El Ministerio de Exteriores de Perú respondió a los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina, quienes ayer expresaron su respaldo al expresidente Pedro Castillo, recordándoles que la detención del exmandatario se debe a sus decisiones “contrarias al orden constitucional y democrático”, unos hechos que constituyen “un golpe de Estado”.
A través de un comunicado, la diplomacia peruana resaltó que entre las motivaciones del arresto de Castillo se encuentran la decisión de disolver el Congreso, la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otros organismos.
“Este proceder generó la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones”, se lee en el comunicado.
La cancillería recordó que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política de Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República.
Apuntó que atendiendo el consenso existente en el Perú, en referencia a las movilizaciones que siguen creciendo en apoyo a Castillo, Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024.
Sin embargo recordemos que Castillo pidió no caer en el juego de la derecha, al rechazar elecciones anticipadas, pues recordó, él fue electo para dicho cargo.
“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, añade.
También expresó su más firme compromiso con el pleno respeto de los Derechos Humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y dijo que persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país.
Ayer, los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron un comunicado conjunto expresando su “profunda preocupación” por la destitución y detención de Castillo, haciendo un llamado a las instituciones del país andino a respetar “la voluntad ciudadana en las urnas”.
Según los cuatro países, desde el día de su elección, Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
“Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, sostuvieron los cuatro países.
Exhortaron a los poderes del Estado a abstenerse de “revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, solicitando a su vez que respeten “a cabalidad los Derechos Humanos del presidente Pedro Castillo y se le garantice la protección judicial”.
