Un juez ordenó este martes revisar la prisión preventiva impuesta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido por ser el principal implicado en el país del escándalo de sobornos de Odebrecht, toda vez que indicara que el juez de control que impuso la medida cautelar no estuvo bien justificada.
En un comunicado que confirmó el hecho, el gobierno federal anunció un recurso legal para evitar que Lozoya salga del Reclusorio Norte, donde está detenido desde noviembre pasado.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está presentando amparo contra la revocación de un tribunal unitario, respecto a la resolución de prisión preventiva de Emilio ‘N’, dictada por el juez en el proceso de Odebrecht”, avisó esta dependencia.
El fallo actual no implica la salida inmediata de Lozoya; el asunto se decidirá en una audiencia prevista para la tarde de este miércoles.
“Dicha revocación del tribunal unitario es solo para el efecto de que el juez dicte nueva resolución; no obstante la UIF solicita la suspensión por la vía de amparo”, concluyó el breve comunicado.
La decisión llega después de que el sábado un juez mexicano ordenó liberar a Lozoya por un caso distinto, el de la compra de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados que adquirió como director de Pemex con un presunto sobreprecio de 500 millones de dólares a cambio de supuestos sobornos.
Las autoridades detuvieron a Lozoya a inicios de 2020 en España, y México lo extraditó como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo.
Antes, el exdirector de Pemex llevó su proceso en libertad por el “criterio de oportunidad”, que lo trataba como testigo protegido para denunciar una red de corrupción que abarcaba a Peña Nieto y a políticos de la oposición.
Lozoya está acusado de recibir presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Peña Nieto. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió este mes una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.
