Al menos 18 personas han fallecido bajo la tutela del Estado salvadoreño durante los poco más de dos meses del polémico estado de excepción que busca combatir a las pandillas en el país, de acuerdo a una investigación divulgada el jueves por Amnistía Internacional (AI).
El organismo, con sede en Londres, agregó que las autoridades han cometido “violaciones masivas de derechos humanos”, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso de los imputados, tortura y malos tratos al interior de los centros de detención en contra personas procesadas por pertenecer o colaborar con las maras.
A mediados de mayo, la agencia Reuters ya había reportado que, en medio del estado de excepción, la fuerza pública había detenido a decenas de inocentes acusados de pertenecer a las pandillas para cumplir con cuotas de capturas impuestas por sus superiores.
“Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días”, dijo AI en un comunicado.
Amnistía Internacional presenta las conclusiones iniciales de su investigación de crisis en #ElSalvador en el marco del estado de excepción. https://t.co/icooRsICd8
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 2, 2022
Los números están basados en reportes de la ONG centroamericana Cristosal, que señaló que el total de fallecidos son hombres y que algunos murieron por falta de atención médica oportuna y otros presentaron signos de agresión, como moretones. Todos fallecieron en hospitales o camino a ellos.
Previo a conocerse la denuncia de Amnistía Internacional, en un discurso por su tercer año de mandato, el presidente Nayib Bukele aseguró que su gobierno está a punto de “ganar la guerra contra las pandillas” y cuestionó a quienes han señalado abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia.
“Digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: no nos van a detener. Tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño de nuestro lado”, afirmó el gobernante.
El estado de emergencia ha sido prorrogado en dos ocasiones apoyado por los diputados oficialistas, mientras que más del 70% de los salvadoreños avalan la medida contra los grupos criminales, según tres diferentes encuestas.
A fines de marzo, Bukele pidió al Congreso declarar un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, luego de un repunte histórico de los homicidios.
Sin embargo, las medidas tomadas han despertado la crítica de diversos organismos de derechos humanos, como AI, Human Rights Watch y otros, que consideran que se están violando los derechos humanos al encarcelar a miles de inocentes. Se ha acusado que las autoridades han limitado el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juez independiente, además de realizar detenciones sin el cumplimiento de requisitos legales y audiencias con hasta 500 acusados a la vez.
Desde el 27 de marzo hasta el momento, la Policía y el Ejército han detenido a más de 36,000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas, entre ellos, 1,190 menores de 18 años de edad, según cifras oficiales.
