La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen sobre subcontratación laboral, el llamado outsourcing, una propuesta legislativa acordada entre el gobierno federal y los empresarios tras meses de negociaciones.

El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otros puntos.

Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones fue aprobado el dictamen que fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales.

Entre lo aprobado por la Cámara de Diputados, se prohíbe la subcontratación de personal, para lo cual se derogan las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación. También diferencia la subcontratación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

Establece que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito. Además, indica que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

«Menciona que al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella», se señala en el texto.

Durante la discusión del dictamen, la diputada del PAN, María Cristina Castillo Espinosa, dijo estar a favor de que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social, y de que no existiera engaño con fines de simulación fiscal; sin embargo, alertó que el dictamen fue apresurado y no logró consenso entre los que serán los afectados directos, además de que implica un daño al país, pues aumentará la informalidad; no genera inversión y ni desarrolla fuentes de trabajo.

Por parte del PRI, el diputado Carlos Pavón Campos expresó que el dictamen, lejos de beneficiar a las y los trabajadores, los perjudica al establecer topes máximos de tres meses del reparto de utilidades cuando en muchas ocasiones perciben más que eso; advirtió que beneficia únicamente a las empresas, ya que traerá más inseguridad e informalidad laboral por no cumplir con lo que se tiene que cumplir. «Es meramente recaudatoria», dijo.

Recordemos que el pasado 5 de abril, el gobierno federal, los líderes empresariales y los sindicatos cerraron un acuerdo que limitaba la subcontratación laboral en el país y modificaba el reparto de utilidades para los trabajadores después de tres meses de negociaciones.

La subcontratación fue retomada por López Obrador, quien a finales del año pasado anunció su intención de desaparecer el outsourcing al considerarlo un abuso en contra de los trabajadores, aunque finalmente se acordó regularla en lugar de prohibirla.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó la existencia de 6,000 empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva» y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de «outsourcing».

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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