La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano», declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa.

El funcionario presentó las primeras conclusiones preliminares de la comisión que creó en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero.

La comisión también concluyó que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes e, incluso, las acusó de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad.

“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo miembros del Ejército y de las policías locales.

En ese sentido, se reveló que el Ejército tenía infiltrado a un soldado en la normal, con el fin de conocer las acciones que realizaban los estudiantes para la conmemoración de la marcha del 2 de octubre de 2014, lo que habría permitido que las autoridades supieran lo que ocurría en la escuela.

Señaló que el militar infiltrado, de nombre Julio César López, también desapareció, aunque los mandos no emprendieron acciones para buscarlo; reclamó que en caso de que se hubiera intentado localizarlo, se pudo haber evitado la desaparición y el asesinato del resto de los estudiantes.

El funcionario también reconoció que «no hay indicios» de que ninguno de los estudiantes esté vivo y que «nunca estuvieron juntos» desde que se separan en la estación de autobuses de Iguala esa noche.

Recordemos que según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada «verdad histórica», policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa «verdad», al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Encinas anunció que México ofreció a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso, un acuerdo para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos y el destino de los jóvenes.

Zerón, que se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada, no aceptó la oferta de inmediato pero el gobierno sigue en contacto con sus abogados. El exfuncionario es considerado el artífice de la versión oficial del gobierno de Peña Nieto.

El subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heronia que se realizaba en esa región pudo estar en el centro del crimen. Según explicó, se confirmó que un autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes y «nunca fue detenido» aunque, según los mensajes interceptados, ahí se encontraba «la mercancía». «Y la mercancía es o droga o dinero», indicó.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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