La delegación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos criticó hoy el informe presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet sobre la situación en el país. Lo consideró “parcial” y lleno de “graves errores metodológicos”.
El documento “está dominado por una visión selectiva y parcial, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos”, subrayó el viceministro venezolano de Asuntos Exteriores, William Castillo.
En su réplica al informe presentado, el funcionario venezolano indicó que el informe no refleja la realidad de lo que Bachelet vio en su país.
Castillo argumentó sus críticas en el hecho de que de las 558 entrevistas realizadas para la elaboración de su informe, 460 tuvieron lugar fuera de Venezuela (según Bachelet explicó previamente, con migrantes y refugiados venezolanos actualmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España).
En mi primera visita a #Venezuela como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espero escuchar todas las voces y trabajar con todas los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración el viernes. pic.twitter.com/K8ME1biYcn
— Michelle Bachelet (@mbachelet) June 20, 2019
Además, denunció que el documento ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de los venezolanos, por lo que solicitó una “corrección de su contenido”.
El informe, cuya publicación coincide con la celebración del Día Nacional de Venezuela, como recordó Castillo, insta al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en el país.
Entre otras cosas, el documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno” con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos.
Documenta, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
