La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó hoy un informe sobre la situación de Venezuela en el que instó al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas paras “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.
#Venezuela must take immediate measures to halt the grave violations of economic, social, civil & political rights documented – @mbachelet calls on all those with power & influence to work together to make the necessary compromises to resolve the crisis ? https://t.co/DzVmYRQSo4 pic.twitter.com/Tgh7cNwHPy
— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 4, 2019
El informe, que mañana viernes presentará la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, si la situación no mejora, continuará el éxodo “sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los cuatro millones de personas.
En el documento, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
Se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
Se señala que el gobierno venezolano registró 5,287 muertes en operativos de seguridad el año pasado y tales muertes se debieron a “resistencia a la autoridad. Adicional, otras 1,569 muertes se registraron en los primeros cuatro o cinco meses del 2019, agregó el reporte.
Hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Recordemos que Bachelet visitó Venezuela del 19 al 21 de junio pasado, en donde sostuvo entrevistas con figuras políticas, desde el Presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil.
Indicó que “el Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia (…) La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas”.
