El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró positivo que por primera vez se use el mecanismo rápido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para asuntos laborales tras una demanda de los trabajadores de General Motors en México.
Cuestionado sobre este asunto, López Obrador dijo que de inmediato se va a responder a la petición de Estados Unidos.
“Porque es parte en efecto del tratado, es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tiene que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente y también de manera democrática a sus representantes sindicales”, dijo.
AMLO dijo que si en una empresa que “exporta” a Estados Unidos hay “malos tratos a los trabajadores” y no “se están pagando salarios justos y no hay democracia, se tiene que intervenir”.
Indicó que se establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla con sus obligaciones laborales.
⭕️Comunicado 007/2021 | La #STPS resuelve reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
? https://t.co/dM9utojNby pic.twitter.com/qFaVh7kTAs
— STPS México (@STPS_mx) May 11, 2021
Y es que el gobierno de Estados Unidos pidió a nuestro país, a través de un mecanismo del T-MEC, que investigue los informes sobre posibles violaciones graves de los derechos de los trabajadores de una planta de General Motors en Guanajuato.
Esta petición se hizo a través de la Oficina del Representante de Comercio (USTR), organismo encabezado por Katherine Tai.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
“En el marco de este proceso, la STPS acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación”, dijo la dependencia a través de un comunicado.
Por ello se declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.
“A través de la implementación de estas medidas, la STPS ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral”, concluyó el boletín.
En tanto, Katherine Tai dijo este miércoles que se aliará con el gobierno de nuestro país para tratar de evitar una feroz competencia salarial para los trabajadores estadounidenses y mexicanos.
Tai dijo ante el Comité de Finanzas del Senado que utilizará las nuevas disposiciones laborales específicas para las fábricas que están contempladas en el T-MEC para abordar los problemas laborales en México.
“Este uso del mecanismo de respuesta rápida demuestra que actuaremos cuando a los trabajadores en ciertas instalaciones se les nieguen sus derechos bajo las leyes necesarias para cumplir con las obligaciones laborales de México”, dijo Tai.
Este caso coincide con la primera denuncia laboral que se presenta contra México en Estados Unidos bajo el T-MEC por parte de la AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos.
La petición de la AFL-CIO establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros se les negó representación sindical independiente en violación del tratado. Según se ha reportado, cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por un nuevo sindicato que encabeza la activista y abogada Susana Prieto.
Prieto ha denunciado que cerca de 600 trabajadores de Tridonex fueron despedidos el año pasado, los cuales apoyaban la formación del nuevo sindicato, por lo que dichos despedidos han sido señalados como represalia.
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, que tiene sede en Filadelfia, y es controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.
