La justicia boliviana anuló la orden de detención contra el exmandatario Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo, una semana después de la elección, donde Luis Arce, quien ha sido calificado como el “delfín” de Morales se impuso, informó este lunes el juez Jorge Quino.
La orden de arresto contra el exmandatario exiliado en Argentina fue levantada porque “se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente”, dijo Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El Tribunal Constitucional debe revisar en los próximos días el fallo, dictado por el juez Román Castro, pero parece improbable que lo anule.
La fiscalía había imputado a Morales el 6 de julio por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó una vez más su detención preventiva.
Una primera orden de arresto por sedición y terrorismo había sido dictada en diciembre contra Morales, luego de que renunciara a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 en medio de una convulsión social y acusaciones de fraude electoral.
La fiscalía había abierto además otra carpeta contra Morales por supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, en las que ganó la reelección a un cuarto mandato, y que luego fueron anuladas tras denuncias de irregularidades. No hubo avances en este caso en la justicia.
El exmandatario indígena y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), habían rechazado todos los cargos y afirmado que tenían motivaciones políticas. Tras el comicio, Morales dijo que “tarde o temprano” retornaría a Bolivia.
El juez que falló en favor de Morales es el mismo que también anuló este fin de semana una orden de arresto contra su exministro de Justicia, Héctor Arce, quien también era investigado por el supuesto fraude en las elecciones del año pasado y estaba refugiado en la embajada de México desde hace once meses, cuando dimitió Morales.
La fiscalía había intentado a inicios del año que la Interpol emitiera una orden de arresto internacional contra Morales, pero el organismo lo rechazó por considerar que se trataba de asuntos políticos, no criminales.
Además, el 4 de septiembre, el gobierno de Bolivia contactó a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para denunciar a Morales por supuestos crímenes de “lesa humanidad” por los bloqueos de rutas de agosto. Sin embargo, esta acción pareció ser meramente mediática en busca de réditos electorales, pues un Estado puede pedir a la CPI que examine si es procedente que intervenga en determinado caso. Además, la Corte interviene solo cuando ha fracasado el sistema penal nacional.
Al respecto, el expresidente adelantó este lunes que podría regresar a su país el próximo 11 de noviembre, aunque ha expresado cautela y ha manifestado que la fecha “está en debate todavía” y “no está decidido”.
Según Morales, varias organizaciones bolivianas le han expresado su petición de que vuelva al país latinoamericano, después de renunciar a su cargo de presidente en noviembre del año pasado. “Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba están evaluando nuestro pedido de que vuelva el 11 de noviembre”, ha manifestado en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa Sputnik.
Que Morales regrese a Bolivia el 11 de noviembre implica que se perderá la toma de posesión del presidente electo del país, Luis Arce, que está prevista para el 8 de ese mes.
“Me alegra mucho que haya una enorme preocupación y ocupación por que retorne”, expresó Morales, admitiendo que, en relación a su vuelta, “hay diversas opiniones de autoridades, de movimientos sociales y de las autoridades electas”.
