El Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Función Pública firmaron esta tarde un convenio de colaboración para evitar que los programas sociales a cargo del gobierno federal sean utilizados con fines político-electorales en los comicios federales y locales.

El convenio establece un mecanismo de colaboración entre la autoridad electoral y el gobierno federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las instituciones se comprometen a desarrollar sus actividades de forma legal y transparente, y fortalecer los valores democráticos con el objetivo de impedir cualquier manipulación de los programas sociales en favor de algún partido o candidato.

El Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que “no hay democracia cuando los programas sociales se usan con fines electorales”, por lo que se busca garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y generar las condiciones para el ejercicio de un voto libre.

Enfatizó que el desvió de recursos públicos destinados a la población con mayores necesidades para fines político-electorales representa no sólo un acto ilegal sino también una grave vulneración a los derechos sociales y un ataque frontal a la vida democrática y a la cohesión social.

Córdova Vianello afirmó que el INE será implacable en la aplicación de las sanciones.

Por su parte la Secretaría del Bienestar y la de la Función Pública se comprometieron a proporcionar al INE toda la información relacionada con el padrón de beneficiarios de los programas sociales en las entidades que celebren elecciones; así como el procedimiento con base en las reglas de operación para la entrega de los beneficios establecidos en dichos programas, y la información necesaria sobre los servidores públicos encargados de distribuir los mencionados apoyos.

La titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores González, aseguró que el dinero de los programas sociales nunca más debe de utilizarse con fines políticos o electoreros, por lo que no se va solapar delitos cometidos por los servidores públicos.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien participó como testigo de honor, reconoció que ha sido en la operación de los programas sociales y en el uso de sus recursos, donde se han producido los mayores problemas que han afectado a los mexicanos.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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