En una maratónica primera sesión ordinaria del segundo año legislativo, que se prolongó por cerca de 15 horas, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, modificaciones a diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Las modificaciones aprobadas responden a la iniciativa presentada por el diputado Ignacio Mier Velazco, a nombre de las bancadas de Morena, PVEM y PT, retomando la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El documento aprobado señala que su finalidad es fortalecer la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El texto añade que el propósito final no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar, con la tutoría de la Sedena, el crecimiento “sano” de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México, la Guardia Nacional, con la que se garantizará el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
En términos del proyecto de decreto y con 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención, se aprobaron los Artículos Primero, Segundo, Tercero y Transitorios del proyecto de decreto, relativos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Adicional, el Pleno aprobó con 451 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Artículo Cuarto en términos del proyecto de decreto, relativo a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
En el proyecto aprobado, se refiere que la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, responde a la necesidad de superar los obstáculos administrativos y de disponibilidad de recursos, frente a lo apremiante que resulta abordar los desafíos que plantea la violencia.
“Representa para el Estado mexicano el más grande reto, que tiene la obligación de afrontar con todos los recursos lícitos a su alcance”, señala.
Se reconoce que la complejidad, diversificación y gravedad del crimen organizado, sumadas a su capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, constituyen amenazas para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades, la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.
Así, la Ley de Seguridad Nacional reconoce a la delincuencia organizada como amenaza a la seguridad nacional, la cual también es un tema de seguridad pública, por constituir diversos delitos del orden federal que debe combatir y prevenir la Guardia Nacional, lo que demuestra la necesidad de que el control operativo y administrativo de la Sedena sobre la Guardia Nacional se realice de manera directa y con una sola directriz.
Se defendió que en el texto se describe una fórmula para la participación de la Defensa en el ejercicio del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, además de que se establecen reglas claras para su funcionamiento, con una estricta y clara separación y delimitación de las dependencias involucradas, para prevenir y remediar abusos por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular cuando ello sucede en el campo de la seguridad pública interior.
Las reformas se remitieron a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, donde en los próximos días se estará sometiendo a votación.
