El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un “llamado” a las empresas eléctricas privadas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”.
“Aun cuando ya es ilegal (el autoabastecimiento), hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema. Porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice”, dijo.
López Obrador recalcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró a comienzos del mes constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.
Sobre este asunto, ahora el mandatario aseguró que ya “hay un marco legal” pero, antes de presentar denuncias penales, buscará el diálogo con esa veintena de empresas, en su mayoría extranjeras, que a su modo de ver actuaron ilegalmente.
“Ojalá ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude este mecanismo de autoabasto que crearon que es como una especie de mercado clandestino, informal”, apuntó.
Agregó: “Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda. No lo voy a hacer”, subrayó el mandatario.
López Obrador explicó que se está terminando de analizar “quiénes están en la ilegalidad completa” y violando “la Constitución”.
“Vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al mismo tiempo se den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley”, subrayó.
Con este llamado, López Obrador bajó el tono de confrontación frente a las privadas por primera vez en meses, a quienes había venido atacando constantemente.
Y es que recordemos que aunque en la Suprema Corte hubo muchas objeciones a la reforma a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para que fuera considerada inconstitucional. No obstante, los analistas prevén que el alud de amparos protegerán al sector privado de la aplicación efectiva de la nueva normativa
