El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados señaló que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tiene ningún impedimento para proceder legalmente contra los expresidentes de la República, en caso de tener evidencias de que cometieron un delito debe proceder por la vía legal, y no mediante una consulta ciudadana.
Los perredistas señalaron que lo que AMLO busca con la consulta sobre los exmandatarios es un linchamiento público con fines políticos.
“La consulta no es requisito previo para que se inicien los procedimientos legales. El derecho de acceso a la justicia debe ser para todas y todos. Si los delitos existen, las y los mexicanos tenemos derecho a que se procese a los expresidentes, independientemente de la consulta”, indicó la diputada Verónica Juárez Piña.
La coordinadora de la bancada del PRD afirmó que es claro que la consulta que solicitó López Obrador no tiene fines legales, sino políticos.
En ese sentido dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se tendrá que pronunciar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, aunque adelantó que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución de la República.
Pidieron a AMLO presentar las denuncias si cuenta con los elementos para ello, y que se la Fiscalía General de la República (FGR) quien desahogue el proceso. Llamaron al mandatario a ponerse “realmente a gobernar”, pues le recordaron que son muchos los graves problemas por los que atraviesa el país.
Y es que ayer, el presidente presentó ante el Senado de la República una petición de consulta popular a fin de preguntar a las y los ciudadanos si están de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones.
La solicitud fue remitida por el Senado a la Suprema Corte, quien tendrá que validarla, y en caso de que así sea, instruirá al INE a llevarla a cabo durante la próxima elección federal.
