Un juez concedió una suspensión provisional contra algunas partes de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos, con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca aumentar el control del Estado en el sector.
“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los artículos transitorios cuarto y sexto del Decreto reclamado”, señaló el juez.
La suspensión se otorgó en contra de la posibilidad establecida de que permisos relacionados con el sector hidrocarburos puedan ser cancelados o las instalaciones de permisionarios ocupadas temporalmente.
También impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía a la entrada en vigor de la Ley, que cobró vigencia la semana pasada, o que infrinjan cualquier disposición de la norma.
“Los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por cinco quejosas que son titulares de un permiso que las faculta para realizar una actividad regulada en el sector de hidrocarburos, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las promoventes del amparo, este Juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, lo que ocasionaría distorsiones en la industria de hidrocarburos, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar”, añade la resolución del juez.
Según analistas, en la práctica los cambios en la Ley de Hidrocarburos, creada tras la reforma energética del 2014, fortalecen a Pemex, pues es la empresa dominante del sector y es la única con la capacidad de almacenamiento suficiente de petrolíferos para cumplir las nuevas reglas del juego.
La nueva ley podría tener repercusiones para empresas multinacionales con operaciones en México como Shell, BP, Exxon y Total, que entraron en el mercado de combustibles del país tras la reforma, a la que tanto ha criticado AMLO.
Llama la atención que el juez que concedió la suspensión es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido duramente señalado por el gobierno federal, el presidente López Obrador y sus seguidores, por haber suspendido la reforma eléctrica impulsada por AMLO, así como por haber otorgado amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
