El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Presidencia de la República dar a conocer los nombres, estado de adscripción, clave de nivel salarial, ingreso mensual bruto y neto, así como los recursos presupuestados para el pago de aguinaldos de los llamados superdelegados.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la transparencia es una vía fundamental para rendir cuentas a la población sobre los resultados de los programas sociales prioritarios del gobierno federal.
“Para ir un paso más adelante, el gobierno federal podría hacer un ejercicio de transparencia proactiva clarificando los criterios utilizados para nombrar a los nuevos delegados, las reglas que cuidarán su participación en el manejo y vigilancia de recursos públicos federales, así como los mecanismos de seguimiento y control social de los programas de desarrollo que estarán a su disposición”, subrayó Salas Suárez.
Y es que un particular solicitó, con respecto a la figura de los Delegados de Programas para el Desarrollo, datos como la denominación correcta de dicho cargo; los nombres de quienes ocupan el cargo y el estado de adscripción; el ingreso mensual bruto y neto desglosando percepciones y deducciones, entre otros.
En respuesta, la oficina de la Presidencia señaló ser incompetente para contar con la información requerida, limitándose a entregar un vínculo a través del cual podría consultar la normativa referida.
Ante la respuesta recibida, el particular interpuso el recurso de revisión ante el INAI, a través del cual señaló no estar conforme con la incompetencia esgrimida, e indicó que, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece lo correspondiente, para la Presidencia y la Secretaría del Bienestar, respecto de la figura de los superdelegados.
La Oficina de la Presidencia reiteró su respuesta original y señaló a la Secretaría de Bienestar como la responsable de coordinar a las Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo de las Entidades Federativas.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Salas Suárez manifestó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, para su coordinación, el Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del Presidente de la República.
