Aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera que los actos de violencia que denunció la ex candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” en Coyoacán, María Rojo, no eran motivo suficiente para anular la elección, sí concedió medidas de protección a favor de la también actriz.
Al considerar que no hay elementos que den certeza sobre la cesación de los hechos de violencia y violencia política por razones de género que sufrió con motivo de su calidad de candidata, se ordenó medias de protección a fin de garantizar su seguridad e integridad personal.
El TEPJF ordenó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Rojo y sus familiares; además de que se solicitó al Congreso de la Ciudad de México, revisar si la normativa que regula la violencia política de género y violencia política en la Ciudad de México es conforme a los estándares constitucionales y convencionales y, de ser necesario, presentar la iniciativa de ley que corresponda para adecuar la regulación de la violencia política de género a los estándares convencionales.
También se hizo un exhorto al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para retirar la propaganda alusiva a los actos con base en los cuales se tuvo por acreditada la violencia política de género y evaluar la incidencia de violencia contra las mujeres en el contexto del proceso electoral 2017-2018, con la finalidad de elaborar, antes de un año a la notificación de la sentencia, un protocolo de acciones para evitar, erradicar y atender la violencia política de género.
