La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por mayoría de votos la resolución de la Sala Regional Especializada (SRE) que señala inexistentes actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y violación a las reglas sobre rendición de informes de labores por parte de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.
El procedimiento sancionador derivó de la queja presentada por el PAN, en la que señalaba la difusión de un video sobre la aspiración de Rodríguez Calderón de ser candidato independiente a la Presidencia de República, trasmitido a través de la red social Facebook, en el cual se utilizó la frase “Aquí y Ahora”, misma que se empleó en diversos mensajes de propaganda gubernamental y en relación a su segundo informe de labores.
En la misma queja, el PAN denunció utilización de recursos públicos para difusión de propaganda sobre la aspiración a la candidatura en las pantallas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, de Nuevo León.
La SRE determinó que no existieron las infracciones alegadas, ya que, en los mensajes denunciados, las palabras “Aquí y Ahora” fueron utilizadas solamente en dos ocasiones, por lo que resultaría desproporcionado determinar que su uso genera un posicionamiento ante el electorado a Rodríguez Calderón, a pesar de que fueron empleadas previamente en la propaganda del Gobierno de Nuevo León.
El PAN impugnó esta conclusión ante la Sala Superior, alegando que la resolución de la SRE no está debidamente motivada. Al resolver el SUP-REP-8/2018, el Pleno de la Sala Superior señaló que contrario a lo que afirmó el PAN, la SRE sí plasmó claramente las consideraciones que estimó pertinentes para justificar la decisión que adoptó.
Por tanto, la mayoría del Pleno estimó que, al margen de que tales apreciaciones sean correctas o no, lo cierto es que, no existió la violación alegada por el inconforme, esto es, la ausencia de motivación en algunos aspectos y la indebida motivación en otros.
Respecto a la difusión de propaganda en las pantallas del Sistema de Transporte Colectivo de Nuevo León, pues el espacio publicitario fue concesionado a un tercero, con quien el denunciado celebró un contrato de prestación de servicios, por lo que el uso de las pantallas fue producto de una operación mercantil que no puede considerarse utilización de recursos públicos.
