Las multinacionales de la industria farmacéutica se comprometieron este jueves a disponer de una vacuna contra el Covid-19 “en todo el mundo”, en un plazo de 12 a 18 meses.
Decenas de ensayos clínicos están en marcha para poner a punto kits de detección menos caros y más precisos, así como un tratamiento o una vacuna capaces de combatir el coronavirus, que ya ha infectado a más de 230,000 personas y ha dejado casi 10,000 muertos en el mundo.
“Haremos todo lo posible para que la vacuna sea accesible a todos los que la necesiten”, dijo Paul Stoffels, vicepresidente del comité ejecutivo de Johnson & Johnson.
“Es una promesa que la industria (farmacéutica) hace en conjunto”, dijo el directivo en una videoconferencia organizada por la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos (IFPMA).
Los trámites administrativos pueden simplificarse y acelerarse en esta carrera contrarreloj, los recursos no faltan y las asociaciones del sector público y privado permiten disminuir el riesgo financiero por las grandes inversiones que exigen la investigación y la producción.
Sin embargo, advierten que tanto productores como autoridades de control no pueden transigir sobre la seguridad de una potencial vacuna, y por tanto no se puede acelerar el calendario de los ensayos clínicos y el estudio de los resultados.
“Tenemos tres ejes de trabajo: asegurar la distribución (…), redirigir la tecnología existente (…) y crear nuevos tratamientos, nuevas vacunas, nuevos tests de detección que contribuirán a erradicar el COVID-19”, explicó David Ricks, consejero delegado de Eli Lilly and Company y presidente de Ifpma.
Por eso, los industriales estiman que llevará de 12 a 18 meses tener una vacuna autorizada en el mercado, precisó David Loew, vicepresidente ejecutivo de Sanofi y responsable de Sanofi Pasteur.
Una vez que la fórmula esté validada por las agencias de regulación, habrá que producir una cantidad suficiente y garantizar el suministro a todo el planeta.
Con el fin de superar los obstáculos a la producción y el transporte, los directivos de los grandes laboratorios han pedido a los Estados que “clasifiquen la industria farmacéutica entre los sectores esenciales” de la actividad del país, y permitan a los trabajadores a desplazarse hasta las plantas.
