El gobierno de México está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte de un caso de corrupción del más alto perfil en los últimos años, según reveló al The Wall Street Journal (WSJ) un alto funcionario judicial de México.
La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien fue arrestado en España la semana pasada y está esperando una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición.
Scoop: Ex-President Peña Nieto is under investigation, said a senior Mexican judicial official. “The corruption of [ex-Pemex chief Emilio] Lozoya…reaches to the highest level.” https://t.co/jatZkq2Qpt via @WSJ
— David Luhnow (@davidluhnow) February 19, 2020
La Fsicalía lo acusa de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México.
“La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya llega al más alto nivel”, dijo al WSJ el alto
funcionario refiriéndose a Peña Nieto. “La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro”.
La investigación de México sobre las acusaciones de Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no dio lugar a ningún cargo hasta después de que terminó el mandato de Peña Nieto en 2018.
Si Peña Nieto finalmente es procesado, sería la primera vez que un presidente mexicano moderno enfrenta cargos de corrupción en los tribunales. En cualquier caso, los cargos no son probables a corto plazo, ya que la extradición de Lozoya por sí sola podría llevar varios meses.
Antes de convertirse en fugitivo en mayo, Lozoya dijo que era inocente. Después de su arresto en España, su abogado, Javier Coello Trejo, dijo que su cliente “no actuó por su cuenta”, lo que implica que estaba siguiendo las órdenes de sus superiores. Como jefe de Pemex, Lozoya habría reportado directamente a Peña Nieto.
Odebrecht admitió haber sobornado a gobiernos de América Latina y otros lugares a cambio de contratos como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2016.
El escándalo ha llevado a la cárcel a muchos ex altos funcionarios de toda América Latina, incluidos los expresidentes de Perú, Panamá y Brasil.
