Después una década de investigaciones y búsquedas a los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, miles de personas acompañaron a sus familiares y conocidos en la principal manifestación que tuvo lugar ayer en la Ciudad de México, donde exigieron verdad y justicia.
Entre los padres y madres había caras de dolor y frustración por una década sin respuestas pero también de agradecimiento a quienes les han apoyado,
Aunque la movilización tuvo un carácter de consigna, algunos manifestantes, el llamado grupo negro, pintó paredes y saquearon comercios, aprovechando el movimiento que se generó.
Al caer la noche y a pesar de que las autoridades habían bloqueado parcialmente el acceso al Zócalo con bloques de concreto y vallas, los padres y madres lograron llegar a la plaza aun con la lluvia que se registró.
“Gracias por esa solidaridad”, dijo Mario González, el padre que tomó la palabra en la plancha del Zócalo entre gritos de “no están solos”. “Este gobierno da vergüenza, no sé qué miedo tenía que la marcha llegara”, indicó.
Los manifestantes acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de traicionar no solo a las familias sino “a un pueblo sediento de justicia y de saber la verdad “.
El presidente “pasará como cómplice de aquellas personas que desaparecieron a nuestros hijos”, agregó Hilda Legudeño, madre de Antonio Tizapq, uno de los estudiantes desaparecidos, a la vez que pidió el regreso de los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Decenas de contingentes acompañaron la movilización, como Artículo 19, para sumarse a las exigencias de verdad y justicia.
Han pasado dos administraciones, hay decenas de detenidos, entre ellos el exprocurador general de la República, y ha habido cientos de búsquedas, pero sigue sin saberse el destino o aparente de los jóvenes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, en 2014.
Este Gobierno avanzó al determinar que fue un “crimen de Estado” y apuntó al tráfico de droga como posible desencadenante del ataque. También confirmó que un cártel local actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
Al respecto, la ONU lamentó ayer los “resultados insatisfactorios” por parte de las autoridades. La CIDH, que envió expertos a investigar durante ocho años, mostró su preocupación por la “paralización” del caso y denunció un persistente “pacto de silencio que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores”.
El presidente López Obrador admitió ayer que “se complicaron las cosas, están enredadas” y que no pudo dar con el paradero de los estudiantes. “Que les quede muy claro…no hay impunidad para nadie, hicimos todo por encontrar a los jóvenes”, dijo en un último intento de convencer a las familias de sus esfuerzos.
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