El Instituto Nacional Electoral (INE) está obligado por la Constitución y la Ley Federal de Protección de Datos Personales a resguardar los datos y la información personal de las y los mexicanos, afirmó el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda.
El INE está en posesión de datos biométricos como el rostro y las huellas dactilares de millones de personas. “No hay ninguna institución del Estado mexicano que tenga los datos tan actualizados y con elementos biométricos”, indicó.
Mencionó que los datos biométricos “no se entregan a nadie”, a ningún partido político, institución financiera o dependencia pública, y en los convenios firmados hasta el momento para identificación de personas, el INE recibe la información, la busca en su base y sólo confirma o rechaza la coincidencia de los datos.
“Desde la creación de esta base de datos biométrica, solamente el IFE y ahora el INE han tenido la forma de acceder a esta información para efectos de depuración, y algunos otros servicios que hemos instrumentado, que tienden a darle más armas al ciudadano para cuidar su identidad, para proteger sus datos”, agregó.
Precisó que los datos personales recabados están protegidos por las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y serán incorporados y tratados en los Sistemas de Datos Personales del Registro Federal de Electores, mismos que se encuentran registrados en el Listado de Sistemas de Datos Personales en posesión del INE.
El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE explicó que el artículo cuarto de la Ley General de Población, que data de 1992, establece que para la creación de un sistema de identidad ciudadana “el Instituto Federal Electoral tendría que entregar la base de datos ciudadana”.
Sin embargo, recordó que en 1992 el entonces IFE era un órgano del gobierno y éste a su vez organizaba las elecciones. El presidente del Consejo General era el Secretario de Gobernación y se entiende que “la ley haya previsto un transitorio donde se establecía claramente que, para la construcción de un sistema de identidad, el IFE le brindará la información de los electores al RENAPO (Registro Nacional de Población)”.
Pero el país ha cambiado, mencionó René Miranda, al agregar que en 1996 hubo una reforma electoral que le dio la autonomía al Instituto Nacional Electoral, se reforzó la confidencialidad y la rectoría de los datos, además de que en el 2000 se crea la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.
“El universo de 90 millones de ciudadanos que se encuentra en el Padrón Electoral, es gente real, con derechos y obligaciones, que tiene la posibilidad de decidir si quiere que se comparta su información o no y para qué fines”.
