La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2020, en el que identificó 12,655 millones de pesos en irregularidades, de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarar, mientras que 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas.
De acuerdo a un análisis realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el monto identificado en irregularidades es una cifra equivalente a todo lo que gasta la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y perseguir delitos del orden federal), de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado
Las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado, es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales, y que concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones.
En el caso de las auditorías al Gobierno Federal, la categoría funcional que padeció mayores problemas fue el presupuesto para Desarrollo Económico, específicamente las actividades de Desarrollo Económico con mayores malversaciones corresponden a las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esta dependencia por sí sola concentra 77%. Le siguen las empresas productivas del Estado: CFE y Pemex, con anomalías por 93 millones y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social con 82 millones. Por su parte, Energía, Trabajo y Previsión Social, las entidades no sectorizadas y Economía tienen desvíos de entre cinco y diez millones de pesos.
Tan sólo las dos auditorías con mayores montos de probables daños a la Hacienda Pública suman 52% de las irregularidades del rubro de Desarrollo Económico. En particular, tales investigaciones corresponden a la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
En tanto, las dependencias con presupuesto para el Desarrollo Social tuvieron daños presupuestales por 658 millones de pesos según los datos de la segunda entrega de auditorías de 2020. Entre estas entidades, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizaron un ejercicio irregular de los recursos por alrededor de 160 millones cada una. En tercer lugar, la Secretaría del Bienestar no ha justificado o devuelto el ejercicio de 113 millones de pesos. Le siguen la Secretaría de Cultura con 89 millones, las aportaciones a la seguridad social con 75, la Secretaría de Educación Pública con 32, Salud con 22 y las instituciones de educación superior con 5 millones de pesos.
La Auditoría detectó que entre las dependencias con funciones de gobierno se realizaron ejercicios indebidos de recursos por 326 millones de pesos. En primer lugar, la Secretaría de Gobernación tiene pendiente de aclarar 143 millones. En segundo lugar, Hacienda y Crédito Público presentó irregularidades por 78 millones. Después están las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Relaciones Exteriores. Por último, el Poder Judicial tuvo anomalías por menos de 300 mil pesos.
Con la segunda entrega de resultados sobre la Cuenta Pública de 2020 se dieron a conocer las conclusiones de 625 auditorías. En ellas se encontró que hasta el momento hace falta aclarar el ejercicio de 12,252 millones de pesos, particularmente entre el Gasto Federalizado que acumula el 85% de las irregularidades. Además de eso, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la Hacienda Pública por 1,848 millones en el gasto de la Administración Pública Federal.
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