El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, rechazó que la disminución porcentual de 0.4% en números absolutos de las víctimas de homicidios que presentó ayer el gobierno federal sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal.

El especialista indicó que dicha variación se debe más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.

“No se observa alguna política pública especifica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”, señaló este jueves al presentar el ‘Análisis del comportamiento de delitos en 2020.
Enfoque especial en homicidio doloso’.

Rivas resaltó que en el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.

El análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja en algunos delitos se observó a partir del inicio de la pandemia, pues recordó que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro. “La disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio”.

Francisco Rivas hizo hincapié en que 2020 seguía siendo el año con más víctimas, y que la disminución anual se debió a un descenso importante en el mes de diciembre.

“Para hablar de una tendencia efectivamente a la baja, detalló, debería existir evidencia de descensos continuos y constantes. El descenso de un mes puede deberse a efectos estacionales o de características específicas del mes”, detalló.

El director del ONC alertó que un recorte presupuestal como el que se ha venido viendo en diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos, suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. Llamó a que el presupuesto no sea manejado políticamente, y es que se advierte que el próximo proceso electoral se insertará en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular.

Apuntó que en todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.

El documento presentado resalta que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. También aconseja poner atención y desarrollar estrategias específicas para la prevención y reducción de homicidios de personas vulnerables como periodistas, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



Escribe un comentario