Pablo Hiriart
Venezuela tiene dos presidentes, Juan Guaidó y Nicolás Maduro.
El primero fue electo por la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, con base en el artículo 233 de la Constitución elaborada durante el chavismo.
Los integrantes de la Asamblea (legisladores) llegaron al cargo mediante elecciones vigiladas internacionalmente, en las que participaron el chavismo y la oposición, y ganó la oposición, con el reconocimiento nacional e internacional.
Nicolás Maduro se reeligió en unos comicios en los que no participó la oposición por falta de garantías, ni hubo observación internacional.
La Asamblea aplicó el artículo 233 de la Constitución, que faculta al Poder Legislativo a nombrar un presidente provisional cuando hay ausencia de éste, y mandata crear un gobierno que convoque a elecciones.
Nicolás Maduro asumió la presidencia sin que mediaran elecciones libres para acceder al cargo.
A raíz de ello, el Congreso (la Asamblea), nombró a un presidente provisional para que convoque a elecciones libres y vigiladas.
En consecuencia, los únicos que llegaron al poder mediante elecciones democráticas, reconocidas nacional e internacionalmente, fueron los integrantes de la Asamblea.
Juan Guaidó es, pues, el presidente constitucional de Venezuela.
Y México, perdón, el gobierno de México en nuestra representación, ha optado por reconocer únicamente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
¿Con qué argumento? El real es la afinidad ideológica entre el actual gobierno mexicano y el régimen de Maduro.
Los presidentes de los dos partidos de la coalición gobernante en México son impulsores y defensores de la ‘revolución Bolivariana’.
El argumento que esgrimen el presidente y el canciller Ebrard, está basado en el artículo 89 de nuestra Constitución, que en su inciso X establece: “En la conducción de tal política (exterior), el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias…; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.
Queda claro que una interpretación facciosa del artículo 89 lleva al gobierno de México a respaldar al gobierno de Maduro.
Sólo esgrime la “no intervención”, y omiten la “autodeterminación de los pueblos” y “la protección y promoción de los derechos humanos”, así como “la paz y la seguridad internacionales”.
La autodeterminación del pueblo venezolano llevó a los integrantes del Poder Legislativo –electos todos democráticamente–, a nombrar presidente provisional del país al líder de la Asamblea, Juan Guaidó, ante el vacío existente por la ilegalidad con que se hizo del mando Nicolás Maduro.
Omite también el gobierno de México el mandato constitucional de “protección y promoción de los derechos humanos”, que en Venezuela son violados en todos sus órdenes por el régimen ilegal de Maduro.
Con escalofriante displicencia el canciller Ebrard justifica que en México también se violan derechos humanos.
Su trabajo es hacer cumplir la Constitución en su ámbito de responsabilidad. Ya los otros secretarios y órganos competentes velarán porque se respeten los derechos humanos.
En Venezuela no hay libertades políticas. No hay voto libre. A los opositores los encarcelan y son torturados. Los medios de comunicación son acallados y los periodistas críticos perseguidos y exiliados.
Aquí en México, López Obrador pudo llegar al poder gracias a que hay elecciones libres.
Los opositores podían recorrer el país diciendo lo que quisieran, hasta calumnias y convocatorias a “derrocar” el régimen.
Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental para que llegara al poder el más radical opositor.
Directivos de esos medios no eran perseguidos ni torturados, sino que gozaban de publicidad oficial y acceso a Los Pinos y a Bucareli.
Triste, el papel del canciller Ebrard, egresado de El Colegio de México.
Pero más triste aún es el papel de todos nosotros, que vemos impotentes cómo el gobierno nos alinea en la defensa de un dictador, por afinidad ideológica.
