El gobierno estatal de Tamaulipas, que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca, transfirió 39 millones de pesos de fondos etiquetados para educación y salud a una cuenta en el banco Afirme a nombre de Grupo Publicitario Adar, una empresa inexistente que en sus facturas aportó como domicilio fiscal una humilde casa ubicada en Temixco, Morelos.
Según una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien accedió a diversos documentos, la mayor parte del dinero desviado provenía de fondos federales, según consta en facturas, órdenes de pago y cheques.
Al menos 26 millones de pesos fueron para pagar supuesta publicidad institucional del gobierno de Tamaulipas en kioscos, espectaculares y en autobuses de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey, así como en el aeropuerto internacional de la capital del país.
El resto del dinero desviado fue por concepto de renta de equipos de sonido, muebles, tarimas y carpas. Ninguno de los servicios pagados fue realizado, determinó una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en 2019 incluyó a Grupo Publicitario Adar en su listado definitivo de simuladoras de operaciones o empresas “fantasma”.
En los documentos obtenidos por MCCI consta que las órdenes de pago a favor de esa empresa fueron firmadas por el director de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, Francisco García Juárez y por quien fuera Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar.
Este desvío detectado en la investigación de MCCI es diferente de las anteriores acusaciones que han formulado la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
En febrero del presente año, la Fiscalía había solicitado al Congreso el desafuero del gobernador, por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero. Algunos cargos se derivaron de la acusación formulada en agosto del año pasado por Emilio Lozoya, quien denunció que García Cabeza de Vaca fue parte de un grupo de legisladores que en 2013 recibieron millonarias cantidades aportadas por Odebrecht para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
A las acusaciones se sumó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual añadió a los delitos ya señalados el de enriquecimiento ilícito, porque los ingresos declarados por García Cabeza de Vaca son inferiores al valor de 20 propiedades que él y su familia han adquirido en México y Texas, incluido un departamento en Bosques de Santa Fe de 42 millones de pesos, supuestamente comprado mediante la triangulación de fondos de dos empresas “fantasma”.
Investigación completa en MCCI
