Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó esta mañana un informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Confirmó que el pasado 30 de agosto, el juez 1º de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, dictó sentencia absolutoria a Gildardo López Astudillo conocido como ‘el Gil’, quien es señalado como jefe de plaza de ‘Guerreros Unidos’ en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes.
Encinas explicó que el juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y con ello desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro.
“Se circunscribió solamente analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura (…) este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada”, dijo Encinas.
Fue en ese punto donde recordó que del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto del 2018 se han consignado a 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula.
Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro.
De las 142 personas detenidas, la entonces Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas; sin embargo, a la fecha han sido liberados 53 personas. En ese sentido, fijo el funcionario, con el precedente de la libertad absolutoria de López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos.
El subsecretario dijo que las liberaciones y sentencias se deben a una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley.
“Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, sostuvo Encinas.
Señaló que habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.
Aprovechó para hacer un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición.
