La Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) avanza este jueves con el conteo final de los votos en la elección presidencial, con el socialista Pedro Castillo a punto de alzarse con el triunfo, mientras la derechista Keiko Fujimori busca anular miles de boletas argumentando supuestas irregularidades.
El partido de Castillo, Perú Libre, ha negado las imputaciones de Fujimori y los observadores internacionales han afirmado que la votación se llevó a cabo de forma transparente.
#ONPEinforma [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] Actas contabilizadas para fórmula de presidente y vicepresidentes a las 12:18 horas del 10 de junio. pic.twitter.com/bLmjXnrHmV
— ONPE (@ONPE_oficial) June 10, 2021
Castillo, hijo de campesinos y profesor en una escuela rural, mantiene una ventaja del 0.4% con el 99.19% de las actas contabilizadas, con una diferencia de 70,136 votos cuatro días después del proceso electoral.
De acuerdo a la oficina electoral ONPE, Castillo obtenía un 50.20% de votos, mientras que la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori y que busca la presidencia por tercera vez, tenía un 49.80%
Fujimori afirmó la noche de ayer a periodistas que presentó la nulidad de medio millón de votos luego de cuestionar la legalidad de las actas de votación, y acusar la actuación de representantes del partido de Castillo en las mesas de votación, que supuestamente habrían manipulado los resultados.
El tribunal de ética del Jurado Nacional de Elecciones, elegido por los partidos que participan en las elecciones y encargado de velar la legalidad del proceso, calificó el jueves como “irresponsables” las acusaciones de fraude sin pruebas. “Alimentan un clima de polarización social y debilitan los organismos electorales”, dijo en un comunicado.
La historia para la candidata se podría repetir, ya que fue derrotada en las anteriores elecciones del 2016 con una pequeña diferencia (0.24%) frente al banquero Pedro Pablo Kuczynski.
El conteo se alarga mientras el jurado electoral resolvía cientos de actas impugnadas, que podrían retrasar el anuncio de quien sería el próximo presidente que deberá reemplazar a fines de julio al mandatario interino Francisco Sagasti.
Las acusaciones de presunto fraude, que han venido de ambos lados, podrían desencadenar semanas de tensión con ciudadanos protestando desde el lunes en las inmediaciones de la sede de la oficina electoral en el centro de lima, reclamando celeridad y transparencia en el conteo de las boletas.
Según la ONPE, hasta la mañana del jueves había 751 actas de votación en revisión, entre impugnadas, observadas o con errores de material. Cada acta cuenta con entre 200 y 300 electores.
Castillo ha puesto nerviosos a inversionistas porque planea reescribir la Constitución para reforzar el papel del Estado y quedarse con una mayor parte de los beneficios de las mineras; aunque uno de sus asesores clave dijo que en un gobierno del izquierda se respetará la economía de mercado.
Por otro lado, el fiscal del equipo especial ‘Lava Jato’, José Domingo Pérez, ha solicitado este jueves la detención preventiva de Keiko Fujimori, al considerar que habría violado los términos de su libertad condicional, en el marco de la investigación en su contra por un supuesto delito de blanqueo de dinero.
Pérez ha explicado que Fujimori ha violado una de las restricciones que se le impuso a cambio de salir de prisión a principios de mayo de 2020, la de no comunicarse con otros testigos del caso por el que se le acusa de haber recibido financiación ilegal a través de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, se puede lee en el escrito presentado por Pérez al juez del caso, Víctor Zúñiga Urday.
Pérez presentó una imagen de encuentro público mantenido este ayer entre Fujimori y Torres Morales, en el que la líder conservadora anuncia acciones legales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y en las que él actuaría como abogado de Fuerza Popular.
