El gobierno de Estados considera viable reunificar a unas 1,600 familias de inmigrantes, de las 2,500 separadas al cruzar la frontera, que catalogó como elegibles dentro del plazo fijado para mañana jueves por un juez federal.
Durante una audiencia en una corte de San Diego, California, el magistrado Dana Sabraw, consideró que no ha habido un sistema para rastrear a padres e hijos tras ser separados en la frontera por la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal.
“Esas son las consecuencias que estamos viendo. Parece que hay un gran número de padres que no han sido contactados o que pudieron haber sido expulsados sin sus hijos”, señaló Sabraw.
De acuerdo a un documento ingresado en la corte por el gobierno federal, 463 padres indocumentados aprehendidos en la frontera ya no se encuentran en el país, y no se ha podido especificar cuántos de ellos fueron deportados y cuántos salieron de forma voluntaria.
Sabraw manifestó que eso es una “preocupante realidad” que ha quedado en evidencia durante este litigio, a lo que se suma otro grupo de al menos 37 padres cuyo paradero es desconocido, de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno.
El magistrado había dado como plazo hasta el jueves 26 de julio para que el gobierno reuniera a los más de 2,500 menores indocumentados de entre 5 y 17 años de edad con sus padres, aunque los abogados del gobierno han dicho que sólo 1,634 son elegibles para ello.
Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, afirmó que unos mil de esos niños que se encontraban en custodia de autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ya han sido entregados a sus padres o a algún otro familiar.
Los 37 padres de los que se desconoce el paradero forman parte de los 914 casos que no califican para la reunificación antes del jueves, entre otras razones porque los progenitores han rechazado su derecho a la reunificación o porque cuentan con antecedentes criminales.
