El presidente estadounidense, Joe Biden, se encuentra más cerca que nunca de un escándalo de proporciones “trumpistas” después de la revelación esta semana de que fueron encontrados documentos clasificados, correspondientes a su periodo como vicepresidente de Estados Unidos, en varias oficinas privadas y en su propia casa.
El caso, aunque con importantes diferencias, recuerda al del expresidente Donald Trump, que está siendo investigado por el Departamento de Justicia por tener en su posesión documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Esto les ha dado a los republicanos un nuevo motivo de ataque: han tratado de equiparar ambas situaciones.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseguró la tarde de ayer que el Congreso estadounidense debería investigar el hallazgo de los documentos clasificados de Biden, a quien acusó además de utilizar al Departamento de Justicia para acosar al expresidente Trump.
La realidad es que ni Trump ni Biden deberían de haber tenido en su poder documentos clasificados de sus respectivas Administraciones, ya que la ley obliga a que todos los registros presidenciales sean entregados a los Archivos Nacionales.
Hay que tomar en cuenta que la posesión en sí misma de estos documentos no es delito, si que no se demuestra que fueron ocultados conscientes de ello.
Aquí es donde radica una de las diferencias clave entre los dos casos: fueron los propios abogados de Joe Biden quienes avisaron a las autoridades de que habían encontrado documentos clasificados entre las posesiones del presidente.
En el caso de Trump, hizo falta un polémico cateo del FBI en Mar-a-Lago para recuperar un centenar de documentos, algunos de ellos clasificados como de alto secreto.
Los Archivos Nacionales, encargados de salvaguardar todos los documentos presidenciales, llevaban más de un año tratando de recuperar registros que el expresidente se había llevado a su residencia personal.
Por eso, Trump se enfrenta también a una investigación por posible obstrucción a la Justicia, lo que hace su caso mucho más complejo que el de Biden.
Hasta ahora, las autoridades no han dado ninguna indicación de que este último fuera consciente de que tenía documentos clasificados en su poder, algo que el propio mandatario pareció confirmar el martes durante su estancia en nuestro país en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.
“La gente sabe que yo tomo en serio lo del material secreto. Cuando los abogados estaban despejando mi oficina en la Universidad de Pensilvania me pusieron una oficina segura en el Capitolio. Cuatro años después de ser vicepresidente fui profesor en Penn y encontraron algunos documentos en una caja, en un gabinete o en un ropero, y cuando los encontraron se dieron cuenta que había varios documentos secretos en esa caja. Hicieron lo que debían de haber hecho, llamaron a los archivos e inmediatamente les entregaron los documentos a los archivos. Y a mí me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió enterarme de que hubiera registros del gobierno llevados a ese lugar, a esa oficina (…) Entregué las cajas, ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente, cooperando plenamente con la revisión”, dijo en la sesión de preguntas y respuestas en Palacio Nacional.
Lo que sí se le reprocha a Biden es la falta de transparencia. La primera parte de los documentos fue descubierta en noviembre pasado, justo antes de las elecciones de medio mandato, en una oficina que el presidente usó entre 2017 y 2020.
En ese sentido, se acusa que La Casa Blanca esperó hasta esta semana para hablar del tema, cuando la noticia ya había aparecido en los medios.
Desde el primer descubrimiento, los abogados de Biden han vuelto a encontrar documentos de su etapa como vicepresidente de Barack Obama en otra oficina usada por el mandatario y más recientemente en el garaje de su casa de Delaware.
Los recientes hallazgos han llevado al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a designar a un fiscal especial para investigar el caso.
Garland también designó a un fiscal especial para investigar el hallazgo de documentos en Mar-a-Lago, que actualmente trata de determinar si Trump se llevó los registros clasificados a sabiendas y si obstruyó a la Justicia al no entregarlos todos a los Archivos Nacionales cuando se los solicitaron.
