Los senadores del Partido Verde propusieron reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), para castigar a quien obligue, presione o amenace a renunciar a una candidatura o cargo de elección popular.
La propuesta contempla que se sancione con una multa de 200 a 400 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y de dos a nueve años de prisión, a quien “por sí, por interpósita persona o por cualquier medio, ejerza violencia, amenazas, intimidación, presión o engaño” para que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular.
La propuesta del PVEM llega luego de que se supiera que en Chiapas se presionó y engaño a diversas mujeres para que renunciaran a su cargo, con el fin de que un varón ocupara dicho encargo, esto dado que las candidaturas se postularon atendiendo las reglas de paridad de género. Este caso fue conocido como las “Manuelitas” de Chiapas.
Al respecto la senadora Gabriela Benavides Cobos indicó que la pena podría aumentar hasta en una mitad cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer.
