Neymar Da Silva, quien en su día ventiló públicamente de haberle ayudado a pagar los 150,000 euros de fianza para cubrir una eventual indemnización a la víctima, pero la semana pasada el padre del futbolista, con quien coincidió en la selección brasileña, en el Barça y en el PSG, dejó claro en un comunicado que no abonaría el dinero.

La familia de Neymar daba así, al menos públicamente, un portazo a Dani Alves desde Brasil, el mismo día en que el presidente del país, Lula Da Silva, advertía: “El dinero que tiene Alves, el dinero que alguien podría prestarle, no puede redimir la ofensa de un hombre hacia una mujer que él violó”.

A lo largo del proceso, la defensa del brasileño ha argumentado que la solvencia económica del futbolista se ha evaporado a raíz de su detención, al haberse rescindido tanto su contrato con el Pumas, donde jugaba, como sus acuerdos de patrocinio con distintas marcas a las que representaba.

El futbolista brasileño Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona.

En su decisión publicada dos semanas después del final del juicio, los magistrados consideraron “acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación”.

El tribunal le impuso 5 años adicionales de libertad vigilada, una orden de alejamiento de la víctima por 9 años y medio y el pago de una indemnización de 150,000 euros. El exfutbolista del FC Barcelona y del PSG, de 40 años, aún puede apelar la sentencia.

La Fiscalía, que dio credibilidad al relato de la denunciante desde el inicio de las investigaciones, pedía para él una pena de nueve años. Su defensa, sin embargo, había solicitado su absolución y, en caso de condena, su abogada había evocado el consumo de alcohol como una de las posibles atenuantes. Alves lleva en prisión 13 meses.

Dani Alves estaba acusado de haber violado a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en una zona reservada de ese local de moda en la que Alves habría coincidido con la mujer, quien iba acompañada de una prima y una amiga. La Fiscal, Elisabet Jiménez, consideró durante el juicio que la mujer presentó un “relato absolutamente creíble” desde que se iniciaron las investigaciones, y aseguró que Alves usó la “violencia” para forzar a la joven, que “hizo lo que pudo” para librarse.

El futbolista, que tomó la palabra el último día y sólo respondió a las preguntas de su abogada, negó sin embargo que hubiera ejercido cualquier tipo de violencia y reiteró que las relaciones habían sido consentidas.

“Podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar allí”, aseguró Alves sobre la joven, durante una declaración en la que aseguró que no es “un hombre violento”. “Estábamos los dos disfrutando”, agregó el brasileño, que cambió durante su versión de los hechos en repetidas ocasiones.

Dani Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, jugó en clubes como el Sevilla y la Juventus de Turín, además de formar parte del exitoso Barça de Messi y Guardiola. Cuando ocurrieron los hechos se encontraba brevemente en Barcelona, tras regresar del Mundial de Qatar.

Después de su ingreso en prisión en enero de 2023, su equipo en aquel momento, los Pumas, rescindió su contrato.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si no se corre el riesgo de incurrir en actos anticipados de precampaña, con el proceso que arrancó el domingo Morena y las llamadas ‘corcholatas’.

“Pues no, porque no están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato, es un coordinador o coordinadora de la transformación, es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación”, justificó el mandatario.

Se le recordó al presidente que algunos partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano y el PRD, han presentado recursos legales ante el INE y el TEPJF, sobre el proceso interno de Morena.

MC acusó que con su llamado “Acuerdo del Consejo Nacional”, Morena y los aspirantes presidenciales se adelanta a los tiempos electorales de manera arbitraria, retando así a la autoridad. “Violan la Ley flagrantemente”, denunció Salomón Chertorivski, quien presentó el recurso.

En tanto, Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, confirmó que su partido solicitó la inmediata cancelación del proceso interno en Morena, que dijo, es claramente de selección de la candidatura presidencial. “Están haciendo un fraude procesal”, indicó el perredista.

López Obrador indicó que como no se trata de un precandidato, confía en que en septiembre próximo, cuando den a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador o coordinadora del movimiento de transformación, será quien tenga la batuta para encabezar todo el proceso que la ley señala.

Reiteró que él ya “tomó tiempo, mi tiempo libre” al asistir a la cena con gobernadores y las corcholatas, donde se habló del asunto, aunque en un inicio todos los asistentes afirmaron que solo se habría felicitado a Delfina Gómez por su triunfo en el Estado de México”.

“Platiqué y di mi punto de vista sobre el tema, pero ya”, dijo el mandatario.

Recordó que uno de los acuerdos que se tomaron el domingo pasado, es de que los gobernadores, otros funcionarios del partido y él, “no podemos apoyar a nadie, ni hablar mal de nadie, entonces yo ya no me voy a ocupar de eso hasta que ya haya una coordinadora, un coordinador de defensa de la transformación”.

Como si fuera una justificación, López Obrador cuestionó que el presidente del PAN había anunciado que el bloque opositor también iba a dar a conocer las reglas para elegir al candidato del bloque conservador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este viernes un indulto, si procede, para Roxana Ruiz, joven condenada a más de seis años de cárcel por defenderse de su violador.

“Si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, si hay sentencia se va a facilitar y lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer”, dijo el mandatario en su conferencia al ser consultado sobre el tema.

El anuncio de López Obrador ocurre después de la sentencia que llegó este lunes contra Ruiz, condenada a más de seis años de cárcel y una multa de 285,000 pesos por “homicidio en exceso de la legítima defensa” tras matar en mayo de 2021 a su agresor en el Estado de México.

Según ha relatado la joven, un conocido que se quedó a dormir en su casa porque ya era tarde, se metió a su cama sin su consentimiento, la golpeó, violó y amenazó con matarla, pero ella alcanzó una camiseta y lo asfixió.

“Incluso, la justificación del juez es tremenda, porque (dijo que) pudo haber aminorado la fuerza, fue un exceso de legítima defensa, lo estamos ya viendo nosotros”, añadió López Obrador.

El caso ha despertado una indignación en el país, que vive una ola de violencia, con un promedio de 10 mujeres asesinadas al día entre homicidios y feminicidios, asesinatos por razones de género.

Además, el hecho ocurrió en Estado de México, que lidera las estadísticas de violencia de género con 8 de cada 10 mujeres que han experimentado violencia a lo largo de su vida, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Agrupaciones feministas han convocado este viernes a una marcha en Ciudad de México para exigir que se revoque la sentencia, pero López Obrador prometió apoyo aunque el Poder Judicial no recule.

“Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven”, se comprometió el mandatario.

“No creemos que sea algo coherente, algo justo que me hayan sentenciado a seis años, solo porque piensan que fue un exceso (el uso de la fuerza). Yo no sé cuáles son los límites para que tú te puedas defender”, dice Roxana Ruiz.

Originaria del estado de Oaxaca, Ruiz recibió esta semana una sentencia a 6 años, dos meses y siete días de prisión como reparación del daño, después de que en mayo de 2021 se defendió de su agresor.

El argumento de la jueza, dice su abogado Ángel Carrera, es que se “excedió en su defensa”, lo que consideran totalmente injusto pues antes ya había ocurrido una violación y estaba en riesgo su vida.

“No sabemos si hay un manual en el que Roxana tendría que haber actuado de diferente manera, si hay pasos, hasta qué momento hay que parar en una legítima defensa”, considera.

En esa ocasión, cuenta Carrera, la acusaron de los delitos de homicidio y de violar las leyes de inhumación y exhumación. Aunque la absolvieron de este último, reclasificaron el primero como homicidio simple con exceso de defensa.

La lucha que prosigue es para que Roxana no vuelva a pisar la cárcel, por lo que están en proceso de apelar la sentencia.

“Este es un precedente para las mujeres. Si subsistiera este fallo simplemente las mujeres no tendrían manera de defenderse o pensarían: ‘aunque me defienda voy a ir a la cárcel’, que es el caso de Roxana”, apunta Carrera.

Roxana también considera que, si regresa a la cárcel, su sentencia marcará un precedente para cualquier otra mujer que sea violada.

“No debería ser así porque ¿cuál es ahora el mensaje que manda el sistema judicial aquí? Que las mujeres tenemos de dos: o estar presas o estar muertas”, dice la joven de 23 años, aún con enojo.

México no cederá en la controversia planteada por Estados Unidos y Canadá contra su política energética, en el marco del tratado comercial de Norteamérica T-MEC, advirtió este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”, aseguró el mandatario desde Puerto Vallarta, Jalisco, donde se llevó a cabo la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina.

López Obrador insistió en que “no hay ninguna violación” al T-MEC, y dijo que “le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso”, enfatizó.

Recordemos que Estados Unidos solicitó el pasado miércoles consultas para resolver disputas sobre la política energética del gobierno mexicano, primer paso en un proceso que podría conducir a represalias comerciales. Ese mismo día, Canadá anunció que también comenzaría con consultas propias con México, pues coincidian con que la política energética de México no concordaba con el tratado comercial.

México cuenta con 10 días para notificar si realizará o no la revisión de ese requerimiento, de acuerdo con la secretaría de Economía, encargada de coordinar la defensa del Estado. Una vez que inicie dicho proceso, se tendrán 75 días para encontrar un entendimiento de mutuo acuerdo o de lo contrario se procedería a abrir un panel de solución de controversias.

Desde que llegó al poder, López Obrador se ha empeñado en apuntalar la participación de Pemex y CFE en la generación de energía, mediante reformas a las leyes que regulan el sector. Pero Washington estima que esa política beneficia a las empresas estatales en detrimento de las estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia, en contradicción con el T-MEC.

El mandatario leyó este viernes el capítulo 8° del tratado titulado: ‘Reconocimiento de Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e Imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos‘, que a su juicio establece como “inalienable” el derecho del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos.

“Según lo dispone este Tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respeto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos.

En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que:

México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»

López Obrador anunció que el próximo 16 de septiembre dará respuesta a las consultas sobre políticas energéticas realizadas por Estados Unidos y Canadá

“Voy a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra Independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes. Ese día. (…) Vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto, pero no vamos a ceder”, sostuvo el mandatario.

AMLO se valió de la idea de que México, Estados Unidos y Canadá “se necesitan” para insistir en que no pasará nada a raíz de estas consultas. Dijo que “nuestra relación comercial es importantísima, pero no solo para nosotros, también para ellos. (…) Somos complementarios; estamos planteando que haya integración con respeto a nuestras soberanías”.

También apuntó que solicitó a Jesús Seade, exrepresentante de México en la renegociación del T-MEC, colaborar con asesoría para responder a las peticiones de los países socios.

Los cambios a la legislación han generado un fuerte rechazo entre los gobiernos y empresas de Estados Unidos, Canadá y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector, junto con Italia y Japón.

La participación extranjera y privada se limita a la fase de generación de energía, mientras que la transmisión y distribución son monopolio del Estado.

El gobierno mexicano fracasó en su intento de reformar la Constitución para restituir el control estatal sobre toda la cadena productiva, pero logró algunos cambios en leyes reglamentarias que fortalecen su papel en la generación.

La Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que presentaron a la Fiscalía General de la República (FGR) dos nuevas solicitudes de extradición en contra del ex diplomático, escritor y académico Andrés Roemer, quien es acusado de acoso sexual y violación.

“Les informo que la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género de esta Fiscalía presentó a la Fiscalía General de la República dos nuevas solicitudes de extradición, las cuales, en este momento, están en proceso de traducción, a efecto de ser enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su trámite diplomático”, dijo la Fiscal en un mensaje a medios.

Godoy Ramos precisó que sumarán en total cinco solicitudes de extradición en contra del también analista. Recordó que fue a finales del año pasado cuando pasado se presentaron al gobierno de Israel, tres solicitudes de extradición, bajo el principio de reciprocidad internacional, en contra del ex diplomático.

“Las víctimas son nuestra prioridad y agotaremos todos los recursos a nuestro alcance para que sus denuncias tengan eco y obtengamos justicia en cada uno de los casos”, dijo Ernestina Godoy.

Fue el pasado 11 de mayo cuando la Interpol emitió una ficha roja para detener al exdiplomático de origen judío, quien se encuentra en Israel, país con el que México no cuenta con un tratado de extradición.

En un inicio, Roemer negó “rotundamente” en Twitter los hechos por los que se le acusan, aunque terminó borrando sus cuentas de redes sociales.

Hasta el momento, 36 mujeres han acusado públicamente a Andrés Roemer, y al menos seis lo han acusado formalmente ante la Fiscalía capitalina.  Además, según el colectivo Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), hay más de 60 denuncias entre públicas y anónimas.

El gobierno federal advirtió este jueves que tomará acciones legales ante las disposiciones en el proyecto de ley ‘Reconstruir Mejor’ que el presidente Joe Biden  presentó al Senado, y que contempla otorgar subsidios de hasta 12,500 dólares para la compra de vehículos eléctricos fabricados con mano de obra sindicalizada en Estados Unidos.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo que esa iniciativa violaría las cláusulas de no discriminación del acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC. Indicó que el proyecto de ley discriminaría a las posibles exportaciones de vehículos eléctricos fabricados en México y favorecería a productores nacionales, algo que, según ella, está prohibido en el acuerdo.

“Tomaríamos represalias comerciales”, declaró Clouthier, al parecer en referencia a posibles aranceles. “Esta iniciativa es inconsistente con las obligaciones de los Estados Unidos en el T-MEC y con los acuerdos de la OMC”, agregó.

Clouthier consideró que la iniciativa podría costarle empleos a México y “podría generar presiones migratorias adicionales”.

Recordemos que la industria automovilística en México, en su mayoría conformada por fabricantes de Estados Unidos, Europa y Asia, ha resentido la escasez global de chips y las secuelas de la pandemia de coronavirus.

Se prevé que el proyecto de ley sea sometido a votación en el Senado a mediados de diciembre. La Casa Blanca dijo en un comunicado que “el crédito fiscal a los vehículos eléctricos en el esquema bajará el costo de un vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos con materiales y mano de obra estadounidenses en unos en 12,500 dólares para una familia de clase media”.

Así, ahora es México quien señala a Estados Unidos de violar el T-MEC. Hasta ahora los señalamientos eran del gobierno estadounidense al mexicano, a raíz de la iniciativa de reforma que el presidente López Obrador presentó en materia eléctrica.

En noviembre, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, expresó que Estados Unidos tenía “preocupaciones serias” frente a los intentos del gobierno mexicano para restringir la competencia en el sector eléctrico. Previamente, unos 20 representantes y senadores de Texas dijeron que la propuesta de López obrador “discriminaría a las empresas estadounidenses generadoras de electricidad”.

Y es que la propuesta de AMLO garantiza a la CFE una participación de mercado de al menos 54%, aunque el T-MEC prohíbe que se favorezca a empresas locales o gubernamentales.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el joven José Ravelo, presuntamente abusado y asesinado por policías de Mérida, Yucatán, fuera violado por policías y detalló que falleció debido a una neumonía.

“La investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, indicó la FGR en un boletín.

Ravelo fue detenido el 21 de julio por policías de Yucatán y, tras el arresto, pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en el ano, según denunció entonces su madre, María Ravelo.

Por dichos hecho, cuatro agentes fueron arrestados; sin embargo, el 13 de agosto quedaron libres porque el juez afirmó que no había pruebas suficientes. Fue en ese momento que la FGR atrajo el caso.

La FGR compartió que el 18 de agosto de 2021 la madre del joven presentó una denuncia ante dicha institución y se inició la investigación por la probable comisión del delito de tortura.

“A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales; también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y vídeo, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales”, detalló el organismo.

Afirmó que también se analizaron las grabaciones en video de los hechos, desde la detención hasta la llegada a la cárcel y su estancia en el penal.

“Del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Solo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, detalló la Fiscalía.

Recordemos que a finales de agosto se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que Ravelo “falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”. Aún así, la FGR detalló que sí existió “falsedad en dictámenes ministeriales”.

“Por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”, continuó la Fiscalía.

Por último, la FGR explicó que continuarán las investigaciones respecto a una posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.

A la brevedad del informe de la FGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expresó su “extrañamiento ante las declaraciones conclusivas” hechas por la Fiscalía sobre el caso, ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva.

La CEAV reclamó la falta de sensibilidad y el no haber avisado previamente a la familia, que aseguró haberse enterado a través de medios de comunicación.

“La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso”, expuso la CEAV.

Por último, la CEAV exhortó a la Fiscalía a detallar las acciones penales que realizará en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.

Tan pronto se conoció el informe de la FGR, las redes sociales explotaron en contra del Fiscal, Alejandro Gertz Manero, a quien acusan de no hacer bien su trabajo. Se ha insistido en la renuncia de titular de la FGR.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a la interrupción legal del embarazo sin límite temporal en casos de violación, al declarar inconstitucional un artículo del código penal del estado Chiapas que impidió abortar a una menor con parálisis cerebral severa.

La Primera Sala de la Corte concedió un amparo a la demandante quien también enfrentaba “condiciones de pobreza y marginación” y a quien se le negó la posibilidad de abortar en un hospital público.

El director del Hospital General de la ciudad de Tapachula rechazó atender a la víctima por encontrarse fuera del plazo de 90 días después de la concepción, establecido en el artículo 181 del Código Penal estatal, explicó la Suprema Corte.

“La limitación temporal prevista en dicho precepto implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida”, consideró la Corte.

Determinó además que un juez de distrito de Chiapas, que rechazó inicialmente el amparo, analizó incorrectamente el caso pues no valoró las particularidades de la víctima y no actuó conforme a los lineamientos relacionados con perspectiva de género.

El juez distrital tampoco se pronunció sobre la necesidad de aplicar ajustes razonables al procedimiento, ni tomo en cuenta que al momento de la violación la víctima era menor de edad, alegó la Corte. La Sala concluyó que la negativa de la autoridad sanitaria se tradujo en una serie de violaciones graves a los derechos humanos de la víctima y de su madre.

La Corte ordenó que ambas sean reparadas por el daño sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.

Aunque la sentencia solo tiene efectos sobre las querellantes y el código penal de Chiapas, los argumentos planteados sirven como referente para futuros amparos por esta misma causa, dependiendo de las circunstancias.

Y es que el aborto por violación está despenalizado en los 32 estados de México pero la mayoría impone un límite temporal de 12 semanas o 90 días para realizarlo. En mayo pasado, el Congreso de Ciudad de México aprobó extender el plazo de 12 a 20 semanas de gestación.

La interrupción legal del embarazo por libre decisión de la mujer solo está permitida en Ciudad de México y en los estados Oaxaca e Hidalgo.

Un tribunal de Moscú confirmó este martes la pena de tres años y medio de cárcel dictada en 2014 contra el dirigente opositor Alexei Navalni, cuya detención a mediados de enero ha motivado la mayor movilización reciente contra el gobierno de Rusia.

Navalni fue detenido el 17 de enero al regresar desde Alemania, donde había estado convaleciente de un envenenamiento sufrido en agosto de 2020. Las autoridades alegaron entonces que el líder opositor había incumplido las medidas excepcionales que mantenían en suspenso una pena dictada en 2014 por acusaciones de fraude.

La jueza Natalia Repnikova determinó que Navalni ingresara a prisión para cumplir con la pena, según la agencia de noticias Sputnik. A Navalni, no obstante, solo le restarían por cumplir dos años y ocho meses, ya que se tendrían en cuenta los diez meses que pasó bajo arresto domiciliario.

Las partes tienen ahora diez días para presentar algún recurso, algo que ya han adelantado que harán los abogados del acusado.

Durante su comparecencia ante la jueza, Navalni ha reiterado sus críticas al gobierno en un duro discurso. “Alguien no quería que volviese a Rusia como un hombre libre. Todos sabemos quién”, ha declarado el impulsor de la Fundación Anticorrupción.

El opositor ha señalado directamente a Putin, al que ha descrito como “envenenador de calzoncillos”, en alusión a la prenda donde se habría puesto el agente nervioso que casi le cuesta la vida. El Kremlin siempre ha negado cualquier responsabilidad en este supuesto ataque.

Según Navalni, no es sólo él quien se sienta en el banquillo, sino toda la oposición. “El principal punto de este juicio no es lo que me pase a mí, meterme en la cárcel no es duro, sino que la principal razón (del proceso) es intimidar a un gran número de personas”, ha señalado.

Al respecto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha vuelto cuestionado las declaraciones de Navalni, alegando que hasta ahora Moscú “no ha recibido nada que demuestre las acusaciones”, según la agencia TASS. En este sentido, ha negado que se pueda hablar de “secreto” para justificar el recelo a compartir datos: “Tenemos razones para creer que es una farsa”.

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados valora interponer una impugnación legal para evitar que el presidente pretenda convertirse en el jefe de campaña de Morena en los próximos comicios, lo cual indicaron los perredistas, transgrede la Constitución y las leyes electorales.

La coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña, acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está decidido a convertirse en jefe de campaña de Morena, rumbo a las elecciones federales intermedias de 2021.

“Ese es el principal objetivo de los spots que ya se están difundiendo en las televisoras con motivo del segundo informe, en los cuales Andrés Manuel López Obrador recicla las principales frases de sus campañas a la Presidencia y alude también al eslogan de la coalición electoral con la que ganó en 2018”.

SPOT 2018 – CAMPAÑA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La perredista indicó López Obrador debería de ocuparse en resolver las crisis económica y sanitaria, que enfrenta el país, y “no en andar favoreciendo a su partido o creando cortinas de humo para desviar la atención de los malos resultados de su administración en estos dos años”.

Señaló que dentro de ese “apoyo” que busca darle a su partido, es que no ha soltado el tema de impulsar una consulta ciudadana para preguntar si se debe enjuiciar a los expresidentes, en el marco de las elecciones de 2021, cuando precisó, es claro que no procede poner a consulta los derechos humanos de alguien.

Juárez Piña afirmó que el presidente no tiene voluntad real para combatir la corrupción,, pero si quiere obtener rentabilidad política de este tema, como en el caso Lozoya, que lo ha convertido en un “reality show”, armando un juicio mediático paralelo al proceso legal.

SPOT 2020 – SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

La mayor organización petrolera de Estados Unidos, el API, denunció prácticas de discriminación contra inversionistas estadounidenses de crudo y gas por parte del gobierno de México, mismas que violan el tratado comercial que ambos países sostienen junto a Canadá.

En una carta fechada el 11 de junio y dirigida a funcionarios de alto nivel de Washington, incluyendo el secretario de Estado, Mikel Pompeo, el Instituto Americano del Petróleo (API), dijo que los empresarios estadounidenses enfrentan una serie de dificultades para operar en el país latinoamericano.

El organismo señaló que los obstáculos son “cada vez mayores” para obtener permisos para estaciones de servicio, terminales de almacenamiento y de gas natural licuado, así como importación de combustibles.

“Estos ejemplos son acciones de discriminación contra empresas miembros de API que probablemente contravengan los compromisos de México con la protección de inversiones”, dijo el API refiriéndose al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLAN) y del nuevo acuerdo comercial que lo sustituirá el próximo 1 de julio, el T-MEC.

El API exhortó a los funcionarios en la carta a recurrir a canales diplomáticos para comprometer al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gobierno a que “trate a los inversores y exportadores estadounidenses de manera justa”.

Recordemos que lópez Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que desea darles un nuevo impulso a Pemex y CFE, que asegura, quedaron en desventaja frente a empresas privadas y extranjeras tras la reforma energética del sexenio anterior.

Según relata la agencia Reuters, el SAT está retrasando autorizaciones para descargar y distribuir combustible, argumentando cargamentos no declarados o problemas con la calidad de la gasolina, el diésel y la turbosina.

El gobierno mexicano, que ha cancelado subastas de contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, se ha enfrentado en las últimas semanas a inversionistas enojados por cambios en las reglas del sector eléctrico, que algunos consideran que también violan acuerdos comerciales.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

La minera canadiense First Majestic Silver Corp dijo que notificó al gobierno mexicano, bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aún vigente, el inicio de un arbitraje para resolver disputas sobre cómo se grava al productor de plata en el país.

La compañía informó que inició el proceso de arbitraje del TLCAN contra México después de sus intentos fallidos de resolver el asunto a través de organismos locales.

El aviso inicia un proceso de 90 días para que México entable negociaciones con la compañía, dijo First Majestic en un comunicado.

La firma, con sede en Vancouver, alega que Servicio de Administración Tributaria (SAT) “exhibió un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble imposición” que son relevantes para la compañía y sus unidades mexicanas, incluido Primero Mining, adquirido hace dos años.

“El SAT ha optado repetida y unilateralmente por rechazar solicitudes de procedimientos de resolución de disputas, conocidos como procedimientos de acuerdo mutuo (“MAP”)”.

First Majestic, propietaria de varias minas en México, dijo en su último informe anual que su negocio dependía de sus operaciones en México.

La compañía agregó que había tratado de resolver sus diferencias a través de organismos locales y que algunos de esos procedimientos aún no se habían resuelto. Debido a la crisis del coronavirus, el resto de las instancias mexicana restantes no están disponibles para las audiencias.

Acusó que ante los intentos para tratar de resolver las diferencias, el SAT ha optado por intimidar a la compañía, sus subsidiarias y sus empleados.

Indicó que las acciones del SAT “no son justas ni equitativas, son discriminatorias contra la compañía como inversionista extranjero y equivalen a una denegación de justicia según el derecho internacional. La compañía está extremadamente decepcionada de que las acciones injustificadas y las amenazas de SAT hayan continuado en un momento en que la Compañía se enfoca en proteger y preservar el empleo y el sustento en México de miles de empleados durante la crisis pandémica mundial de Covid-19″.

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó abrir una investigación de oficio para comprobar si consejeros y directivos electorales violan o no la Constitución al mantener sueldos más altos que el del Presidente de la República.

Jesús George Zamora, titular de dicho Órgano, dijo que investigará si la Junta General del INE debió esperar o no a que se emitiera la sentencia de controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Adicionalmente, señaló, se tratará de comprobar si la excepción aplica al salario del superior jerárquico, que en el INE son los consejeros electorales y que podrían tener en el Presidente de la República a su superior jerárquico.

Para el Órgano “existe una posible, quiero recalcar la palabra posible, violación a la Constitución y también podría existir una violación al acuerdo del Consejo General del 2019 por posiblemente exceder los alcances del mismo, porque lo amplían a servidores electorales que no cabrían en la excepción de tener un trabajo especializado”.

El titular del Órgano exhortó a los diferentes titulares de las áreas del INE a no darse por “sorprendidos” cuando la unidad les pida informes sobre la aplicación de salarios.

A su vez hizo un llamado a que este año los consejeros electorales y directores del Instituto no apliquen el manual de percepciones en el que se establece que pueden ganar más que el Presidente.

“Respetuosamente sugerir a todos los integrantes de la junta reflexionar sobre la aplicación del acuerdo que emitieron, para que se puede evaluar, reflexionar, la suspensión de este acuerdo hasta en tanto se resuelven las controversias”, remató.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sancionó con una amonestación pública al senador Ricardo Monreal, derivado de la queja que Martí Batres presentó por el proceso en el que se eligió a Mónica Fernández como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

De acuerdo con la resolución del organismo partidista, Monreal Ávila transgredió diversos postulados del partido, “pues no se condujo bajo los principios de honestidad, fraternidad y rectitud en la conducción que de su vida pública y/o privada deben tener los Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena”.

La resolución deriva de la impugnación que Batres Guadarrama presentó el 23 de agosto pasado a la elección en la que se renovó la Mesa Directiva del Senado, la cual se dividió en el aspecto estrictamente electoral y que en el expediente CNHJ-NAC-457/19 “declaró fundados los agravios hechos valer por el actor y revocó el referido proceso ordenando su reposición y, por otra parte, el presente de naturaleza ordinaria-intrapartidista”.

El documento de 40 cuartillas incluye 75 pruebas presentadas por Martí Batres, para sustentar su queja de que Monreal Ávila ensució el proceso interno y permitió que legisladores que no eran de Morena votaran en la renovación de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, a la cual Batres aspiraba reelegirse.

En su momento, Batres Guadarrama aseguró que con ello, Ricardo Monreal se mostró “como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo”.

De acuerdo con el resolutivo, Monreal no presentó prueba alguna en su favor.

El fallo de la comisión partidista señala que Ricardo Monreal, como integrante de Morena, debe tener presente en su quehacer cotidiano que es portador de una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo.

Asimismo, declara el asunto como total y definitivamente concluido e instruye a que se publique en los estrados físicos y electrónicos por el plazo de tres días, “a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar”.