La empresa estadounidense de cosméticos Mary Kay obtuvo un amparo provisional contra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que prohíbe la subcontratación laboral u “outsourcing”, informó este viernes el Poder Judicial.
“Se concede la suspensión provisional”, estableció al fallo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo con sede en el estado de Nuevo León, donde la compañía tiene un centro de distribución.
Mary Kay es una de las primeras grandes empresas en ampararse contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes que promulgó el gobierno el pasado 24 de abril para limitar el “outsourcing”, que considera herencia del “periodo neoliberal”.
El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50% de costos.
Aunque de esa modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente López Obrador la tachó de “abusiva”, estimando que más de 6,000 empresas de subcontratación ilegal evadían al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año.
El amparo de Mary Kay, que realiza ventas por catálogo, sorprendió porque las principales cámaras del sector privado, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno de la 4T, así como con los sindicatos en una reunión el pasado 5 de abril.
La jueza María del Carmen Leticia Hernández no detalló públicamente los argumentos para conceder el recurso a la compañía y fijó para el próximo viernes la audiencia incidental en la que determinará si concede una suspensión definitiva.
Desde la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las compañías tenían 90 días para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de “outsourcing”. Ahora, con el recurso, Mary Kay podrá seguir por ahora con la externalización que tenía antes de la nueva legislación.
La batalla legal ocurre mientras sindicatos estadounidenses han iniciado las primeras quejas bajo el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al detectar empresas que presuntamente no cumplen con el respeto a los derechos laborales y de asociación.
Durante su visita esta semana a México, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ofreció el apoyo de su país a los sindicatos nacionales para proteger sus derechos, incluyendo un paquete de 130 millones de dólares para que el gobierno implemente la reforma laboral.
