El juez Séptimo de Distrito en el Estado de México ordenó este martes al gobierno federal modificar el Plan Nacional de Vacunación con el fin de incluir a todas las personas de entre 12 y 17 años de edad para que reciban la vacuna contra el COVID-19.

La juez concedió una suspensión a una menor de edad; sin embargo, los efectos de dicha suspensión tendrán efectos de aplicación general, ya que la premisa es que el derecho humano a la salud es universal.

«Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, sino a todas las y los menores de 18 años», dijo Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones de juez.

En la resolución se indicó que los niños y adolescentes deben ser considerados población vulnerable a infecciones de COVID-19, principalmente de la variante Delta, toda vez que con el regreso a clases están más expuestos al virus.

«Si bien se advierte que el regreso a las aulas es voluntario; igualmente cierto es que, ese aspecto no puede considerarse como un parámetro que justifique que se continúe excluyendo de la ‘Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México’, a menores de dieciocho años”, señaló la juzgadora.

Y es que hasta ahora, el gobierno federal ha decidido que esta población sería vacunada, pero sólo aquellos menores con padecimientos graves, es decir, que cuentan con cormobilidades, así como quienes han promovido amparos y obtenido suspensiones judiciales.

El Juzgado dio al gobierno federal un plazo de 48 horas para hacer las modificaciones necesarias a la Política de Vacunación; aunque se podría impugnar la determinación para que sea un Tribunal Colegiado quien determine si mantiene la orden o no.

Gámez Galindo aseguró que el desabasto de la vacuna no debe ser una justificación para incumplir con la medida cautelar ordenada.

Sin embargo, los menores interesados tendrán que enfrentar otro problema; ayer la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la orden de cerrar 15 días la oficialía de partes de la dependencia, lo cual implicará que no se podrán recibir mandatos judiciales, bajo el argumento de que se ha registrado un incremento de casos confirmados de COVID-19 entre el personal de la Secretaría.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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