El diputado local del PRI, Florentino Senz Cobos, presentó un dictamen para garantizar la seguridad del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de su gabinete de seguridad, al argumentar que el combate a la delincuencia organizada que ha llevado a cabo su administración así lo exigen.
“Resulta evidente que el ejercicio de las atribuciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, conlleva un riesgo para la seguridad personal, la salud, la integridad y la vida de las y los servidores y ex servidores públicos involucrados en las acciones de investigación, persecución y combate al delito y que el Estado debe proveerles de los elementos necesarios para la preservación de su seguridad”, señalaba la justificación de la propuesta.
Dicha iniciativa, incluida en la Ley de Seguridad Pública, fue aprobada durante la sesión de la diputación permanente por 3 votos a favor del PAN y PRI, mientras que Morena emitió sus dos votos en contra.
Con esto, estaría garantizada la seguridad del gobernador y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, una vez que concluyan su encargo, y la cual podría ser vitalicia.
Lo aprobado daría servicio de guardaespaldas, vehículos y demás insumos para la eficiente protección del servidor público, sus parejas y familiares en primer grado, mientras la Secretaría de Seguridad Pública en su evaluación lo considere necesario.
Recordemos que Francisco Javier García Cabeza de Vaca finaliza su mandato en septiembre del próximo año.
En respuesta, el diputado de Morena, Oziel Almaguer Aldape, cuestionó que el gobernador retiró en 2016 los servicios de seguridad a los exgobernadores, Manuel Cavazos Lerma, Tomas Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, con el argumento de que los exmandatarios priístas entregaron el estado a la delincuencia.
Recordar que ya existe una legislación que protege a los servidores públicos como parte de la Ley de Seguridad Pública que, en el caso del gobernador, señala que sería por el mismo periodo que se desempeñe en el cargo, es decir seis años. Sin embargo, la polémica de la modificación recae en que si la evaluación que hiciera la Secretaría de Seguridad Pública lo considera, esta puede prolongarse de por vida.
El Congreso local citó a sesión pública extraordinaria para esta tarde, donde el pleno decidirá si aprueba o rechazará la reforma aprobada en la permanente.
