El 7 de julio de 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moïse, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.
Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los responsables y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose.
El 7 de julio del año pasado, los atacantes parecen haber ingresado con facilidad a la residencia del presidente, sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para neutralizarlos.
Unas horas más tarde, la policía haitiana mostró una velocidad excepcional al arrestar a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos.
Desde la muerte de Moïse, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor. Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.
No es todo. La justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.
Además, el parlamento no funciona desde hace dos años. Desde su llegada al poder en 2017, Moïse no había convocado elección alguna. Hoy Haití tampoco tiene presidente, y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces.
La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial. Designado apenas dos días antes del magnicidio, Henry es sospechado de haber mantenido conversaciones telefónicas con uno de los principales acusados pocas horas después del atentado.
Invitado por el fiscal a dar explicaciones, el jefe de gobierno no se presentó y luego destituyó al magistrado, designando a un nuevo ministro de Justicia.
Ello llevó a la viuda del presidente, Martine Moïse, gravemente herida durante el atentado, a rechazar tajantemente asistir a las ceremonias de homenaje a su difunto marido, oficiadas por un jefe de gobierno sobre el que pesan “serias presunciones de que pudo haber asesinado al presidente de la República”, según dijo.
Una breve ceremonia tuvo lugar esta mañana en el jardín del Museo del Panteón Nacional, en la capital. “A pesar de su debilidad, la justicia debe seguir haciendo todo lo posible para localizar a los culpables, llevarlos ante los jueces e imponerles sentencias ejemplares y disuasorias”, dijo Ariel Henry ante funcionarios y diplomáticos extranjeros.
