El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de malversación de fondos, será extraditado a nuestro país, luego de que la jueza del caso anunciara que certificaría la solicitud de las autoridades mexicanas.
En una nota que llegó horas después de que finalizara la audiencia de este martes, la jueza indicó que la solicitud cumple con los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, por lo que dio un plazo de 60 días para la entrega del exgobernador.
En lo que la entrega se concreta, Duarte seguirá preso en Miami. Sin embargo, el exgobernador todavía podría apelar la decisión.
Horas antes, al finalizar la audiencia de hoy, la jueza Lauren Fleischer Louis dijo que “no anticipo futuras acciones ante mí”. “Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos”.
En la audiencia la fiscalía aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos y debe ser extraditado a nuestro país. Su defensa reiteró que son cargos políticos. Morillo, que era “venganza de opositores políticos”, en referencia al sucesor de Duarte, Javier Corral.
“El pedido de extradición detalla la corrupción durante el gobierno de Duarte”, expresó el fiscal Jason Wu al comienzo de su alegato. “El tribunal debe certificar la extradición”.
Duarte, que se desempeñó como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. México solicitó su extradición a finales de 2019.
La fiscalía se centró en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito. Estos testigos son parte de la causa presentada en México y la justicia estadounidense los considera importantes para probar las acusaciones.
Wu dijo que esos testigos, entre ellos un exsecretario de finanzas de Duarte, identificaron al menos 11 transacciones millonarias en las que el exgobernador les habría ordenado desviar fondos públicos a cuentas privadas que sólo él, familiares o cómplices podían administrar.
“Tenía total responsabilidad de los fondos en disputa”, expresó Wu. “Las transferencias beneficiaban a Duarte. Él tenía el control de los fondos públicos”, dijo tras describir varias de esas transacciones, algunas de ellas destinadas a comprar vacas y otras a empresas y cuentas de su familia.
Su defensa pidió a la jueza que no considerara lo que habían dicho esos testigos porque sus declaraciones habían sido bajo amenazas. “Lo que pedimos al tribunal es que evalúe el método, el proceso con el que el gobierno de México obtuvo las evidencias”, expresó el abogado Juan Morillo. “Cuando el testimonio se consiguió de manera ilegal, no se puede considerar”.
Según la defensa, la vida de Duarte correría peligro si regresa a nuestro país para enfrentar un juicio.
La jueza se limitó a decir que estaba “satisfecha” con los argumentos presentados a favor de la extradición, aunque no indicó cuando resolvería el asunto. “La presentación satisface la causa probable”, expresó Fleischer Louis.
Para los fiscales, las pruebas presentadas por Duarte buscan evitar su extradición y que sea juzgado en Estados Unidos en un “mini juicio”.
Duarte asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. El exgobernador asegura que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en el país vecino.
