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Ana Paula Ordorica

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¿Por qué nos debe importar en México la conclusión de la investigación especial de Robert Muller sobre Donald Trump? Dos años de investigaciones; 55 de ellas a Donald Trump; 34 acusados y/o tras las rejas, el reporte se lo entregó el viernes pasado Muller al procurador William Barr. Su contenido no se ha hecho público salvo un resumen de parte de la Procuraduría.

La conclusión es que no hubo colusión con los rusos, pero deja abierta la posibilidad de que Trump haya querido obstruir las investigaciones y, por ende, la justicia. Sin embargo, el procurador William Barr llegó a su propia conclusión y la hizo pública: tampoco hubo obstrucción de justicia de parte del presidente Trump.

Así, Trump acaba de tener sus mejores días. Y esa felicidad de Trump es inversamente proporcional al enojo de los demócratas con el cierre del informe Muller. Enojo porque esperaban que Muller daría una conclusión más definida: sí o no hubo colusión; sí o no hubo obstrucción de la justicia. Pero el que la segunda parte de lo investigado fuese inconcluso ha molestado a los demócratas que argumentan que la vaguedad fue así porque Muller nunca entrevistó a Trump cara a cara, solamente vía un cuestionario por escrito.

El encono entre Trump y los demócratas va a estar más exacerbado que antes. Y es por ello que se antoja muy complicado que los demócratas, con su mayoría en la Cámara de Representantes, le quieran dar un triunfo más a Trump.

Aquí es en donde entra en escena México.

Aprobarle a Trump el T-MEC en la Cámara de Diputados, se vuelve más improbable. Por eso nos importa en México la conclusión de Muller. La felicidad de hoy de Trump bien puede convertirse en desesperación en unos meses si los demócratas no aprueban el T-MEC.

Algunos dirán que si no se aprueba el T-MEC, seguiremos en un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá vía el TLCAN original. Pero hay que tomar en cuenta que Trump, para arrinconar a los demócratas, tiene la herramienta de aplicar el artículo 2205 del tratado, que implica el anuncio de la salida de Estados Unidos del TLCAN original. El anuncio implicaría que seis meses después se daría la salida. Así, Trump piensa que los demócratas tendrán que optar por aprobarle el T-MEC o quedarse sin acuerdo comercial con México.

En los círculos encargados de la renegociación del TLCAN, tanto en México como en Estados Unidos, han tomado en consideración esta posibilidad de que Trump, con su carácter impredecible, decida recurrir al artículo 2205 del tratado para presionar a los demócratas.

Por un lado, me han confirmado que despachos legales estadounidenses, contratados tanto por México como por empresarios del país vecino, están listos para demandar a Trump si decidiera aplicar el 2205.

Esto no hace más que volver aún más atractiva la herramienta del 2205 para un Donald Trump que sabemos se echa más hacia adelante entre mayor conflicto vea venir.

Para complicarle más el escenario a México, el TLCAN renegociado incluyó un Anexo 23A que obliga a México a una reforma laboral antes de que el T-MEC sea ratificado. Esta reforma laboral no se está discutiendo siquiera actualmente, ante una Cámara de Diputados que está distraída con la reforma educativa, entre otras prioridades.

 

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Bajo la premisa de que lo que el pueblo pone, el pueblo debe poder quitar, Andrés Manuel López Obrador está impulsando un cambio constitucional para permitir la figura de la revocación de mandato, de tal forma que, en el 2021, su nombre aparezca en la boleta electoral para ver si el pueblo quiere que siga o no siendo el presidente de México.

Habiendo tantos problemas en el país, vale la pena preguntarnos si meternos en un galimatías como el de la duración de los presidentes en su encargo es uno que apremie hoy en México. Y es que para AMLO la premisa es sencilla: que el pueblo decida si sigo o no en el poder. Pero veamos dos ejemplos de dos democracias mucho más consolidadas que la mexicana, para entender lo complejo que puede ser abrir la caja de la revocación del mandato en México.

En octubre pasado, en una pequeña ciudad de Massachusetts llamada Fall River, el alcalde Jasiel Correia fue arrestado por cargos de fraude y falsificación en su declaración de impuestos. Resulta que Correia, además de ser político, juntó dinero de inversionistas para supuestamente desarrollar una aplicación de mercadotecnia. En lugar de esta inversión, el joven de 26 años se gastó los 230 mil dólares de los inversionistas en joyería, ropa, un Mercedes Benz y para su campaña de alcalde.

Cuando es acusado de fraude, Correia se rehúsa a abandonar el cargo. Un número suficiente de ciudadanos juntó las firrmas necesarias para obligar a una consulta de revocación de mandato y una nueva elección que se llevó a cabo el martes 12 de marzo.

El resultado: 61 por ciento de los ciudadanos votaron por revocarle el mandato. Fue un claro mandato popular el que este joven abandonara la alcaldía. Pero… la segunda pregunta hecha a los ciudadanos de Fall River fue: ¿quién debe quedarse en el lugar de Correia, en caso de votarse su salida? La alternativa estaba entre cinco candidatos, uno de
ellos el mismo Correia, quien fue el que más votos recibió para ser el nuevo alcalde.

Así, el mandato popular fue revocarle el mandato a Correia…y reelegirlo. Todo el mismo día.

 

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Desde que Andrés Manuel López Obrador dijo que quería ser presidente de México por primera ocasión, el sector privado, se mostró preocupado por sus posturas políticas, pero, sobre todo, económicas. En la más reciente campaña presidencial, Alfonso Romo, hoy Jefe de la Oficina de la Presidencia, fue el encargado de acercarse al mundo empresarial, tanto nacional como internacional, para dar tranquilidad sobre lo que significaría una presidencia de AMLO.

Ahora que su peso ante ese mismo mundo se ha visto disminuido por la cancelación del NAIM que él prometió no ocurriría, el mismo Alfonso Romo dijo el lunes pasado, en entrevista con El Sol de México, que a él le gusta estar “callado, sordo, como hormiga”.

Así mismo, callados, sordos, como hormigas – a lo que habría que agregar ciegos – deben estar los integrantes del equipo del presidente López Obrador para poder sobrevivir dentro del gobierno.

Ahora el turno de estar callado, sordo y ciego es de Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda. De visita con inversionistas en Londres, Herrera declaró a Judith Weber, del Financial Times, que la construcción de la refinería de Dos Bocas se pondría en pausa para que esos 2.5 mil millones de dólares que se invertirían en el primer año de la obra pudieran mejor ser canalizados para impulsar la producción de Pemex, que lleva 15 años continuos de caída.

El texto del FT fue recibido como una gran noticia que daba la esperanza de sensatez de parte de López Obrador gracias a su equipo económico. Pero poco duró el gusto. Durante la conferencia mañanera de ayer, AMLO desmintió categóricamente lo dicho por Herrera y el FT corrigió su texto con la nota de este desencuentro de posturas entre Herrera y AMLO.

De golpe volvió a caer la nueva realidad mexicana. Un presidente con enorme legitimidad tiene muy poca institucionalidad y así lleva poco más de cien días gobernando.

En la misma entrevista, Romo declaró que coincide con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. “No hagamos una tormenta de una llovizna […] vamos conquistando a las calificadoras, porque si los mexicanos hablan bien de México, si los extranjeros hablan bien de México, y las calificadoras nos dan el voto de confianza, pues en lugar de ser la tormenta perfecta, va a ser la oportunidad del siglo”.

 

 

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El domingo cumple cien días de ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Quienes digan que parecen más días, tendrán razón, ya que, en los hechos, AMLO lleva ejerciendo el papel de presidente desde que ganó las elecciones de julio pasado, ante un Enrique Peña Nieto que aventó la toalla y le dejó la chamba al presidente electo.

En estos cien días llama la atención la diferencia que hay entre la opinión pública y la opinión publicada. La pública, como demuestran las encuestas, está entusiasmada con López Obrador. No lo quieren; lo adoran. Y la opinión publicada demuestra, casi toda (hay excepciones), más preocupación, rondando en el enojo…hasta el encabronamiento. Esta opinión publicada está acompañada por una minoría de los ciudadanos.

¿Qué entusiasma de AMLO? Sus promesas de quitar pensiones a expresidentes; de austeridad en el gasto de funcionarios públicos; sus viajes en aviones comerciales; dejar Los Pinos para ‘el pueblo’.

Se entiende que ciertas frases resuenen con sus simpatizantes. Por ejemplo: ¿por qué las calificadoras no dijeron nunca nada sobre la corrupción de Pemex y el gobierno?

La respuesta es sencilla: por qué lo que califican S&P, Moody’s o Fitch es la capacidad de pago de la deuda de empresas y/o gobiernos.

Se entiende que resuene cuando habla de cerrar ProMéxico porque está llena de fís y sólo nosotros tenemos ese tipo de lujos. ¿En dónde está ProFrancia? ¿En dónde ProAlemania?, pregunta el presidente en su mañanera para el deleite de sus admiradores.

ProFrancia se llama Business France; ProAlemania es el GTAI (Germany Trade and Investment). Pero hay más. España tiene el ICEX (Instituto de Comercio Exterior). Japón tiene JETRO (Japan External Trade Organization); Colombia tiene… Procolombia. Por mencionar algunos de los muchos países que tienen oficinas de promoción del comercio en el extranjero.

¿Qué preocupa? La presidencia en primera persona. Todo, desde la conferencia matutina hasta el último acto del día gira alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Si le gusta un proyecto de infraestructura, éste va porque va. Ahí está el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Si no le gusta un proyecto, se cancela, como el NAIM o la mina Los Cardones.

Es una presidencia impredecible porque puede decir una cosa un día y cambiar de opinión al siguiente. Fue el caso de la termoeléctrica de la Huexca, a la que nos referimos en este espacio la semana pasada, o el papel del Ejército en los trabajos de seguridad.

 

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Con la decisión de Andrés Manuel López Obrador de seguir adelante con la termoeléctrica de la Huexca, es claro que el presidente recapacita, a veces, en sus decisiones. En mayo del 2014, AMLO estuvo en Yecapixtla, Morelos, en donde prometió a los habitantes que los protegería de la degradación al medio ambiente y los peligros que ocasionaría la conclusión de la termoeléctrica de la Huexca.

Y, sin embargo, este fin de semana se llevó a cabo una consulta de esas que le gustan al presidente, que carecen de todo rigor metodológico y legal, en donde el resultado de la votación fue que sí se concluya con esta obra.

¿Por qué recapacitó AMLO, quien pocas veces lo hace?

Personas involucradas en las reuniones que sostuvo el gobernador dan cuenta de la obsesión del presidente por conocer hasta los últimos detalles de la termoeléctrica. Los temas que le preocuparon fueron, primero, saber si esta obra era necesaria.

La zona centro de México es deficitaria en materia de energía eléctrica. Es decir, se consume más de lo que se genera de electricidad. Pero en el caso de Morelos, hay cero generación de energía y por ello le cuesta mucho dinero a la CFE llevar luz al estado. Aproximadamente 7 mil millones de pesos anuales.

Una de las razones por la que pobladores de la zona se oponen a la obra y la mantienen parada es que la obra afecta el cause del río Cuautla. Por un lado, argumentan que le restará agua al cauce del río en perjuicio de los agricultores, y la otra es que se contaminará el agua porque se le verterán aguas negras. Esa fue la segunda preocupación de López Obrador.

Se le demostró que el agua que utilizará la termoeléctrica serán aguas negras de Cuautla, que serán tratadas en una nueva planta de tratamiento que limpia una cantidad tres veces superior a las requeridas (900 litros por segundo, cuando la planta solo necesita 245 litros por segundo). El agua excedente será tratada una segunda vez y así ya regresará al río. Lejos de quitarle agua al río, le llegará más agua.

Por último, Andrés Manuel López Obrador estaba preocupado de que la construcción fuese un peligro para la población por estar construida en una zona sísmica, cerca del volcán Popocatépetl. Los pobladores de la zona han circulado un documento que supuestamente fue elaborado por el Centro Sismológico de la UNAM en el que dan cuenta de la inviabilidad técnica de la planta. Hay un pequeño detalle: la UNAM no acredita dicho documento.

Además, le preocupaban posibles daños ambientales. Se le demostró que la tecnología a utilizarse hará que la energía generada sea muy limpia, más del 80 por ciento por debajo de lo que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM). Al utilizar gas natural, se dejarán de consumir 2.13 millones de barriles de combustóleo al año o 2.31 millones de barriles de diésel al año, en comparación con otras centrales termoeléctricas convencionales.

Una vez que AMLO estuvo convencido de que no habría impacto ambiental y que la termoeléctrica no supone un riesgo por la zona en la que está construida, el presidente decidió utilizar el camino de la consulta popular para justificar la decisión que tomó. Como cuando en octubre pasado hizo la consulta del aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, en esta ocasión, el pueblo bueno votó por seguir adelante con la obra.

 

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Si queremos que todo siga como está es preciso que todo cambie. Esa es la frase que resume la novela de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, El Gatopardo, y que muchos de los grandes empresarios de México han decidido leer. ¿Será para poder sobrevivir la 4T?

La frase la dice Tancredi, sobrino del Príncipe Fabrizio de Salina, a su tío cuando le avisa que sale del palacio familiar para unirse a las tropas rebeldes lideradas por Giuseppe Garibaldi que quieren acabar con el reino de los Borbones. La idea es unificar a Italia, que en 1860 se encontraba dividida en varios estados. Entre ellos, el Reino de las Dos Sicilias, que es en donde se lleva a cabo la novela.

Garibaldi fue el líder carismático que prometió llevar a cabo una reforma agraria que ilusionó a los pueblos del sur de Italia. Por ello lo apoyaron unos jóvenes conocidos como los camisas rojas, entre los que se encontraba Tancredi, personaje central de la novela. Garibaldi nunca cumplió esta promesa porque acaba entregando sus victorias a la monarquía saboyana encabezada por el Rey Víctor Manuel II. Pero esa es la historia de la unificación de Italia, del Risorgimento.

Regresando a El Gatopardo, tanto Tancredi como su tío, el Príncipe Fabrizio de Salina, saben que el mundo está cambiando, y que para sobrevivir es necesario adaptarse. Es necesario a veces simular una modernización para retener el poder y los privilegios. Es por ello por lo que Tancredi y el Príncipe aceptan a los nuevos líderes, entre ellos al alcalde del pueblo en donde está su mansión de verano, Donnafugata, Don Calogero.

Don Calogero es un hombre sin prestigio, pero con dinero y poder. Es padre de una hija muy guapa, Angélica, que, sin ser parte de la aristocracia, acaba siendo la prometida de Tancredi. Y lo logra incluso con el consentimiento del Príncipe, a pesar de que una de sus hijas estaba perdidamente enamorada de Tancredi.

Como alcalde, Don Calogero es el encargado de organizar un referéndum para que los habitantes de Donnafugata voten si están en favor de la unificación de Italia o en contra. Los ciudadanos estaban en contra de la unificación en su mayoría, pero, aun así, Don Calogero fue enfático al leer los resultados del referéndum: de 515 electores inscritos votaron 512 y todos votaron por el SÍ. Cero votos para el NO a la unificación.

Y es que en El Gatopardo queda claro que el poder corrompe, no importando quién está arriba. Cambian las caras, los nombres, los uniformes y quizás las ideologías, pero la corrupción y el abuso de poder permanece.

 

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Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se decidió promover la creación de 24 gasoductos por parte de empresas privadas para que proveyeran a la CFE de gas natural para generar energía eléctrica por dos razones.

La primera es que el único proveedor de gas natural para la CFE hasta ese momento era Pemex, pero entre los varios problemas de la empresa y ante la caída en la extracción de crudo, la producción de gas natural también presentó una caída sostenida desde 2009, lo que comenzó a generar un problema de desabasto para la CFE.

La segunda es que la CFE no tenía el capital suficiente para construir los gasoductos, pero sabía que mediante inversión privada la generación de energía no solamente se garantizaría, además sería más barata que las dos alternativas: utilizar combustóleo, que sale cuatro veces más caro para la CFE, o diésel, que sale seis veces más caro.

De esos 24 gasoductos 17 ya están operando, proveyendo de gas natural a la CFE, en un esquema que es el que ha seguido no solo México, sino gran parte del mundo, para bajar los precios de la electricidad y, en los casos más exitosos, como en Francia y la empresa Engie, utilizar energías renovables.

A la fecha entonces quedan 7 gasoductos por comenzar operaciones. Tres de ellos están cerca de concluir sus obras. El primero es el gasoducto La Laguna-Aguascalientes cuya licitación ganó la empresa Fermaca en 2016 y tendría que haber comenzado a operar en enero del 2018. Trae sin duda un retraso que, por alguna razón no le interesó mencionar al presidente López Obrador en la mañanera del lunes pasado. De las 4 empresas que tienen los contratos por estos 7 gasoductos, a Fermaca no se le mencionó. Solamente a Grupo Carso; IEnova y Transcanada.

En situación similar están el gasoducto Samalayuca-Sásabe de Grupo Carso y el gasoducto Marino de IEnova y Transcanada. Este gasoducto transportará gas natural del sur de Texas a Tuxpan. Se está construyendo en el mar, de ahí su nombre, para evitar los sabotajes que han sufrido los otros cuatro gasoductos que aun no pueden surtir de gas natural a la CFE, pero que aun así están recibiendo los pagos acordados bajo contrato.

La condición contractual es que, una vez inicien operaciones y concluido el contrato establecido, las empresas involucradas sigan proveyendo del gas natural a la CFE que ya les pagó mientras el ducto no puedo operar.

Es decir, el dineral que dijo el presidente López Obrador que la CFE le está pagando a IEnova y Transcanada, lo está pagando porque el estado es responsable de liberar los gasoductos de quienes los sabotean o se amparan por conflictos en las zonas por las que atraviesan los ductos. No es, por lo tanto, dinero tirado a la basura. Será recompensado a la CFE una vez concluya el plazo de los contratos con los privados.

 

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En la mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el pueblo se cansa de tanta pinche transa. Y nadie como él ha sabido leer este cansancio, hartazgo incluso, con tanta pinche transa.

Por eso, en gran medida ganó Andrés Manuel López Obrador. Ayudado por un gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, marcado no solo por escándalos de corrupción, también por desdén hacia quienes señalaban sus dimensiones y por una enorme frivolidad e impunidad.

Pero en verdad y, usando palabras del propio presidente, con todo respeto, no entiendo en qué consiste la lucha contra la corrupción que dice encabezar Andrés Manuel López Obrador. Empezando porque es el más opaco de los presidentes desde que se dio la alternancia en el ejecutivo en el 2000.

No sabemos de qué ha vivido todos estos años, aun si fuese cierto que solo tiene 200 pesos en la cartera. Su declaración 3 de 3, lo hemos mencionado antes, es de pobreza inexplicable. Y ésta es igual de indignante que la riqueza inexplicable. AMLO se niega a ser claro respecto a los recursos que le han permitido ser un político que ha recorrido el país de arriba abajo y el proveedor de una familia de cuatro hijos y una esposa.

Mañana tras mañana se lanza en contra de un nuevo sector, sin dar nombres ni apellidos, al que señala por la corrupción del pasado. Ya hemos escuchado sobre los huachicoleros de cuello blanco; sobre los funcionarios corruptos de Pemex; los de la SCT y contratistas del Nuevo Aeropuerto que querían enriquecerse a costa del pueblo; sobre las calificadoras como Fitch Ratings que solaparon la corrupción en Pemex; y ahora se ha ido en contra de los cabilderos de las grandes empresas que logran excensiones millonarias en el pago de impuestos para sus clientes.

“Seré respetuoso de los poderes de la Unión, pero juez, magistrado o ministro que solape la corrupción será exhibido, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, fue la oración completa del presidente. Y sin embargo, él es el primero que ha hablado de amnistía y de un borrón y cuenta nueva. A veces lo matiza diciendo que el devenir jurídico de los ex presidentes se resolverá mediante una consulta popular.

¿No se dan cuenta quienes esto aplauden lo grave de la propuesta? Implica amnistía por una parte y hoguera por otra. Una hoguera que brinca por encima a todas las instituciones que conforman el aparato de justicia del Estado Mexicano, con todo y sus enormes deficiencias.

 

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La conferencia mañanera arranca con el presidente Andrés Manuel López Obrador diciéndonos que estamos mejor que en el pasado. “Tengo un reporte, todavía preeliminar, que hemos recuadado más en todo lo que tiene que ver con la venta al exterior; ha aumentado la recaudación en general, osea que vamos bien. Creció mucho el mercado exterior. Vamos muy bien en la recaudación por las importaciones porque hay menos corrupción en las aduanas ahora que en el pasado”, dijo AMLO, palabras más, palabras menos, en la conferencia de ayer martes 29 de enero.

Esta afirmación tan contundente estuvo ausente de datos. Ni los del pasado ni los que lo llevaron a decir que estamos mejor. Pero así pasó la hora 21 minutos de esta mañanera que ha tenido ese distintivo en los dos meses que lleva López Obrador siendo presidente de México: muchas palabras, poca información.

Si nos atenemos a lo que escuchamos cada mañana, es indudable que estamos mejor que antes. Primero porque tenemos a un presidente que cuenta con tanta autoridad moral, que se puede dar el lujo de gastar 100 millones de dólares en comprar pipas para abastecer combustible que ahora debe transportarse por carretera sin necesidad de licitar ni transparentar dicha compra. A decir del presidente, se puede porque ni él ni los suyos son unos corruptos.

La misma lógica aplica para la construcción del Tren Maya. Qué licitaciones y qué estudios ambientales ni qué ocho cuartos. El presidente no es corrupto así que todo puede hacerse más rápido, sin licitación y sin transparencia. Basta con la palabra del presidente que no es corrupto.

Entre la corrupción y la austeridad, nos recuerda el presidente en la matutina, tendremos fondos suficientes para financiar el desarrollo. Es más, hasta nos va a sobrar dinero porque era mucho el robo y el saqueo. Estamos mejor que en el pasado del gobierno faraónico y de lujos.

Se acabaron los funcionarios con nueve teléfonos en sus oficinas. Punto final. No dio nombres ni dijo qué pasó con el funcionario, ni con los teléfonos, pero eso es lo de menos. Tenemos finalmente un dato: nueve teléfonos en una oficina.

Estamos también mejor que en el pasado porque ahora, como el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de tanta autoridad moral, puede darse el lujo de no caer en las provocaciones de sus hasta hace poco aliados maestros de la CNTE que están bloqueando las vías del tren en Michoacán. Por no caer en provocaciones entiéndase que puede no hacer nada para solucionar este bloqueo en un estado gobernado por el PRDista que osó decir que apoyaba a José Antonio Meade en la elección del 2018, Silvano Aureoles.

 

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Como un mal necesario. Así se perciben los huachicoleros. El robo de combustible lo justifican porque, al ser poblados ubicados cerca de la refinería de Tula, conocen los precios de la gasolina y justifican el robo aduciendo lo caro que la vende el gobierno.

Si cerca de la refinería la pueden comprar a 5 pesos el litro ¿por qué van a pagar los 19 o 20 pesos en la gasolinera?

Esto me lo explica Fernando Rodríguez, quien ahora es colega de trabajo en Foro TV, originario del Valle del Mezquital, concretamente de Mixquiahuala, el pueblo de a lado de Tlahuelilpan.

Y me platica que ahí, en esta zona de Hidalgo, el huachicoleo prácticamente no existía sino hasta 2010. Desde entonces a la fecha el crecimiento de las tomas clandestinas ha sido exponencial. De haber 10 a 14 tomas a principios de esta década, datos de Pemex muestran que éstas llegaron a 600 en el 2017, para caer a 280 en abril del año pasado.

Todos conocemos a alguien que se dedica al huachicoleo, me dice Fernando. Hay cierto recato en decirlo abiertamente, pero los mensajes por WhatsApp para vender la gasolina robada son claros: “Tengo agua de limón (gasolina Magna) o agua de fresa (gasolina Premium)”.

Las tres gasolineras de la zona están siempre vacías, desde hace años. La gente prefiere ir a los terrenos bien conocidos que operan como gasolineras ‘clandestinas’. Ahí carga gasolina incluso el transporte público.

La gente no denuncia porque nadie quiere ser un chismoso. ¿Cómo vas a entregar a la justicia a los vecinos, familiares o amigos?

Esto es el factor social que explica en parte por qué los esfuerzos en el pasado por combatir el huachicoleo no han sido exitosos. Cuando la gente justica y protege el delito, la posibilidad de éxito en su lucha es mucho más complicado.

 

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Vaya tunda la que se han llevado en medios nacionales e internacionales el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el director de Finanzas de Pemex, Alberto Velázquez. Se les ha criticado desde lo más banal (la presentación con fallas ortográficas y gramaticales y el mal dominio del inglés), hasta las más serias: la falta de conocimiento de las finanzas de Pemex y la poca habilidad para sentarse a hablar de tú a tú con los inversionistas.

Pude ver la presentación que llevaron a Nueva York, la cual se puede encontrar en este vínculo (http://anapaulaordorica.com/pemex-el-desabasto-y-la-lucha-contra-el-huachicoleo/) y, en efecto, no es buena. De hecho, antes de irse a Nueva York se les sugirió corregirla o no llevarla, ya que se trata apenas de un plan en vías de desarrollo. Llevaron la versión que consideraron corregida y, pues…

Usualmente ya sea el director de Finanzas o el director general de Pemex, son gente que conoce perfectamente bien qué quieren escuchar los inversionistas extranjeros. Fue el caso de Juan José Suárez Coppel, quien venía de años en Banamex, o de José Antonio González Anaya, que conocía perfecto el tema por sus años en Hacienda.

No es el caso ni de Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo, ni de Alberto Velázquez, economista dedicado a la academia principalmente. Sin embargo, ambos iban bien cobijados por Carlos Urzúa y sobre todo por Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda que no es un novato en la relación con inversionistas y, a decir de versiones de
algunos de los presentes en las reuniones, fue quien más impresionó.

Sabemos que Pemex tiene grandes retos por delante y que el margen de error del gobierno actual es demasiado estrecho como para darse incluso el lujo de llevar errores gramaticales en la presentación. No obstante, hay otras versiones, tanto de los presentes como en medios igual de confiables que Bloomberg, que pintan un panorama distinto al desastre de la reunión.

Y dado que estas versiones se ven respaldadas por el desempeño tanto de los bonos de Pemex —que sufrieron un primer golpe del cual se han ido recuperando paulatinamente— como del tipo de cambio, en donde el peso es la moneda más apreciada en los mercados emergentes de diciembre a la fecha, me parece que vale la pena tomarlas en cuenta.

Estas versiones apuntan a que, si bien Velázquez no fue un gran interlocutor, su desempeño ha sido sobredimensionado muy a propósito por los inversionistas estadounidenses que salieron a hablar con la prensa porque buscan que el gobierno mexicano salga a garantizar la deuda de Pemex. Algunos inversionistas extranjeros muy apalancados quieren presionar al gobierno mexicano.

Pero al final y con todo y el problema de desabasto en México, otros inversionistas decidieron mantener sus posiciones en Pemex e incluso comprar más. Fue el caso de Jim Barrineau, de Schroders; Jin Zhang, director de Vontobel Asset Management (que tiene a su cargo $38 mil millones de dólares, algunos invertidos en México); y de Cathy Hepworth, quien encabeza la deuda de mercados emergentes de PGIM Fixed Income, según reporta el
portal Axios.com.

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El diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador vuelve a ser certero: hay que luchar en contra del robo de combustible, del huachicoleo, que ha que crecido exponencial e impunemente.

Veamos cifras de los últimos tres años: 2016, el robo de combustible representó 30 mil 800 millones de pesos; en 2017 fue de 50 mil 100 mdp y en 2018 de 66 mil 300 mdp. En total por estos últimos tres años, Pemex ha perdido 147 mil 200 millones de pesos. Ahora sí que este es dinero que ¡ni Trump tiene para construir su muro en la frontera! Y, ¿cuántos huachicoleros están en prisión? Cero.

Dice AMLO que ha disminuido el robo de combustible en 2 mil 500 millones de pesos tan solo desde que inició su Plan en contra del Huachicoleo a finales de diciembre. Pues claro que han bajado las tomas clandestinas si no hay nada en los ductos, pero la disyuntiva no puede ser o cerrar el ducto o hay robo de gasolinas. Éxito es que no haya robo aun con los ductos abiertos.

Seguramente si cierran los antros, bares y discotecas en todo el país, bajarán los borrachos en los establecimientos, pero eso no puede considerarse una política exitosa en contra del alcoholismo.

La correcta intención de luchar en contra del robo de combustible no puede depender de mantener cerrados los ductos, sobre todo si tomamos en cuenta el sobrecosto de abastecer vía pipas y lo impráctico que es por el tiempo que toma la llegada de la gasolina a las gasolineras.

Además, está la falta de transparencia de Pemex para explicar qué empresas están siendo contratadas para el transporte de combustible. Esto se presta a conjeturas, especulación y duda sobre las verdaderas intenciones de cerrar los ductos y abastecer vía pipas a las gasolineras del país.

Por ejemplo, trascendió que Excellence Freights, de Grupo Idesa, es una de las empresas que está transportando gasolina. Grupo Idesa fue fundada por Pascual Gutiérrez Roldán, suegro del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien fue Consejero de Grupo Idesa hasta abril del 2018, y su esposa, Elisa Margarita Gutiérrez, es accionista.

Ayer hablé con el Director de Grupo Idesa, el Ing. José Luis Uriegas, para verificar si están recibiendo contratos por adjudicación directa para el transporte de gasolina. Su respuesta la resumo en una frase contundente: “Nosotros no transportamos combustible de Pemex y no estamos participando en el abasto actual de gasolina.” Así, esta especulación queda desmentida. Pero la pregunta para Pemex permanece: ¿Qué porcentaje del abastecimiento a través de pipas está siendo cubierto por empresas privadas? ¿Quiénes están siendo contratados? ¿Por qué montos?

En una medida urgente que es luchar en contra del robo de combustible, AMLO está presentando una falsa disyuntiva, está generando carencia de gasolina en las gasolineras (nótese que no se está utilizando la palabra desabasto, que tanto se empeña en negar el gobierno), y además surgen dudas sobre contratos para atender una emergencia auto infligida.

 

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Qué mala respuesta la del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, al ex candidato presidencial del PRI José Antonio Meade.

Un aeropuerto importa porque activa la economía. Cada pasajero gasta 415 dólares en promedio de los cuales 184 dólares se van para la industria de la aviación y 231 en turismo y otros bienes y servicios locales. Esto, escribió Meade, se repite 120 mil veces al día en el actual aeropuerto de la CDMX y aporta 1.6% del PIB.

La escala y conectividad del NAIM atraería a más pasajeros y elevaría el gasto promedio a 555 dólares de los cuales 245 serían para la industria de la aviación y 310 en turismo y otros bienes y servicios locales. Esto se repetiría 342 mil veces al día en el NAIM aportando 6% del PIB.

Cancelar el NAIM no podría ser compensado ni por Santa Lucía ni por la red aeroportuaria mexicana. Expertos señalan que la pérdida de valor para México beneciará a otros aeropuertos en Estados Unidos y América del Sur. Dejar de hacer el NAIM nos costará 145 mil millones de dólares.

Esta fue la primera serie de tuits de J. A. Meade que decidió publicar en su red social y lo acompañó con un post de Facebook en el que citó las fuentes para dichos datos: AICM, IATA, Encuesta de Turismo del Iinegi, Dirección General de Aeronáutica Civil y FMI, además de la metodología para proyecciones y traer todo a números actuales.

A ello uno esperaría que el titular de la SCT opte por una de dos opciones: responder con números que dejen en claro por qué se tomó la decisión de cancelar el NAIM o ignorar el mensaje por completo ya que hoy Meade no es más que un ciudadano como tantos otros lo somos. Pero lo que hizo Jimémez Espriú fue de una bajeza monumental porque recurrió al insulto en lugar del argumento y mostró un ánimo preocupante en su concepción del triunfo y la derrota.

La “enorme pérdida” –145 mMde USD– que el ex Candidato presidencial y Ex Secretario de HyCP, José Antonio Meade le asigna a la cancelación del NAIM, son “las cuentas alegres de un hombre triste”.

Esa fue textual su respuesta, con todo y las incomprensibles comillas. Dicen los jóvenes que los adultos no saben utilizar comillas en las redes sociales y vaya qué Jiménez Espriú brilla por esta carencia con este tuit. Evidentemente la gramática es lo de menos.

El destino del NAIM marcó el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su decisión de cancelar el aeropuerto cueste lo que cueste con tal de mandar el mensaje claro y fuerte de quién manda ha sido calificado como el gran error de su gobierno que apenas tiene un mes y un día de haber arrancado.

 

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Los problemas para Donald Trump comienzan a apilarse. En estos momentos, su terquedad por querer que el senado le apruebe 5 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México tiene el gobierno cerrado por falta de fondos para seguir funcionando.

Si la discusión entre Trump y los senadores fuera para mejorar la seguridad fronteriza, seguramente podrían llegar a un acuerdo de entregarle recursos a cambio de un esquema de mayor patrullaje o inversión en tecnología para la zona, pero como lo que se discute es un símbolo que Trump considera determinante para fortalecer a su base electoral o perderla, el margen de maniobra entre ambos lados es demasiado estrecho. Es un todo o nada en donde Trump considera que se juega su reelección y los demócratas por ello no están dispuestos a ceder ni un ápice.

Lo incomprensible es que este cierre del gobierno es porque Trump quiere dinero para construir un muro que él dijo pagaría México. Los demócratas tienen así todas las de ganar en este nuevo escándalo que tiene a 800 mil empleados del estado sin recibir sueldo en plenas fiestas decembrinas o trabajando sin paga.

Pero ese no es el único problema de Trump. Legalmente continúan las investigaciones sobre conspiración con Rusia, obstrucción de justicia y gastos de campaña que lleva el investigador especial Robert Muller. Con él ya cooperan el ex abogado de Trump, Michael Cohen, quien ya ha sido sentenciado a tres años de prisión, y el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, cuya sentencia sigue pendiente. La expectativa por conocer las conclusiones de Muller es enorme. El escenario para Trump podría ser reelección en el 2020 o prisión. Eso explica aun más su impulso de un todo o nada respecto al muro fronterizo.

A ello hay que sumar que las irregularidades financieras de la fundación Trump han llevado al presidente a cerrarla. Está también el pleito que tiene con el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, a quien Trump quiere despedir por la más reciente alza a las tasas de interés. Powell, como cualquier presidente de la FED, tomó su decisión en términos económicos, pero Trump siente que es un error político porque como él ha basado el éxito o fracaso de su desempeño como presidente en si suben o bajan los índices de Wall Street, la caída que ocasionó el alza en las tasas de interés lo tienen desesperado.

Y sin duda su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria y la consiguiente renuncia del Secretario de Defensa, James Mattis por esta razón, es un tema que le cuesta mucho sobre todo con los republicanos. Varios de ellos se han quejado abiertamente y han señalado que los ganadores de esta medida son Rusia e Irán, los aliados del dictador sirio, Bashar Al-Assad.

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El Poder Judicial en general y la Suprema Corte en particular tienen muy mala imagen entre los mexicanos. En la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, la SCJN está en el límite de aprobación por encima de la policía y por debajo de las cadenas de televisión en cuanto a la confianza que genera. Bien o mal ganada esta desconfianza, es cuestión de matices. La mezcla de un Estado de Derecho tan fallido y un Poder Judicial que se percibe alejado del común de los mexicanos, hasta elitista, hace que sea blanco fácil de ataque.

Hace unos días me comentaba un ministro de la SCJN su preocupación por esta mala imagen de la Corte. Ya veía venir el enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo con el Judicial.

La relación entre AMLO y la Corte ha sido tirante desde antes de la elección de julio. Su desdén nos lleva hasta los años del proceso de desafuero, pero en esta última campaña presidencial el desprecio de López Obrador a la Corte arreció. Primero estuvo circulando la versión de que, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés trabajaba en la elaboración de un proyecto para conformar en México un Tribunal Constitucional de Justicia para fungir como la última instancia para interpretar la Constitución. Esto en los hechos minimizaría el papel de la SCJN y el contrapeso que representa al ejecutivo.

De este proyecto no se ha vuelto a decir mucho y la relación de AMLO y su círculo cercano con Valadés quedó dañada después de la entrevista que concedió a Proceso en la que criticó las primeras acciones de AMLO como presidente electo y cuya portada generó incluso un enfrentamiento vía twitter entre la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Muller, con el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda.

Una vez ganada la elección presidencial, AMLO sostuvo un encuentro con los ministros de la SCJN en la que le comunicaron que se comprometerían a sumarse a la austeridad republicana cuando arrancara el sexenio.

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, le puso monto a los recortes presupuestales en aquel encuentro. Habló de poco más de 800 millones de pesos que luego resultó no serían realmente recortes sino un subejercicio del año anterior que no había devuelto la Corte y que se había destinado a un fideicomiso. Esto molestó mucho a AMLO que se sintió truqueado por el ministro presidente.

Y ahora estamos en el enfrentamiento por la Ley de Remuneraciones y el amparo que ha otorgado la Corte para suspender este recorte a los sueldos de la burocracia, incluyendo a los jueces, magistrados y ministros de la Corte.

 

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El primer decreto de Andrés Manuel López Obrador como presidente ha sido crear una Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Ese capítulo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre del 2014 quedará marcado como una de las noches que sepultaron al gobierno de Enrique Peña Nieto.

La noticia de 43 jovenes desaparecidos dio la vuelta al mundo. Los informes de que fueron calcinados en un basurero cercano al lugar en el que se les vio por última vez y la llamada ‘verdad histórica’ que dio a conocer el entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam, han sido la estampa perfecta para demostrar a nivel nacional e internacional todo lo que no funciona en México: la tremenda inseguridad acompañada de impunidad, la colusión entre cuerpos policiacos y autoridades locales, los riesgos de tener al Ejército en la lucha contra el crimen organizado; la incompetencia de los gobiernos estatales para enfrentar el reto; y los efectos de las riñas entre grupos del narcotráfico en una zona que abastece mariguana y amapola a gran parte del mercado mundial de drogas.

Los padres de esos jovenes y quienes los representan exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que les regresara a sus hijos y que los regresara vivos: “Vivos se los llevaron; vivos los queremos”. Dentro de estas exigencias ha habido auténticos padres destrozados por la ausencia de sus hijos, pero también ha habido motivaciones políticas. La historia al respecto es larga y conocida. No entraré en ella.

Lo que sí llama la atención es que el nuevo titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido como primer decreto crear una Comisión de la Verdad para esclarecer lo que ya se ha investigado ad nauseam por instancias nacionales (de quienes es comprensible dudar) y también internacionales.

Entre los motivos publicados en el Diario Oficial para la creación de dicha comisión se resalta que “es un imperativo de este gobierno dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.” Al anunciarse el decreto AMLO estuvo sentado frente a algunos padres. Una madre le dijo que será grande cuando aparezcan sus hijos.

Han pasado más de cuatro años desde esos hechos. AMLO está decidiendo, por decreto, dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a que se conozca la verdad. Asusta pensar que todo esto pueda ser una farsa para darle por su lado a aquellos que cuentan hasta 43 y cierran gritando ¡Justicia! en eventos públicos, como el sábado 1º de diciembre durante la toma de protesta en la Cámara de Diputados o el lunes durante el anuncio del decreto.

 

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